Acusadas de rojas rojitas o alabadas por sus servicios a la comunidad, las emisoras comunitarias han proliferado en el país.

No obstante, son muchos los escollos que enfrentan para sobrevivir, entre ellos los costos de mantenimiento, la interferencia por el exceso de señales y la politización.

Actualmente, hay en el país 266 emisoras comunitarias habilitadas por Conatel. Hasta 2006, última cifra actualizada, el Gobierno había invertido en ellas 3.994 millardos de bolívares. Ello, como parte de la política de democratización del espectro radioeléctrico, instrumentada por el gobierno nacional, cuyo auge se maximizó luego de los sucesos del 11 de abril. En ese momento, emisoras comunitarias como Radio Perola y Catia TV informaron lo que ocurría. Alabadas por unos, criticadas por otros, están allí con sus mensajes.

Interferencias. En Miranda funcionan 16 emisoras comunitarias con autorización de Conatel; a esto se suman otras seis que se supone operan ilegalmente, y se les atribuye la interferencia que padecen otras señales.

Este no es el único obstáculo. Los costos de mantenimiento atentan contra la capacidad de mantener en el tiempo la experiencia comunitaria. Vicki Cova se considera pionera en el área con 101.1, emisora comunitaria que tiene tres años al aire como Guatire FM; al cabo de este tiempo reconoce que mantenerse no es fácil.

"Aún tenemos equipos sin instalar, porque no hay con qué. Los locutores y productores no cobran; les damos un salario mínimo a los operadores, que están acá desde las 4 am", dijo.

Situación similar se vive en La Nuestra 102.9, única emisora comunitaria habilitada en Plaza. Recibieron su antena, consola, transmisor y mobiliario por medio del convenio Cuba-Venezuela.

Según Lilian Cabrera, responsable de esta emisora, "todo el mundo trabaja ad honorem.

Guatire. En el seno de la Cámara de Radio, lo que causa preocupación es la saturación del espectro.

"Tenemos el caso de una comunitaria de Antímano, la 88.5, que se cuela en el dial de Plaza y Zamora. A eso se suma el problema de emisoras que operan sin permiso de Conatel", dijo Alí Obelmejías, presidente del capítulo mirandino del ente regulador.

En Miranda hay 20 emisoras comerciales, muchas de ellas con cobertura en varios municipios; 18 están afiliadas a la Cámara; a esto se suman 12, que lo hacen sin autorización de Conatel, y las comunitarias: 16 habilitadas con todas las de la ley, y otras seis al aire ilegalmente. En total, son 54 las emisoras que funcionan en este estado, sin contar las de Sucre, Baruta y Chacao. Las solicitudes para nuevas emisoras siguen llegando a Conatel. A juicio de la Cámara, por esta razón se satura el espectro.

"En Plaza-Zamora ya hay 17 emisoras con nosotros mismos operamos la emisora y, para cubrir los gastos de mantenimiento, hemos hecho vacas y rifas; hemos cumplido, porque contamos con la colaboración de la comunidad". En ambas estaciones han conseguido algunas cuñas y patrocinios "que pagan con mucho retraso".

La 92.5 La Única se encuentra en una situación más precaria: opera con equipos prestados por una comunitaria de La Victoria, y un transmisor de apenas 50 vatios, aunque les autorizaron 300. Por eso, su cobertura apenas llega al centro de Araira y consideran poco ético buscar anunciantes.

Otro escollo son los reiterados cuestionamientos a su independencia política.

Igual en Valles del Tuy. Barlovento es la que tiene menos, pero cuenta con ocho", dijo.

Según Obelmejías, la aparición de las comunitarias contribuye a llenar un vacío, y no representan una amenaza para la red de emisoras comerciales.

"No las menospreciamos, pero entendemos que cubrimos dos necesidades diferentes", afirmó. Lo que preocupa es que se produzcan distorsiones que alejen a las comunitarias de sus objetivos reales.

"Hemos observado que algunas han adoptado una programación al estilo de las comerciales, y eso les hace perder su sentido elemental", advirtió.

A su juicio esos espacios deben dedicarse a atender los problemas y necesidades de las comunidades, a realzar sus valores y orientar para la búsqueda de soluciones.

