TeleSUR _ 12/01/07 - La ex presidenta argentina Isabel Perón, de 75 años, fue detenida este viernes en su domicilio en Madrid, luego que el jueves la justicia argentina dictara la orden de captura. Posteriormente, fue puesta en libertad, bajo la figura de comparecencia quincenal. Perón manifestó su negativa de ser extraditada a su país.
La ex presidenta argentina Isabel Perón, de 75 años, fue detenida este viernes en su domicilio de Villanueva de la Cañada, en la provincia de Madrid, luego que este jueves el magistrado federal Raúl Acosta de la ciudad de San Rafael en Argentina, dictara la orden de captura. Posteriormente, fue puesta en libertad, bajo la figura de comparecencia quincenal.
Luego que este jueves la justicia argentina solicitara ''la captura y detención de María Estela Martínez de Perón'' por la desaparición de varias personas durante su gobierno, las autoridades españolas lograron detenerla.
La ex presidenta compareció ante el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), quien le informó de los motivos de su detención y le preguntó si aceptaba ser extraditada a su país, a lo que la ex mandataria contestó negativamente.
Tras informarle, Del Olmo dictó, siguiendo la petición del fiscal y en atención a su avanzada edad, ''libertad provisional con comparecencias quincenales'' en el juzgado.
Posteriormente, la viuda de Juan Domingo Perón, regresó a su domicilio en el país europeo, donde había sido detenida en cumplimiento de la orden de detención recibida (...) por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El juez argentino acusa a Isabel, que sucedió a su marido en la Presidencia, de ordenar ''la eliminación de elementos subversivos'' contra el Gobierno que presidió durante dos años 1974-1976.
En concreto, el magistrado considera a la ex presidenta argentina responsable de la firma de tres decretos que habilitaron a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la desaparición de varias personas, lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado.
El abogado de Derechos Humanos, Carlos Slepoy, en contacto exclusivo con TeleSUR, opinó que la medida ''es sumamente positiva e importante para la profundización en la lucha contra la impunidad que adelanta la comunidad argentina''.
Asimismo, dijo que ''no solamente se está enjuiciando a los responsables del genocidio en Argentina durante la dictadura militar, sino los precedentes de ese genocidio a través de los crímenes contra la humanidad y el terrorismo de Estado, cometidos por la Triple A y las autorizaciones de Isabel Perón dio para que los militares precedieran al exterminio''.
Desde Madrid, el jurista recordó que durante el gobierno de Isabel Perón se instaura el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la provincia de Tucumán, a raíz del decreto que se autoriza la actuación de las fuerzas militares.
''Contra todo pronóstico, la comunidad argentina, con el apoyo de la comunidad internacional, ha revertido un proceso que parecía ilevantable. Por tanto, creo que es una gran satisfacción, y alentador para la República Argentina y para la comunidad internacional esta medida'', reseñó.
