Mérida, 5 de Febrero de 2008.-En la visita al Estado Mérida, realizada por Edgar Jiménez y Marcela Máspero, dirigentes de la UNETE y militantes del Colectivo Trabajadores en Revolución, visitaron las instalaciones de TV-ULA y pudieron conversar con Benjamín Ramírez, trabajador de dicha Empresa, camarógrafo, fundador del sindicato y uno de los que mantienen la toma de la sede desde el pasado 30 de Octubre, y conocer con detalle la historia de esta Planta televisora:
El dirigente sindical relata: “Dicha empresa fue fundada el día 25 de febrero del año 2000 con el nombre de TV canal UHF 22 CA, inscrita en el registro mercantil 1ero. de la Circunscripción Judicial del estado Mérida bajo el número 5, tomo A4, representada jurídica y financieramente por la Universidad de Los Andes, siendo esta su principal accionista junto con otra empresa de la ULA como es PROULA Medicamentos con el 5% de las acciones. Para la fecha de su fundación el rector era el Dr. Henry Vargas.
Posteriormente crean según resolución CU 2037 del Consejo Universitario de la ULA fecha 04/12/2000, la Corporación de medios audio visuales que dirigirá y coordinara el funcionamiento de la televisora y la radio de la ULA, en consecuencia inmediatamente se procede a liquidar a dicho personal activo y se asigna la responsabilidad del funcionamiento de la concesión TV UHF a TV ULA HECHICERA, allí se inició el acoso, el maltrato y desconsideración para el personal de la Planta.
Una vez creada TV UHF 22 el rector de la ULA asume el control de dicha planta, nombrando a posteriori los directores de esta planta, es en este momento que se profundizan las violaciones, ya que fué creada esta figura jurídica para obviar al personal; pasando a ser manejada por personas totalmente incapaces y siempre negando a los trabajadores, los derechos laborales exigidos por la Ley del Trabajo, como son Seguro Social, LPH entre otros.
Pero entre los años 2003 y 2005 esta empresa sufre un descuido y entra en un vació que casi la lleva a la quiebra, pero nosotros los trabajadores hicimos gran esfuerzo y sacamos este canal a flote con nuestras propias manos y recursos, porque había sido olvidada por la ULA, y habiendo pasado varios directores sin dejar ningún beneficio.
Fue entonces cuando en el año 2006 fueron trasladados los estudios TV ULA a La Hechicera, donde hay mejores espacios, ya que trabajamos CC Alto Chama en un pequeño local de tan solo 75 metros cuadrados donde funcionaba al principio.
En vista del maltrato y abandono en que estábamos los trabajadores, surge el sindicato que hoy nos agrupa SITRATVULA Sindicato de trabajadores de TV de la ULA. Una vez que sale a la luz pública este sindicato, se producen inmediatamente reacciones negativas por parte de autoridades universitarias entre ellos esta la negación del personal y el acoso permanente a sus directivos.
Posteriormente el rector Lester Rodríguez envía una comunicación a la Junta Directiva de la empresa, con fines y propósitos bien claros: liquidar al personal a todo costo o circunstancias.
El sindicato procedió a llevar a cabo todos sus procedimientos legales, pero siempre fue negado por la ULA, la existencia del grupo de trabajadores, negándole el derecho de ser trabajadores universitarios, promesa que por cierto había hecho el rector Lester Rodríguez, en su campaña electoral para aspirar el cargo.
En vista de estas acciones en contra de los trabajadores, se decidió actuar con la Inspectoría del Trabajo del Estado, buscando conciliación, la cual fue negada como de costumbre.
Se solicitaron inspecciones administrativas por parte de CONATEL y de la Inspectoría del Trabajo, la empresa fue sancionada pero nunca acato las sanciones correspondientes, pero sin embargo siguió disfrutando de solvencia laboral, que le permitía seguir funcionando con una señal que el Estado, a través de CONATEL le entregó.
