Ciudad de México, 24 Nov. ABN.- Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) presentaron una denuncia penal contra dirigentes nacionales, incluido el presidente, Vicente Fox, a quienes acusan de incurrir en delitos de genocidio y desaparición forzada.
El Presidente de México, así como los secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina, de Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, figuran en la lista de presuntos responsables de los hechos, refirió Prensa Latina.
Otros actos, como privación ilegal de libertad en su modalidad de plagio o secuestro, delincuencia organizada, tortura, abuso de autoridad y denegación de la justicia, también constan en el documento presentado ante la Procuraduría General de la República.
Felipe Canseco, del Comité de Prensa de la APPO, declaró que la denuncia da lugar en virtud de que ya son más de 17 los muertos en la demarcación en acciones de lucha contra la Policía Federal Preventiva (PFP) y cerca de 34 decesos desde que Ruíz juró como mandatario local.
De acuerdo con el informe, las personas señaladas, junto a Héctor Sánchez, comandante de la PFP, Rosa Caña, procuradora de Oaxaca y Heliodoro Díaz, secretario de Gobernación de ese estado, actúan como un grupo organizado.
«Ellos intentan destruir de manera parcial o total, a un grupo humano constituido a escala nacional, inconforme con las políticas de Estado, tanto local como federal, para reprimir, privar de la vida, libertad, salud, seguridad y derechos a miembros de la APPO», agrega el texto.
En la integración de ese movimiento participan organismos étnicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 22, considerado como fuerte y estable en el ámbito político-social.
Por otra parte, la APPO reiteró que descarta cualquier posibilidad de diálogo con la Gobernación, en protesta con la presencia y acciones que desarrolla la PFP en la localidad.
César Mateos Benítez, portavoz de la asociación anunció que este sábado la Asamblea realizará su séptima marcha, para después restablecer un cerco de 48 horas a la PFP en sus retenes. «No podrán entrar ni salir», aseveró.
Afirmó que de manera paralela, la Asamblea Popular de los Pueblos de México e integrantes de APPO en el Distrito Federal ocuparán casetas de cobro en las autopistas de entrada y salida de la capital.
