Bogotá, mayo 28 - “Si usted quiere denigrar o posicionar a una persona o marca en la red, vale 160 millones de pesos (...). Podemos convertir un tema en ‘tendencia’ en 24 horas a nivel nacional y conseguirle miles de seguidores en Facebook en menos de una hora”.

“También tenemos una aplicación para identificar palabras o frases que puedan afectar su imagen, y filtrarlas y atacarlas, desapareciéndolas de las redes o haciéndolas imperceptibles para sus miembros”.

Estas eran algunas de las ofertas que el señalado hacker Andrés Sepúlveda –acusado de espiar los diálogos en La Habana– y sus socios les hacían a candidatos al Senado, modelos, actores y hasta a futbolistas.

Para manipular la red, “una sola persona maneja hasta 400 cuentas de Twitter para crear falsas realidades”, explicó el español Rafael Revert, empleado del hacker y ahora testigo protegido de la Fiscalía.

De hecho, en el video que se publicó de Sepúlveda este se refiere a las trampas: “Hay una aplicación que nos ayuda a detectar cuáles son las tendencias (en las redes) y las opacamos o las aumentamos”, se le escucha decir.

Pero Twitter no es la única herramienta usada de manera indebida por personas que las ponen al servicio del mejor postor y que reclutan a expertos para que hagan este trabajo sucio por sueldos que van desde los 2 hasta los 6 millones al mes. Ya hay identificados al menos 10 locales en todo el país en donde se ofrecen estos servicios.

También se han detectado páginas y perfiles en Facebook creados para difamar a personas o empresas. Diálogosavoces.com, por ejemplo, se montó para bombardear el proceso de paz con mentiras que hicieron carrera.

Algunas de estas páginas han sido denunciadas por los usuarios y bloqueadas por Facebook y Twitter, pero otras siguen al aire sin que se tomen medidas.

Ese es el caso de los blogs y trinos contra la exfuncionaria del Distrito Leszli Kalli, víctima de una embestida tecnológica de difamación, orquestada, según ella, por personas cercanas a Sepúlveda, que incluso le hackearon sus cuentas de Twitter, Hotmail y Facebook.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también dijo que Sepúlveda lo habría infiltrado para atacar a ‘Bogotá Humana’. Pero la agresividad de tuiteros que reciben salario de la Alcaldía y que insultaban a personas, obligó a su administración a pedir mesura, hace apenas un mes.

Hasta hace un tiempo, este tipo de conductas tan solo producían la deserción de las redes sociales de algunos de los agredidos. Pero Carolina Botero, abogada experta en temas de derechos humanos en el entorno digital, advierte que la red no es un territorio de nadie y que sus usuarios deben saber que la ley se aplica tanto en la nube como en el mundo análogo.

De la nube a la Fiscalía

“Hay que respetar el derecho a la información y a la libre expresión, pero también los preceptos legales”, explicó la experta.

La Unidad de Delitos Informáticos de la Dijín, a cargo del coronel Freddy Bautista, ha detectado al menos cinco conductas delictivas en el uso indebido de estas herramientas que, según la legislación, prevén desde millonarias indemnizaciones para los afectados, hasta cárcel para sus autores.

Según Bautista, la instigación para delinquir es la conducta más común, que genera hasta 10 años de cárcel.

“Hay trinos que invitan a matar o a hacer daño”, dijo. Y advirtió que, con la ayuda de la Fiscalía, se han abierto varios casos para que en la nube no haya impunidad.

De hecho, Alejandro Pérez, el universitario que usó sus trinos para burlarse de los niños quemados en Fundación (Magdalena), enfrenta 3 años de cárcel por hostigamiento por motivos de raza, origen étnico y cultural.

Otra conducta igual de grave es la de imputarle a personas u organizaciones hechos deshonrosos o delictivos (injuria y calumnia). Cuando el agresor usa un seudónimo, se requiere que la víctima denuncie para que, mediante orden judicial, se le pida a Twitter o a Facebook los datos de conexión y se le ubique.

Incluso, para dar celeridad a las investigaciones, se evalúa pedirles a los administradores de estas herramientas que no acepten afiliados ‘con capucha’ y que todos estén identificados.

Cuando usan su propia identidad es más fácil individualizarlos. En enero, un polémico senador electo tuvo que subir a su cuenta de Twitter una carta en la que, en su calidad de denunciado, se retractaba de afirmaciones deshonrosas que trinó en septiembre del 2013. Si no hubiera conciliado, habría enfrentado 4 años de cárcel y una multa de diez a mil salarios mínimos.

Directivos de Twitter dijeron que hay un equipo de ingenieros tratando de detectar y desactivar cuentas falsas.

Y Alberto Arébalos, de Facebook Latinoamérica, explicó que “los usuarios pueden decidir qué les interesa y denunciar un perfil o marcar una publicación como spam, lo que les indica que algo no está bien”.

Pero conductas como la violación de datos personales o la interceptación de comunicaciones son del resorte exclusivo de las autoridades. Esta modalidad, calificada por el coronel Bautista como un delito informático puro, consiste en ingresar a cuentas de terceros, suplantarlos o divulgar información privada. En la oficina de Sepúlveda se halló un software para descifrar y violar contraseñas. Esos servicios ilegales –que derivan en delitos más graves como la extorsión–, se ofrecen por sumas que van desde los 100.000 a los 500.000 pesos.

En el caso de Sepúlveda y su grupo ya cursa una investigación y dos denuncias de supuestas víctimas. Pero hay más en curso de gente del común que aún piensa que no va a ir presa por usar indebidamente la red.