Por cierto esta señal funcionaba ilegalmente por que su permiso de transmisión esta asignado para un sitio y se transmite desde otro; y actualmente no es manejada por la ULA si no por UHF 22, que es un empresa privada evidenciándose una figura jurídica para no reconocernos.
La junta directiva decide desconocer dicho sindicato, comprando a varios de sus miembros y logrando separarlos, para así realizar una mudanza inconsulta e innecesaria por demás, y regresaríamos a los estudios de transmisión del Centro Comercial Alto Chama, en un área totalmente inadecuada para tales fines, evidenciándose por informes emitidos por los Bomberos del Estado; dicha mudanza se realizo a escondidas del personal y fuimos obligados a dirigirnos nuevamente hacia allá.
En julio del 2007, un grupo de trabajadores tomamos acciones y trasladamos los equipos a La Hechicera para asegurarlos, ya que en el año 2006 fuimos robados en la televisora y nunca se investigo el hecho. Estos equipos fueron valorados en 300 millones de Bs. y fueron culpados los miembros del sindicato por este hecho.
Permanecimos tomando las instalaciones de La Hechicera, pernoctando allí por 12 días, la ULA pidió la intervención del MINTRASS, y con la actuación del Director Nacional de Asuntos Laborales, Dr. José Gregorio Villaroel, por cierto egresado de la ULA y militante del Movimiento 13 en su época, conciliaron las partes y se firmaron acuerdos, fueron devueltos equipos e instalaciones en perfectas condiciones y nos incorporamos a las labores.
Pero luego del receso docente, fueron violados dichos acuerdos y se ordeno la notificación de despidos de varios compañeros, ya que el resto estaban con el patrón.
Entonces este grupo de trabajadores somos acosados, vejados y desincorporados de las actividades habituales, la cual pone en riesgo nuestra situación laboral y hemos estado en, constante lucha, ya que de manera discriminada se nos niegan los beneficios tales como Seguro Social, Caja de Ahorros, entre otros. Incluso no podíamos hacer uso de las instalaciones y permanecíamos en el exterior de la empresa, arriesgándonos a todo, no podíamos utilizar los servicios higiénicos como es el baño y las áreas de estar.
Para finalizar, la actual junta directiva esta formada por personas totalmente desligadas a la universidad, convirtiendo dicha televisora en vez de educativa llevándola a fines políticos, dirigida por factores de oposición al gobierno, y obligando al personal a politizarse, creando así un ambiente negativo para todos.
Esta empresa además de no cumplir con ninguna de las normas de CONATEL, mantiene totalmente deshabilitado y desasistido a su personal, y por que no sigue lo mínimo en normas de seguridad del INPSASEL, organismo rector en seguridad laboral, poniendo en riesgo inminente a todos los trabajadores, además presenta un cuadro de morosidad con todo lo laboral.” Culminó Benjamín Ramírez.
Por otro lado, conversaron también con Juan Carlos Acosta, Secretario General del Sindicato Bolivariano de Vigilantes del Estado Mérida, quién fuera despedido de la ULA, por constituir dicho Sindicato y nos relata lo siguiente:
“La organización sindical surgió debido a la situación que viven los trabajadores de vigilancia en el estado Mérida tanto en el sector publico como el sector privado.
Entre ellos, trabajadores de vigilancia de la Universidad de los Andes, por causa del desinterés, maltrato que se nos da, por parte de las autoridades y del patrón (El Rector Lester Rodríguez) convirtiendo y representando a la Universidad en una institución feudal.
Realizamos diferentes debates con nuestros colegas y determinamos que era necesaria la creación de un sindicato para poder hacer frente a todas las situaciones de injusticia que ocurren dentro de esta institución. Introdujimos nuestro primer proyecto de sindicato el día 25 de septiembre del 2006, en la Inspectoría del Trabajo en el estado Mérida. Por causa de nuestras asambleas se divulgo la noticia y trabajadores de la empresa privada SERVIPROI decidieron formar parte del proyecto de sindicato, procedimos a notificar a la Inspectoría y dejar sin efecto el primer proyecto de sindicato en oficio entregado el 13 de octubre del 2006.
