Durante  la V República  los monopolios empresariales  de la comunicación (prensa, radio y TV), impusieron sus leyes a los  gobiernos de  Acción Democrática (AD) y Copei y  manipularon al pueblo venezolano.
Hoy  en la República  Bolivariana de Venezuela el  Gobierno bolivariano y socialista del presidente  Hugo Chávez  Frías, garantiza  y respeta la libertad de expresión y es un hecho que no requiere extensa documentación. Está  a la vista de los pueblos del mundo.
El sector privado tiene 90 periódicos, 700 radioemisoras comerciales, 78% de las televisoras VHF y 82% de las VHF. La mayoría de las empresas comunicacionales privadas predican el derrocamiento violento del gobierno democrático y divulgan falsedades. Ningún organismo o institución del gobierno ha promovido procesos penales contra comunicadores o periodistas. Hay casos  excepcionales en los cuales se ha instaurado alguna acción de demanda, entablada por particulares que se han considerado víctimas de difamación, injuria, calumnia y vilipendio.



Muy  diferente es la ilegalidad en la que inciden grupos de poder económicos y políticos, al querer aplicar el concepto de “propiedad privada” olvidando que son prestadores de servicios públicos radioeléctricos (radio, tv e internet). El espacio radioeléctrico pertenece al colectivo venezolano y por lo tanto debe estar sometido a controles por parte de las instituciones del Estado venezolano para garantizar la verdadera democratización de los medios de comunicación.

Para cumplir  con el mandato  constitucional formulado en el artículo 57 de la Carta Magna venezolana (1999), y  lo enunciado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que  también incluye la libertad de imprenta, llamada libertad de prensa, el  gobierno venezolano  presidido  por Hugo  Rafael Chávez Frías, desde  su llegada el 6 de diciembre de 1998 por  expresa  voluntad  de  la mayoría  del pueblo venezolano,  garantiza  plena libertad de expresión como un derecho fundamental o un derecho humano.

   Considerando que el derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, tal como fue concebido durante la Ilustración por filósofos como  Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1785); Walter Pach (1883-1958), François Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694) y Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), quienes  consideraban que el disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política de los pueblos.

Libertad de expresión en Venezuela

     En este  momento, más que nunca hablar de libertad de expresión y libertad de prensa forma parte de las discusiones de encuentros, congresos  y asambleas  nacionales  e  internacionales donde  la temática es acerca de los sistemas y gobiernos   democráticos. Y según  el planteamiento expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículo 2, Venezuela se constituye en un Estado democrático social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, así como la ética y el pluralismo político.

     Con esta premisa, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siglas en castellano y en inglés OAS (Organization of American States), en Washington, DC, Estados Unidos de América, el filósofo e investigador venezolano Luis Brito García, durante el debate acerca de los medios de comunicación y la libertad de expresión, donde se discutió el Caso: Venezuela 1999-2010.  Planteó,  entre otras  cosas,  que en la República Bolivariana de Venezuela se respeta la libertad de expresión, asegurando que  
“Venezuela es el país donde hay más libertad de expresión en el mundo. En ella el sector privado acumula 90 periódicos, 700 radioemisoras comerciales, 78% de las televisoras VHF y 82% de las VHF. Salvo dos diarios que guardan un cierto equilibrio informativo, el caraqueño “Últimas Noticias” y el zuliano “Panorama”, los medios privados predican el derrocamiento violento del gobierno democrático y divulgan falsedades y puntos de vista contrarios a él sin que éste haya respondido jamás con medidas de censura, cierre, suspensión ni confiscación de ediciones. Tampoco los organismos públicos han promovido procesos penales contra comunicadores o periodistas. En los excepcionales casos en los cuales se ha instaurado alguna acción, ésta ha sido entablada por particulares, que se han considerado víctimas de difamación, injuria, calumnia y vilipendio”.

     En el informe acerca de la situación de las empresas privadas de comunicación y la libertad de expresión, también se  señala que en Venezuela los medios privados de comunicación (prensa, radio, tv e internet), “vulneran el ordenamiento constitucional y legal venezolano”, haciendo  caso  omiso  al artículo 59 (CRBV-1999), que  expresa que “toda persona tiene derecho a la información  oportuna, veraz, e imparcial, sin censura, de acuerdo  con los principios de esta Constitución, así como de la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.

Un golpe de Estado con apoyo de los medios de comunicación.

     Luis  Brito García, recordó en la tribuna de expositores que en el año 2002, los medios concesionarios audiovisuales (RCT,Venevisión, Globovisión, Televen) interfirieron y sacaron del aire la señal del canal del Estado venezolano “Venezolana de Televisión” que transmitía en cadena nacional la alocución del presidente Hugo Chávez Frías, haciendo un llamado  al pueblo venezolano acerca de los acontecimientos del 11 de abril de 2002. De esta forma, estos medios televisivos cercenaron el derecho a la comunicación e información  oportuna y veraz,   incomunicando al Ejecutivo Nacional y sirvieron de instrumento para el golpe de Estado contra la sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural que son principios fundamentales de la Constitución venezolana.

