Guerra simbólica

Medios de Comunicación deben ser juzgados por difundir falsas noticias

La guerra mediática nacional e internacional contra el Gobierno Bolivariano, no ha cesado desde 1998. La mentira y la tergiversación de hechos trascendentes, así como la descontextualización de opiniones, son los signos de las empresas privadas de “información” que plenan el sector (económico y financiero) de las telecomunicaciones en nuestro territorio. A la fecha, no se ha sancionado penalmente a ningún medio de comunicación venezolano (radio, televisión, periódicos o portales de internet) para empezar a resarcir delitos, daños morales hasta patrimoniales, provocados a la nación durante el Golpe de Estado del 12 de Abril de 2002, ni por el Paro Petrolero patronal de diciembre 2002 y enero de 2003; menos aún por hechos consecutivos que han perseguido y persiguen la desestabilización permanente de Venezuela.

Alienar, desinformar, crear desasosiego, caotizar la realidad, mentir, incitar al odio, generar conflictos fraticidas, vilipendiar, difamar e injuriar, son algunas de las prácticas constantes de dichas empresas. Todo bajo el manto de la gastada frase “libertad de expresión”. Tras convertirse en actores políticos claves en los procesos sociales, pretenden ser tratados únicamente como periodistas o medios de “información” “neutrales”, como simples opinadores y mediadores “necesarios” ante los hechos donde fungen expresamente como “palangristas parcializados” y ejecutores de planes de manipulación por políticas editoriales trazadas desde otras latitudes con esbirros locales (empresarios del miedo y la incomunicacion), aplicando el psicoterrorismo mediático, con el propósito de confundir, atemorizar y amedrentar el accionar cotidiano de los ciudadanos y los Gobiernos que propenden a hacer cambios estructurales en favor de las mayorías.

Financiados por capitales privados, la mayoría de los medios de comunicación, “trafican con la mentira y su mercancía es la democracia” (Alí Primera / Trigo y molino). Debido a la tolerancia de la democracia como sistema político, cualquier aberración es admitida; en ella se desempeñan con fluidez, es “ideal” para los desmanes más inverosímiles. Apoyados por la banca privada y sectores económicos poderosos de cada nación, juegan al comercio avasallante con publicidades de consorcios transnacionales y nacionales, a cambio de generosos dividendos y el consecuente embrutecimiento e idiotización de la sociedad en general. El culturicidio cometido por la mayoría de los medios de comunicación – evadido como tema neurálgico del aniquilamiento de la toponimia de las sociedades - en la mayoría de las naciones del mundo, debe ser estudiado, analizado y susceptible de lecturas legales para sancionarlos de una vez por todas. La memoria de los pueblos es aniquilada del imaginario colectivo para uniformizar gustos y percepciones.

Cada grupo etario (“target”) es atacado con programas audiovisuales de escasos y redículos contendidos y en las pausas de los segmentos, intercalan cuñas de productos innecesarios –la mayoría, cancerígenos- para generar sus groseras ganancias. Los valores éticos y morales no están en discusión. No existen en los medios de comunicación privados. Al final, la “realidad” recreada termina siendo la realidad asumida por los perceptores que se han vuelto acríticos. Las formas y gustos al vestir de la juventud actual –incluso-, obedece a patrones estereotipados impuestos a través de tales medios. Y se habla de guerra mediática porque los medios públicos deben contrarrestar dichos procesos de desinformación e intoxicación intelectual. Son escenarios paralelos a los reales que viven en confrontación simbólica y práctica permanente.

Por cierto, el discurso de la violencia ha sido labrado milimétrica e históricamente por la industria del cine “hollywoodense” y los medios de comunicación privados en todo el mundo, son sus replicadores y masificadotes cómplices. En el contexto latinoamericano, pretenden endosar niveles de crispación y polarización social, al verbo claro y directo, de líderes electos democráticamente por las mayorías populares y demonizados al punto de estigmatizarlos como “dictadores”, “antidemócratas” y hasta “antisemitas”.

Si un medio impreso exacerba la inseguridad con fotorreportajes dantescos, entonces no se queje de la sociedad que ha ayudado a destruir. Si un medio radial difunde música y noticias basura, no se queje de la sociedad que ha ayudado a desmoronar. Si un medio televisivo ha alimentado la violencia con discursos audiovisuales de entretenimiento con asesinatos y venganza, no debe quejarse por la sociedad que ha ayudado a edificar desde esos códigos. Si un medio de comunicación privado atemoriza a los ciudadanos de una nación, con la contaminación del agua que ingiere, alguien debe responsabilizarse por tales afirmaciones no comprobadas ni contrastadas. Y no se trata solamente de un acto de “irresponsabilidad”. Es un delito que debe ser penado y agravante para el encauzamiento de un juicio.

Si los medios de comunicación privados no son juzgados por difundir falsas noticias ni incitar al odio, la realidad virtual seguirá siendo la mentira que propagan y ese escenario simbólico trasladado a la realidad verdadera, en momentos de exaltación masiva –su finalidad esencial-, se paga muy duramente. El caso de Ruanda a finales de los años noventa del siglo pasado, entre los Hutus y los Tutsis y el papel que jugaron los medios es un precedente ejemplificante para luchar contra la impunidad. El Poder Mediático debe ser desmantelado legalmente por Estados soberanos y dispuestos a hacer respetar las leyes. El Poder Mediático no puede ser supraconstitucional, debe estar subyugado a la Constitución de cada país y la “libertad de expresión” no debe ser más nunca, una frase para el chantaje.


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