El segundo proyecto de sindicato fue introducido el 16 de octubre del 2006, luego de este procedimiento se nos notifico que debíamos subsanar el 30 de octubre del 2006; se analizo de manera jurídica los fundamentos donde se encontraron omisiones o errores corrigiéndolos y presentados ya subsanados, el 27 de noviembre del 2006. El auto y boleta de inscripción numero 681 legalizando la constitución del sindicato bolivariano de trabajadores y trabajadoras de vigilancia del estado Mérida (SIBTRAVIM) esto ocurre el 29 de noviembre de 2006.
Hacemos referencia que fuimos despedidos por la Universidad de Los Andes, el 31 de octubre de 2006, todo esto a pesar que la parte patronal esta en conocimiento que nos encontramos amparados de Inamovilidad Laboral, no pudiendo ser despedidos sin previa Calificación del Inspector del trabajo y de la Inamovilidad prevista en el ultimo decreto Presidencial numero 4.848 de fecha (28) de septiembre de 2006, e igualmente amparados por la inamovilidad laboral establecida en el articulo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto introdujimos por ante la Inspectoría del Trabajo, el proyecto de Sindicato Bolivariano de vigilancia publica y privada del Estado Mérida (SIBTRAVIP), en fecha 13 de octubre del 2006 razón por la cual solicitamos a la Ciudadana Inspectora del trabajo, el reenganche y pagos de salarios caídos por DESPIDOS INJUSTIFICADOS, por parte del patrón,
El procedimiento de reenganche lo exigimos y se realizo el 19 de noviembre de 2006, asistidos por la Procuraduría Especial de los Trabajadores en el Estado Mérida, abriéndose con el número de expediente 046-06-01-00292.
Nosotros cumplimos al pie de la letra todo lo establecido, promoviendo las siguientes pruebas que en originales consignamos:
·Carnets originales,
· Credenciales,
· Ordenes de pagos,
·Constancias de trabajo,
·Boleta de inscripción sindical.
El 30 mayo de 2007 por medio de notificación recibimos el contenido de la Providencia Administrativa; de la Inspectoría del Estado Mérida, que DECLARA CON LUGAR nuestra solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
El 30 mayo de 2007 por medio de notificación recibimos el contenido de la Providencia Administrativa; de la Inspectoría del Estado Mérida, que DECLARA CON LUGAR nuestra solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
Esta notificación junto con la providencia, también se la entregaron al patrón ( El Rector y su combo) pero estos NO LE HAN DADO CUMPLIMIENTO, desobedeciendo la leyes de nuestra republica, procedimos a las ejecuciones de reenganche forzoso, según lo establecido en la ley, ninguna de las autoridades o directores dieron la cara, solo el Señor jefe de recursos humanos de la ULA, se pronunció; si se harían los reenganches y el Señor respondió:
“NO. ESTA PROVIDENCIA QUE DECLARA CON LUGAR ESTOS REENGANCHES; EL DEPARTAMENTO Y NUESTRO EQUIPO UNIVERSITARIO; LA DECLARAMOS SIN LUGAR, NULA DE TODO PROCEDER.”
Los trabajadores presentes en el proceso nos miramos y al salir del acto nuestro el primer comentario fue la pregunta ¿UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO?.
Rompiendo el estado de derecho que nos asiste; y haciéndose los locos estos personajes piensan y creen que nada ha pasado.
El Sindicato con dogma socialista y bolivariano, ha realizado y sostuvo diferentes acercamientos con diferentes empresas de vigilancia en la geografía merideña y encontramos con la dura realidad; la mayoría de estas empresas no cumple con los requisitos mínimos para prestar un servicio de seguridad como materiales de apoyos y utensilios e incluso no poseen con registros mercantil, se niega el día de descanso que estipula la ley, no se cumple con el beneficio alimentario, no gozan de seguro social obligatorio, paro forzoso, el pago ni siquiera el salario mínimo y las empresas cancelan los sueldos como le parezcan con retardo de días sin justificación. Incluso llevando a limites sobre humanos a los trabajadores obligándolos con redobles de hasta 72 horas seguidas amenazándolos con despedirlos; aprovechándose de la necesidades que tienen la mayoría.