     Con participación directa de un sector del empresariado de los medios  de comunicación (prensa, radio, televisión y páginas web), se propinó un atropello contra el pueblo venezolano y su sistema democrático, la noche del 11 de abril,  
cuando los narradores de los  noticieros de la televisión venezolana difundieron la “falsa noticia de la renuncia del Presidente constitucional, convirtiéndose en coautores del golpe de Estado”. También señala el informe que el día 13 de abril de 2011, en el Palacio Presidencial de Miraflores los concesionarios de medios audiovisuales pactaron apoyar al dictador autojuramentado Pedro Carmona Estanga a cambio de la entrega de los organismos encargados de aplicar la Ley de Telecomunicaciones.

     Esta realidad venezolana la refleja el docente e investigador Luis Brito García en su libro “Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha”, en el cual se pormenorizan dichas infracciones, indicando en todo caso referencias documentales exactas y precisando medio, fecha y responsable. Afirmando que para respaldar la dictadura de la derecha venezolana con apoyo de transnacionales del imperio los días 12 y 13 de abril de 2002 los medios audiovisuales e impresos de Venezuela impusieron un apagón comunicacional que privó al pueblo de toda noticia sobre lo que ocurría en nuestro país, violando el derecho a la información consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (pp.96-102).

Pueblo y  democratización de los medios de comunicación social

     En la democracia bolivariana y socialista la libertad  de expresión y prensa  son derechos consagrados en la Constitución Nacional y leyes vigentes. La Venezuela de este siglo XXI tiene una variedad de diarios, semanarios, revistas, televisoras y  emisoras de radio privadas y comunitarias. Y por disposición del gobierno bolivariano  se tomó la decisión de democratizar el acceso a los medios de comunicación social (prensa, radio, tv e internet) como  herramientas  indispensables para la construcción de la nueva ciudadanía, es decir del hombre nuevo.

     Entendiendo que,  como en otros  países de la Latinoamérica y el Caribe, las concesiones para prestadores de servicios de radiodifusión sonora y audiovisual  siguen en manos de conglomerados de la comunicación  que  se han convertido en monopolios de la comunicación en contra de los gobiernos  populares y de avanzadas de la región. En ese sentido, en el informe de  Venezuela presentado por Brito  García se denuncia que “durante la última década los medios privados (prensa, radio, tv  e internet) han actuado como partidos políticos sin cumplir con los preceptos del artículo 67 de la Constitución Nacional que obligan a hacer aprobar democráticamente por las bases las dirigencias y programas de los partidos (pp. 287 -289), y las declaraciones emitidas por el empresario venezolano de los medios Gustavo Cisneros en julio de 2007 en las cuales éste reconoce que los medios han actuado en Venezuela como actores políticos, y reconoce además que tal conducta es inapropiada.

     Una clara demostración de absoluta libertad de expresión en la República  Bolivariana de Venezuela, muestra el informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),  presentado ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2011), donde se indica que en las cuatro décadas bajo los gobiernos de derecha Acción Democrática (AD) y COPEI, antes de 1998, se otorgaron licencias de transmisión a 330 radios privadas y 9 públicas en frecuencia  modulada (FM); a 180 radios comerciales y 25 públicas en amplitud  modulada (AM), así como a 31 canales de televisión privados y 8 públicos.

     El  Plan desarrollado por  CONATEL en la primera década del gobierno bolivariano tiene un registro de habitación  en todo el país de 469 emisoras en frecuencia modulada (FM) comerciales, 82 sector público; en amplitud modulada (AM) 184 emisoras comerciales y 25 públicas; 63 televisoras comerciales en señal abierta, 12 públicas; además hay 109 medios impresos de circulación nacional y regional. También ha habido un agresivo impulso para otorgar a los Consejos Comunales y las Comunas u organizaciones  culturales  las herramientas para construir y desarrollar procesos  informativos  locales con pertinencia  social.

     Para asegurar que todos los medios operen legalmente y en cumplimiento de los reglamentos venezolanos, CONATEL ha tenido que imponer en varias oportunidades sanciones a empresas de comunicación (radio, tv e internet) que han violado las regulaciones del área. Sin embargo, contrario a lo que han tratado de argumentar sectores de la oposición venezolana y las transnacionales de la Comunicación, éstas han sido sanciones legales y administrativas en los términos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículos 57 y 58, en la Ley de Telecomunicaciones, en la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión e  Internet y el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, sin Fines de Lucro.

Internet  para el pueblo venezolano.

     En la actualidad el gobierno bolivariano del presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha aumentado el acceso  a  Internet  como herramienta  de comunicación e información del presente siglo. Desde el año 2000, el número de venezolanos y venezolanas con acceso de  Internet ha crecido de 800 mil a más de 10,27 millones, un esfuerzo por garantizar  el acercamiento a la autopista de la información. En ese sentido, fueron creados 668  Infocentros y  Centros de reflexión comunitarios con puntos de  acceso a  Internet  vía  Satélite  Simón Bolívar.

     El proyecto de Infocentros forman parte del componente central del Proyecto Nacional  Simón Bolívar (Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación – 2007-2013), para extender el acceso a Internet y ofrecer a todos los sectores de la sociedad  venezolana  la vía a esta herramienta de servicios en línea. Como consecuencia del amplio acceso a Internet, Venezuela se ha convertido en un caldo de cultivo para Twitter, con más de 300 mil usuarios registrados hasta la fecha. En otro ejemplo, más de cinco millones de venezolanas y venezolanos utilizan la red social Facebook   (http://www.venezuela-us.org/es).   

Periodista

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