Brasilia, agosto 2 - Una nueva fase del golpe de Estado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se produjo este martes cuando el senador Antonio Anastasia, relator del juicio político a la Mandataria, presentó a la Cámara Alta del Senado el informe final sobre el caso y concluyó que existen plenas razones para destituir a la líder brasileña, electa por 54,5 millones de ciudadanos.
En la presentación de su informe, de 441 páginas, Anastasia abundó en calificativos para referirse a los asuntos fiscales que sostienen el juicio a la Presidenta. Dijo que la presunta contratación de créditos de la banca pública para el Gobierno de Rouseeff representan un "atentado" a la Constitución y que es tan "grave" que la Mandataria debe perder su mandato.
A Rousseff no se le acusa de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de pago de sobornos o prebendas. Se le señala de atrasar el envío de recursos a los bancos públicos Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para usar ese dinero en programas sociales, lo cual se denomina "pedaleo fiscal", refirió Telesur.
Todo el juicio se sustenta en esta acusación refutada por técnicos del Senado y por el Ministerio Público Federal, quienes coinciden en que no existen pruebas fehacientes de que la presidenta participara en las maniobras fiscales.
En la sesión de este martes, el abogado defensor de Rousseff, José Eduardo Cardozo, reiteró que no existe un solo elemento con validez suficiente para sustentar el juicio político y mucho menos para llegar al extremo de destituir a la Mandataria.
Pidió que se tuviera en cuenta el informe del comité de Técnicos del Senado y la conclusión del Ministerio Público Federal, lo cual consideró es muy importante para la instrucción del proceso.
El informe de Anastasia será debatido de nuevo este miércoles 3 de agosto y se votará el jueves 4. El viernes 5, cuando se inicien los Juegos Olímpicos, el informe será leído ante el pleno del Senado, que deberá votar por la aprobación o no del informe el día 9 de agosto.
Si el pleno aprueba el informe por mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema de Brasil convocará a una última sesión, en la que el pleno decidirá si Rousseff será destituida o retomará sus funciones como presidenta electa por los brasileños.
Esta última sesión puede durar hasta cinco días y se prevé comience el 29 de agosto, cuando una mayoría calificada de 54 votos tendrá la última palabra en esta maniobra que ha sido calificada por la Mandataria como un golpe de Estado.