"Hay algunas que lo hacen, como la 90.3, conocida como La Nuestra, que opera en Plaza; pero hay otras que no", indicó.

Aunque todas reconocen sus simpatías con el actual Gobierno, aseguran que no son ciegos ni sordos y que si hay hacer críticas se hacen. Pero no es extraño encontrar en la programación espacios del Psuv, lo cual está prohibido por la ley que rige este sector de la radiodifusión.

"Acá (Guatire FM) hay cabida para todos -apunta Vicki Cova-; de hecho, hemos tenido más problemas con los revolucionarios que con la oposición". Lorenzo Romero, dirigente local de AD, ratifica lo dicho por Cova. Tuvo un programa en esa emisora, pero llegó a su fin el día que "critiqué las máquinas del CNE" durante el revocatorio convocado en octubre.


En el Tuy las pondrán bajo la lupa
Sólo una, de más de 12, cuenta con permiso

Charallave. De casi una docena de emisoras alternativas que operan en los seis municipio que conforman los Valles del Tuy, entre fundaciones comunitarias, colectivos o cooperativas, sólo una posee la habilitación que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Esta comisión, entre otros atributos, exige que las radioemisoras hayan sido creadas sin fines de lucro, y que presten un servicio social a la localidad donde se asientan.

Así se desprende de la página Web del ente regulador, donde la única comunitaria que aparece en el listado de habilitaciones, hasta agosto de este año, es La Tuyera (102.1 FM), que opera desde Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander.

Aunque la mayoría se encuentra en la fase final de los trámites para obtener la autorización por parte de Conatel, sus transmisiones podrían ser catalogadas de ilegales, no sólo por el incumplimiento de este requisito. De acuerdo con el análisis de la programación, algunas emisoras que nacieron como radios comunitarias, terminarían convirtiéndose en privadas, lo cual contraría el espíritu con el que se creó esta figura: democratizar el espectro radioeléctrico y dotar a las comunidades de espacios para la participación.

El reciente cierre de radio Che Guevara en Charallave, en opinión de muchos, es un indicativo de que los entes gubernamentales tomarían cartas para regularizar el funcionamiento de estas estaciones en la región tuyera.

Algunos conocedores del tema, como Eliú Ramos, ex vicepresidente de la Cámara de Radio, se expresa a favor de que, en caso de que se apruebe la reforma constitucional, y con ella la propiedad colectiva, estas estaciones pasen a ser propiedad de las comunidades, a través de los consejos comunales, con lo que se desmontaría la iniciativa privada y se sinceraría la situación de la actividad radial en la región.

Para el profesor Hernán Canelo, presidente de la Fundación Radio Escuela Comunitaria La Tuyera, única habilitada, el problema es que el proceso para la obtención de los permisos es complejo y requiere mucho tiempo.

"Nosotros iniciamos los trámites en 2002, a raíz de los sucesos de abril, y fue en 2004, dos años después, cuando recibimos la notificación", señaló.

Por su parte, Jorge Higuerey, de la emisora Diabla (95.7 FM), con sede en San Francisco de Yare, indicó que, pese a que están en el aire desde 2002, están agilizando los trámites para obtener la buena pro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Otras emisoras comunitarias de la región, que estarían en la espera de la buena pro del ente rector de la telecomunicaciones en el país son: Radio Zamora Libre (101.9 FM), que tiene su sede en Charallave; la Zeta del Tuy FM, con planta transmisora en Ocumare del Tuy; y Luciteña (95.7 FM), que trasmite desde de Santa Lucía.

En igual situación están Alfa y Ondas del Tuy, ambas con sede en Santa Teresa del Tuy.

Finalmente, está la recién fundada emisora Q-eña, que tiene planta de transmisión en la ciudad de Cúa.


APLICARÁN LA LEY A TODAS

En Venezuela el movimiento de la radio comunitaria tiene sus raíces en experiencias de pequeñas estaciones en los barrios y pueblos a finales de los 70, según operadores comunitarios consultados.

La aplicación tanto de la Ley de Telecomunicaciones, de la Ley Resorte, así como el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, sin fines de lucro, permitirá conciliar a la radiodifusión privada y a la comunitaria, que tienen como problema común a las que actúan ilegalmente, ocasionando dificultades en un espectro (la banda FM) que cada día cuenta con menos espacio.