Washington, agosto 9 - El senador Bernie Sanders exigió este martes al Gobierno de Estados Unidos manifestar una postura fuerte ante los intentos de la derecha brasileña de destituir a la mandataria constitucional Dilma Rousseff, elegida democráticamente con 54 millones de votos.
Sanders, senador por Vermont y abiertamente socialista, señaló en un recientemente comunicado estar "profundamente preocupado" al igual que los brasileños y observadores internacionales por el golpe de Estado en la nación suramericana.
En este sentido, el demócrata recordó que la administración del presidente interino Michel Temer "después de suspender a la presidenta de Brasil por motivos dudosos, el nuevo gobierno provisional abolió el Ministerio de las mujeres, la igualdad racial y los derechos humanos".
Cuestionó que el Gobierno de Temer haya reemplazado una administración diversa y representativa (bajo el mandato de Rousseff) por un gabinete compuesto por hombres. Además, de imponer medidas de recorte social, aumentar la privatización e instalar una agenda de extrema derecha en ese país.
Para Sanders la conspiración que existe alrededor de Rousseff, para sacarla del cargo de presidenta, no se trata de un juicio jurídico, sino político.
"Estados Unidos no puede sentarse en silencio mientras que las instituciones democráticas de uno de nuestros aliados más importantes son socavados. Hay que levantarse por las familias trabajadoras de Brasil, para que esta controversia sea resuelta con las elecciones democráticas" concluye el texto.
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días.
Durante este periodo, las partes tuvieron que mostrar sus pruebas y alegatos a la comisión especial del impeachment que fue conformada por 21 de los 81 senadores.
Sin embargo, los técnicos del Senado de Brasil determinaron que no existen pruebas de que Rousseff participara en el caso de pedaleo fiscal (denominado "maniobras fiscales" por la oposición). Esto significa que la mandataria no cometió un crimen de responsabilidad, por lo tanto, no hay validez para un juicio político en su contra.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por lo analistas políticos como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
