El próximo 31 de enero, cuando se conmemoran cuatro años de la movilización El campo no aguanta más, organizaciones campesinas y de productores agrícolas realizarán una megamarcha en el Distrito Federal para defender la canasta básica, repudiar el aumento en los precios del maíz y la tortilla y exigir la exclusión del grano en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La convocatoria, en aras de la soberanía alimentaria, fue dada a conocer durante una conferencia de prensa y plantón realizados ayer a mediodía frente a la Secretaría de Economía, en la colonia Condesa, por dirigentes e integrantes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón-Alianza Nacional de Organizaciones de Productores Agropecuarios y Pesqueros, entre otras.

’’Hacemos el más amplio llamado a todas las organizaciones populares, sindicales, magisteriales y de todo tipo para realizar una unidad de acción el 31 de enero, en la ciudad de México, y respaldarla en los estados para que cada quien con sus formas de lucha esté en contra de la carestía de la vida’’, precisó Carlos Ramos, de la CNPA.

En la conferencia de prensa, realizada frente a la Secretaría de Economía, Víctor Suárez, presidente de la ANEC, en nombre de las otras organizaciones, exigió que el gobierno federal lleve a cabo directamente las importaciones de maíz blanco, ’’para controlar su asignación en la industria harinera y nixtamalera’’, en lugar de dejar dichas compras en manos de las grandes empresas del sector, a las que se ha responsabilizado de la especulación del grano.

También se demandó la intervención inmediata de las autoridades en los inventarios de maíz blanco, para ponerlos a disposición, ’’con subsidio temporal’’, del sector molinero, con el compromiso de bajar y estabilizar los precios de la tortilla.

Paralelamente a la conferencia de prensa, decenas de integrantes de las organizaciones campesinas lanzaron consignas contra el presidente Felipe Calderón y Eduardo Sojo, titular de la Secretaría de Economía, cuyos accesos fueron cerrados y reforzados por los elementos de seguridad de la dependencia. ’’Si no hay maíz, se acaba el país’’, ’’el campo no aguanta más’’, ’’Calderón, si no puedes, renuncia (...)’’, corearon a gritos los miembros de las organizaciones campesinas, concentrados en la esquina que forman las calles de Michoacán y Tula.

Entre las propuestas de fondo y a largo plazo para enfrentar el alza a las tortillas y la inseguridad alimentaria de los mexicanos, las organizaciones campesinas exigieron que el Senado apruebe la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya avalada por la Cámara de Diputados; que se investigue la responsabilidad de las secretarías mencionadas y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en el manejo de cupos de importación de maíz, y los programas para la producción y comercialización del grano, además de impulsar un programa sexenal de fomento a la producción y productividad sustentable del país.

Responsabilizaron a las secretarías de Economía y de Agricultura, así como a Acerca, de provocar ’’una escasez artificial del maíz blanco’’, al autorizar y subsidiar el desvío de más de 1.5 millones de toneladas producidas en Sinaloa para su exportación a Estados Unidos, con lo que se acentuó aún más la especulación, señalaron.

La escalada de precios en las tortillas y otros alimentos básicos, dijo Víctor Suárez, se debe a que el grano fue incorporado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.