La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, advirtió hoy que bloquear carreteras es un crimen, al ser interrogada sobre la huelga iniciada el lunes por camioneros contra el alto costo de los fletes y el encarecimiento de los combustibles.
"Todo el mundo tiene derecho a protestar en el país. Construimos la democracia para que eso no fuese crimen. Pero este es un país responsable y bloquear carreteras, comprometer la economía popular, amenazar el abastecimiento de alimentos y de combustibles... esto tiene componentes de crímenes ya previstos", afirmó.
En declaraciones que concedió a periodistas durante la visita a las obras de ampliación del metro de Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos de 2016, la gobernante advirtió que la obstrucción de rutas pone en riesgo el abastecimiento de la población.
"Obstruir es crimen. Obstruir es afectar la economía popular, que es un crimen. Manifestarse es algo absolutamente legal. Es parte de la democracia y le hace bien al país. Todos estamos obligados a cumplir la ley, principalmente las personas que ejercen la facultad de cumplir la ley", dijo.
La jefe de Estado justificó así la decisión del Gobierno de imponer elevadas multas a los camioneros que bloqueen las carreteras y de autorizar a la policía a retirar a la fuerza tales vehículos para que no interrumpan el tránsito.
Tales medidas hicieron que la huelga perdiera fuerza este martes.
Los camioneros en huelga llegaron a realizar el lunes manifestaciones o bloqueos de vías en 43 trechos de carreteras en 14 de los 27 estados brasileños, en tanto que hoy las protestas se redujeron a 34 tramos de rutas en nueve estados, según el último boletín de la Policía Federal de Carreteras.
En Río, se concentraron frente a hoteles y locales comerciales en los que se suelen recibir a usuarios de Uber, aplicación por la que se contratan automóviles particulares para desplazamientos.
Los manifestantes exhibieron carteles con mensajes contra Uber, lanzaron fuegos de artificio y alertaron a los turistas a no utilizar la aplicación de transporte por razones de seguridad y por sus altos precios.
Y en Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, pidieron acciones de las autoridades al alegar que el servicio continúa funcionando sin control pese a la ley aprobada por el Concejo para prohibirlo.
Los taxistas protestan en Río de Janeiro contra una decisión de una magistrada que en octubre pasado dejó sin efecto una ley municipal que prohibió el uso de Uber con el argumento de que viola el derecho a la libre iniciativa garantizado por la Constitución.
La jueza consideró que el Estado no puede "prohibir una actividad económica lícita, abierta a la iniciativa privada y a la libre competencia", y determinó multas para autoridades que intenten reprimir el trabajo de los conductores de Uber.