Estas empresas cambian de nombres comerciales, RIF, pero son los mismo dueños pero con artimañas jurídicas, hacen vida comercial desde hace mucho tiempo prestando servicios a diferentes comercios privados e incluso a Entes Gubernamentales, no acatan las leyes y explotan a los trabajadores como si fueran maquinas industriales de alta resistencia.
Y todo aquel trabajador que ose denunciarlos o enfrentarlos es inmediatamente expulsado o presionado para que renuncie. Entendemos que existen los procedimientos ordinarios para que un trabajador de frente a estas violaciones a su derecho al trabajo, pero la realidad es que los procedimientos son muy engorrosos, dilatándose el procedimiento a intervalos largos de hasta tres(3) meses solo para contestar un causal de reenganche y los patronos conocen el procedimiento aprovechándose del proceso se burla del trabajador.
Ej. Al ser despedido un trabajador y este se dirige a pedir su reenganche al llegar a la Inspectoría, tiene que esperar un tiempo exagerado luego, al ser atendido se le da una muy pequeña información con relación al proceso a seguir al terminar el procedimiento se le dice que debe estar pendiente para saber cuando es la citación, el trabajador busca esta información y luego de presentarse en varias oportunidades y no tener esta información ,casi siempre desisten; pero la parte patronal si goza o canaliza esta información y solo por el hecho de presentarse el día pautado tiene una ventaja sobre el trabajador que no hace acto de presencia.” Culminó Juan Carlos Acosta.
Edgar Jiménez, continúa el relato: “Ante estas violaciones, sin respuesta del Ministerio del Trabajo, un grupo de trabajadores deciden tomar las instalaciones de TV-ULA.nEsta toma se inició el pasado 30 de Octubre a las 6 de la mañana, y en ella participan trabajadores de TV-ULA, quienes reclaman el maltrato, la persecución y el no pago de derechos laborales como aumentos salariales, pago oportuno de cesta-ticket, viáticos y otros conceptos a estos trabajadores, y por otro lado 10 vigilantes de la ULA, que a pesar de tener providencia administrativa con orden de reenganche y pago de salarios caídos, esta no ha sido acatada por las autoridades universitarias.
Al principio la televisora se mantuvo al aire con sus labores y programación ordinaria ejecutada desde las instalaciones, posteriormente fue retirada la señal por las autoridades universitarias, para transmitir sus partes de guerra contra el proyecto de reforma constitucional. De igual manera, algunos equipos de alta tecnología que se encontraban en el local fueron interceptados para impedir su manejo por nuestros compañeros.
Una noche varios encapuchados quemaron una de las pancartas que los compañeros tenían en las afueras del local, con la suerte de que el fuego fue controlado rápidamente, ya que corrieron serio peligro de ser quemados dentro del local, “utilizando el mismo método de los estudiantes fascistas en la Escuela de Trabajo Social de la UCV”.
Cuando nosotros llegamos a Mérida nos presentamos de inmediato al local ubicado en el Centro Comercial Alto Chama, al cual también le habían cortado la energía eléctrica, y pudimos constatar a través de CADAFE, que a pesar de tener una deuda millonaria, no habían ordenado el corte del servicio. Allí descubrimos la primera maniobra de la administración del Centro Comercial, en conchupancia con las autoridades de la ULA, y se pudo restablecer la electricidad.
Posteriormente, trabajamos sobre los equipos de computación, que habían sido intervenidos, y logramos restablecer su operatividad, y la señal fascista fue nuevamente retirada del aire.
También pudimos constatar por los documentos que presentaron los compañeros Juan Carlos Acosta y Benjamín Ramírez, que el local donde funciona la Televisora fue entregado en comodato por FOGADE, que la señal asignada por CONATEL fue destinada para uso cultural y educativo, y para funcionar desde la Aldea Universitaria. Normativa que se está incumpliendo totalmente, ya que la Planta está ubicada fuera del recinto universitario y los compañeros pudieron encontrar videos de programas políticos grabados.
