Brasilia, marzo 14 - La jueza María Priscilla Ernandes declinó hoy su competencia y puso el pedido de prisión preventiva presentado por fiscales paulistas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en manos del juez federal Sergio Moro.
Al sustentar su determinación, la letrada del Cuarto Juzgado Penal de Sao Paulo señaló que la denuncia presentada la semana pasada por los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique de Moraes Araújo ya es objeto de investigación por parte de Moro, quien conduce la operación anticorrupción Lava Jato.
Los inquisidores paulistas acusaron a Lula de lavado de dinero y falsedad ideológica (adulteración de documentos para obtener ventajas), presumiendo que el ex mandatario y su familia se beneficiaron con mejoras hechas a un apartamento propiedad de una constructora que es investigada por Lava Jato.
Ernandes menciona en el documento hecho público esta tarde fragmentos de una decisión del propio juez federal con fecha 24 de febrero, según la cual los elementos probatorios más relevantes en este caso están aparentemente relacionados con el recibimiento subrepticio de favores de la empresa OAS.
También consta que el propietario del referido inmueble, localizado en Guarujá, en el litoral norte de Sao Paulo, es la constructora OAS, supuestamente involucrada en el esquema criminal de Petrobras.
La denuncia y pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público de Sao Paulo recibió un amplio rechazo tanto en el ámbito jurídico, como en el político y social.
Cristiano Zanin Martins, abogado de la defensa de Lula, denunció la intención deliberada de los fiscales paulistas de dañar la imagen del ex gobernante al acusarlo de crímenes que no cometió.
El fiscal Conserino transformó dos visitas a un apartamento en Guarujá en ocultación de patrimonio, sostuvo el defensor y reiteró la necesidad de que el Supremo Tribunal de la Unión decida sobre cuál órgano del Ministerio Público, el Federal o el estadual, tiene competencia para tratar el asunto, pues ambos investigan los mismos hechos.
Mientras otro jurista, Marcelo Lavenere, también advirtió que el ex dignatario brasileño es víctima de un proceso de venganza política ejercido por minorías del Ministerio Público y, eventualmente, del Poder Judicial.
Según Lavenere, la solicitud de prisión preventiva contra Lula constituyó un pedido ideológicamente comprometido que políticamente mancha lo que debería ser la actuación del Ministerio Público.
El abogado insistió en que Lula es blanco de una persecución política permanente y ostensiva, cuyo objetivo es desmoralizar a Lula y su familia y para cuya materialización cuentan con el apoyo del aparato mediático.
Por su parte, el Instituto Lula reiteró en numerosas ocasiones que el ex gobernante no es dueño ni del apartamento en Guarujá, ni de un sitio en Atibaia, cuya propiedad también le es atribuida.
