La batalla mediática emprendida por los grandes medios de información no tiene como objetivo la defensa de la libertad de expresión como lo pregonan, sino afectar la credibilidad del Presidente de la República y tratar de deslegitimar el Informe de la Comisión de Auditoría de la Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión, en el objetivo de ganar posiciones ante la batalla que se derivará de la decisión presidencial de poner en marcha las recomendaciones del Informe antes referido.

El fallido escándalo propiciado por las inadecuadas declaraciones del ingeniero Fabricio Correa; las investigaciones sobre supuestas adjudicaciones de frecuencias de las cuales se habría beneficiado el padre del doctor Vinicio Alvarado Secretario General de la Administración Pública; la ofensiva en contra del Decreto 1793 de 20 de junio del 2009, que afecta la capacidad de contratar de los grandes medios con el sector público; las declaraciones sin sustento probatorio por parte de Antonio García en contra del Informe e incluso en contra del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos; las declaraciones del Presidente de la AEDEP de que no es necesaria una nueva Ley de Comunicación; los recién reinaugurados “asaltos” a medios de comunicación, consabida práctica de la derecha, como es el caso de la Revista Vanguardia; la aprobación por parte del CONARTEL de la Resolución N° 5743-CONARTEL-09 de 1 de abril del 2009, que pretende consagrar, en su artículo 5, la asignación del 70% del espectro radioeléctrico para las estaciones privadas, en clara zancadilla contra la Constitución vigente y las recomendaciones del Informe de Auditoría de Frecuencias; el sacar de la agenda de los grandes medios las reversiones de frecuencias y su reasignación de acuerdo al texto constitucional, son parte de las escaramuzas iniciales de la gran batalla que se avecina.

Esta batalla irremediablemente se profundizará inmediatamente luego de que el gobierno nacional haga público el informe e inicie el desarrollo de la línea de acción que considere pertinente. La batalla que se centrará en la reversión de frecuencias y en el contenido de la nueva Ley de Comunicaciones, puesto que en estos campos se juegan las relaciones de poder real y la imposibilidad de que quienes poseen actualmente el poder mediático lo recuperen en el futuro.

La batalla política que se desencadenará alcanzará  entonces dimensiones inéditas en la historia ecuatoriana, en la que sólo será factible vencer si al poder mediático y económico, oponemos la fuerza organizada de todos quienes proponemos acabar con la corrupción y todos los desafueros cometidos en la asignación de frecuencias de radio y televisión.

En ese objetivo y en ejercicio del derecho establecido en los artículos 95 y 96 de la Constitución vigente, que tratan sobre la participación ciudadana y sus formas de ejercer este derecho, todos los ciudadanos y colectivos debemos participar en este esfuerzo social por la transformación del poder mediático, creando Colectivos Sociales de Comunicación en todos los niveles. Participación que no debe ser ni organizada ni tutelada por el poder constituido (el gobierno), sino conformadas como producto de la iniciativa del poder constituyente, esto es el pueblo, entendido éste como el conjunto social relegado, discriminado, excluido, afectado por el poder mediático y económico, desde siempre. En otros términos sugerimos avanzar en un proceso participativo construido desde “abajo”, desde las organizaciones populares de todo tipo: pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, barriales, deportivas, culturales, parroquiales, gremiales, estudiantiles, facultades de comunicación, ONG’s cuya preocupación es la comunicación, etc.

La relación poder constituyente-poder constituido, en que prevalece el primero sobre el segundo en el caso de la participación ciudadana, de ninguna manera, y especialmente en el caso de batallas ideológicas y políticas como la que se avecina, significa que los dos poderes no deben unir fuerzas. Por el contrario, es indispensable la unión. Es ineludible utilizar el poder constituido, el poder político, para fortalecer el poder constituyente que apoya la transformación. Sólo la unión de las dos fuerzas modificará la correlación de fuerzas con el poder mediático y económico.

Adicionalmente, debe señalarse que estas formas de participación ciudadana, por su propia estructura, deberían asumir direcciones plurales, evitando los falsos liderazgos o la tutela de organizaciones o instituciones que se declaran vanguardias de estos procesos, hacedoras y dueñas de verdades y proyectos. Deben conformarse bajo la convicción de que: “La colectividad tiene que entenderse como producto de una elaboración de la voluntad y el pensamiento colectivos, conseguida a través del esfuerzo individual concreto, y no por un proceso fatal ajeno a los individuos”. En consecuencia, se sugiere que los Colectivos, por respeto a la diversidad y como elemento inclusivo, deberían reflejar su propia estructura con direcciones colectivas, en las que se hallen representados todos y cada uno de los colectivos que participen de los mismos. Lo contrario, el designar “directivas”, a más de irrespetar la estructura de estos colectivos, habitualmente terminan por burocratizar la gestión, renuevan jerarquías inadmisibles en este tipo de organizaciones sociales o, como en muchas ocasiones, una o dos personas se terminan “apropiando” de este tipo de espacios.

Objetivos propuestos

La iniciativa del poder constituyente, y los consecuentes Colectivos Sociales de Comunicación que se estructuren, deben centrar sus esfuerzos en la consecución de varios objetivos derivados de las pautas antes mencionadas que plantea ya el poder mediático, y de sus propias aspiraciones legítimas. Los objetivos que se propone para los colectivos a conformarse son:

ü Exigir la difusión del Informe, para poder disponer del conocimiento que nos permita esclarecernos y esclarecer a todos nuestros conciudadanos;

ü Insistir y controlar el avance en todos los procesos judiciales y administrativos que se inicien, los que seguramente permitirán la reversión de las frecuencias ilegítimas e ilegales;

ü Participar activamente en la definición de formas creativas, inéditas de asignación de frecuencias, para viabilizar la democratización de la comunicación y evitar que en el futuro se repliquen conductas iguales a las objetadas en el Informe; y,

ü La construcción colectiva de la nueva Ley de Comunicación que recoja todas las inquietudes de los colectivos.

Si somos capaces de constituir el mayor número posible de Colectivos Sociales de Comunicación a nivel nacional, en todas las provincias del país, bajo las formas organizativas que los colectivos y ciudadanos definan en procura de los objetivos antes mencionados. Si somos capaces de renunciar a falsos o supuestos liderazgos, a intereses mezquinos individuales,  seguramente la batalla será nuestra. Si no somos capaces de avanzar en ese sentido, todos los esfuerzos desplegados hasta el momento serán inútiles. El poder mediático y económico consolidará sus posiciones, impidiendo la apetecida y demandada transformación que posibilite la democratización de la comunicación, la ampliación de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.