Lima, 23 jul (PL) Una marcha de pobladores de la región sur andina de Ayacucho llegará hoy a la capital peruana, para quebrar la frágil tregua social abierta la semana pasada tras grandes manifestaciones de descontento.

La movilización, de unas tres mil personas, se inició el sábado en Huamanga, capital ayacuchana y distante a 580 kilómetros al sureste de Lima, para que el gobierno atienda diversas demandas sociales de la zona.

El presidente regional (gobernador), Ernesto Molina, quien participa en la caminata, pidió diálogo al gobierno y negó que la movilización pretenda dañar el turismo interno o afectar las celebraciones del aniversario de la Independencia Nacional, desde el sábado próximo.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, rechazó dialogar con los líderes ayacuchanos si no detienen la movilización, actitud similar a la observada ante otros importantes conflictos, como la reciente huelga magisterial.

La marcha confirmó la certeza de la precariedad de la presente tregua social alcanzada por el gobierno con acuerdos de distención con los maestros y las organizaciones sociales de las sureñas jurisdicciones de Arequipa y Andahuaylas, que realizaron paros generales.

El gobernador Molina y sus colegas de todas las regiones quedaron advertidos ayer de que serán destituidos si participan en huelgas, por una nueva legislación dictada por el Ejecutivo.

La medida demuestra que el gobierno "se puso duro", según la rediomisora CPN, y fue anunciada por el presidente Alan García y la ministra de Justicia, María Zavala, dentro de un paquete de normas de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

El paquete, que endurece la represión contra esos delitos, fue elaborado en uso de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el parlamento, pese a advertencias opositoras en el sentido que esos poderes podían ser usados con fines represivos.

La ministra Zavala precisó que los funcionarios públicos con capacidad de decisión, entre ellos los presidentes regionales, podrán ser sancionados con la inhabilitación si participan en huelgas en busca de beneficios o ventajas para sí mismos o para terceros.

Argumentó un artículo constitucional que impide a los funcionarios de alto nivel o confianza participar en huelgas, para negar que la norma sea una represalia contra autoridades regionales y municipales que han participado en importantes protestas en los últimos meses.

En muchos casos, gobernadores y alcaldes han sido empujados a encabezar o participar en las manifestaciones bajo presión social.

La vacancia del presidente de la región sur andina de Apurímac es reclamada por organizaciones campesinas, por haberse opuesto a una reciente protesta en la zona de Andahuaylas El presidente García, de otro lado, sostuvo que su administración entrará en su segundo año, el sábado próximo, con buen pie, pese a las grandes protestas de las últimas semanas y a encuestas que acreditan un bajo nivel de aprobación a su gestión.

Entretanto, cuatro centrales laborales anunciaron una nueva jornada de protesta -similar a la multitudinaria del 11 y 12 de julio- para la segunda quincena de agosto, en demanda de la vigencia plena de los derechos sindicales.

El anuncio fue hecho por las centrales General de Trabajadores de Perú (CGTP), de Trabajadores de Perú (CTP), Unitaria de Trabajadores (CUT) y Autónoma de Trabajadores de Perú (CATP), informó el dirigente Julio César Bazán.