Guatemala, noviembre 4 - El artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones de Guatemala destaca que los trabajadores y servidores públicos de ese país no podrán celebrar, licitar ni cotizar contratos con el Estado. Los parientes legales de los servidores públicos tampoco pueden ser contratistas del Estado.
Los 12 nombres preliminares de los congresistas del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) del próximo gobierno de ese país han generado controversia, destaca un diario local.
Alsider Antonio Arias Rodríguez, electo por el distrito de Chimaltenango, aparece en el Registro Mercantil de Guatemala como representante de la empresa De Todo para la Educación. Fue contratada por la Municipalidad de El Tejar del departamento que representará a partir de enero de 2016.
Luis Antonio Alonzo sustituye al hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera. Tiene cinco contratos en Guatecompras con el ministerio de Salud Pública, para la compra de materiales y útiles de oficina, computadoras portátiles, entre otros. Entre 2012 y 2014 el precio de estos contratos sumaron 176 mil 225 quetzales (más de 22 mil dólares).
Javier Alfonso Hernández Ovalle y su hijo Javier Alfonso Hernández Franco. El primero ocupó un puesto en la legislatura de 2008-2012, por el partido Centro de Acción Social (CASA) y luego por Gran Alianza Nacional (GANA).
Hernández Franco es representante legal de Grupo Emgua, empresa que resultó beneficiada con tres contratos, por un valor de 1 millón 456 mil quetzales (más de 185 mil dólares) del Registro Nacional de Personas (Renap) entre 2008 y 2010, tiempo en que su padre era diputado.
Edgar Justino Ovalle Maldonado fungió como jefe de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil entre 1981 y 1982, durante ese período se realizaron 77 masacres en la región.
