La justicia mexicana anuló artículos de la Ley de Radio y Televisión, conocida popularmente como Ley Televisa y con ello invalidó la posibilidad a los concesionarios de ofrecer servicios adicionales sin participar en licitación pública y sin tener que pagar al Estado.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana, asestó el martes lo que muchos han catalogado como "un golpe definitivo" a la Ley de Radio y Televisión, al invalidar cuatro artículos que suprimen la posibilidad de los concesionarios de ofrecer servicios adicionales sin participar en licitación pública y sin tener que pagar al Estado, así como la obtención de concesiones con vigencia de 20 años.
Según los nueve ministros, que por unanimidad respaldaron la medida, el artículo 28 del citado estamento jurídico resultaba inconstitucional, ya que vulneraba seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios.
Al respecto, la ministra Olga Sánchez Cordero, recalcó que el referido artículo, "vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la Constitución, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales".
Señaló además que "esta discriminación no solamente supone una ventaja netamente económica para los concesionarios de los servicios de radiodifusión sino que, además, perturba la libre concurrencia y la sana competencia".
Pero eso no fue todo, pues también invalidaron el artículo 17, por considerar que la subasta pública, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones, origina que los medios de comunicación se entreguen al mejor postor.
En tal sentido, hubo coincidencia entre los ministros en que la concentración de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la información.
Para los críticos y detractores de la Ley, la aprobación de estos artículos favorecía a los grandes del sector, como Televisa y TV Azteca, que controlan alrededor del 90 por ciento del mercado de la televisión en México y que pretendían hacerlo con las telecomunicaciones en general.
Pero ahora, la nueva disposición les prohíbe operar soportes en términos comerciales de Internet, telefonía y servicios de conectividad.