De igual manera, comprobamos que GLOBOVISION, autorizó a este canal para la transmisión de su señal en el Estado Mérida. Hubo una toma violenta en las afueras del canal, donde participaron grupos de estudiantes y otros enviados por el rector, allí nos presentamos la compañera Marcela Máspero y yo, y mediando logramos que hiciera acto de presencia el rector de la ULA, Lester Rodríguez, que por cierto lo hizo acompañado de un séquito de guardaespaldas, “para proteger la vida del dueño del Imperio”.
Allí se hizo una discusión pública, en presencia de los medios de comunicación regionales, donde hicieron sus reclamos los trabajadores de TV-ULA, los vigilantes de la ULA y el Secretario General del Sindicato de la televisora.
Los planteamientos al rector fueron de cumplir con sus promesas electorales: absorber al personal de la televisora, reconocerles todos sus derechos, reincorporar a los vigilantes de acuerdo a la orden de la Inspectoría del Trabajo y asumirlos como personal de la ULA.
La Diputada Marcela Máspero fortaleció la posición de los trabajadores, mencionando el estado de derecho y justicia establecido en la Constitución, pero el rector imperialista, planteó que sólo con la entrega de las instalaciones él conversaría, porque se estaba violentando el “estado de derecho”. Cuando la Coordinadora de la UNETE planteó que se levantara un acta compromiso con los acuerdos, éste se negó profiriendo amenazas contra los trabajadores y retirándose de inmediato con todo su séquito, incluyendo los que pretendían desalojar al grupo de trabajadores.
Lo cierto es que la señal volvió a salir al aire, con total impunidad y nuestros compañeros permanecen con las instalaciones tomadas, esperando respuesta a sus planteamientos.” –Finalizó Jiménez.
Por su parte Marcela Máspero expresa: “En diferentes oportunidades, el propio rector siguió amenazando a través de la televisora a estos trabajadores, nuestro compañero Juan Carlos Acosta el 09 de Enero, sufrió un atentado contra su vida, cuando salía de las instalaciones de la televisora, perpretado por un automóvil, que intentó arrollarlo. Afortunadamente después de un día de observación en el Centro Médico donde fue atendido, lo dieron de alta y con el informe del médico forense, se hizo la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en el Estado.
Desde los trabajadores planteamos al Estado, específicamente al Ministerio de Educación Superior, a CONATEL, a la Asamblea Nacional, asumir la solución de esta problemática, con la siguiente caracterización:
· La ULA en el marco de su “autonomía” no puede construir un Estado dentro del Estado. Está obligada a cumplir las Leyes, su compromiso con los trabajadores es parte de ello. Si los recursos son asignados por el Gobierno Nacional, éste debe cumplir con todos las reivindicaciones de los trabajadores, reenganchando a los vigilantes y restableciendo las condiciones de los trabajadores de la televisora.
· Hay una proliferación de empresas y fundaciones que obtienen jugosas ganancias y beneficios, y que sólo reportan al rector Lester Rodríguez, el “emperador”. Solicitamos al Ministerio de Educación Superior y a la propia Asamblea Nacional investigar a fondo estos mecanismos.
· En cuanto a la señal, exigimos a CONATEL sea rescindida la concesión y retirada del aire de inmediato, con las pruebas que tenemos de incumplimiento del contrato suscrito por la ULA.
· Entregar esta señal a los trabajadores, que ya se organizaron en Cooperativa, para la creación de una televisora obrera, comunitaria y socialista.
· Iniciar las investigaciones en la Sub-Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional sobre el atentado a Juan Carlos Acosta.
· Exigir respuestas del Ministerio Público, con relación a este caso.
Para finalizar, la UNETE, el CTR, continuaremos profundizando desde nuestra Unidad de Investigación y Análisis, todas estos manejos que se hacen desde las Universidades, y que son la razón fundamental por la que estos “emperadores” se oponen a la democratización de estos espacios educativos”. Culminó Máspero
