Caracas, 29 de agosto de 2013.- La Fiscalía de París, Francia, inició este miércoles una investigación preliminar tras la demanda judicial presentada por dos asociaciones de defensa de los Derechos Humanos contra el programa estadounidense de espionaje Prism, que permite vigilar las comunicaciones electrónicas mundiales.
Esta investigación fue abierta el pasado 16 de julio "por acceso y mantenimiento fraudulento en un sistema de tratamiento automático de datos, recogida ilícita de datos de carácter personal, atentado a la intimidad de la vida privada y violación del secreto de la correspondencia", reseña Telesur en su portal web.
El 11 de julio, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de Derechos Humanos(LDH) presentaron un demanda judicial en Francia en defensa de las libertades individuales contra persona desconocida.
Emmanuel Daoud, abogado de la FIDH, precisó que la demanda contra persona desconocida tiene como objetivo fundamental que se esclarezca el papel desempeñado por Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, YouTube, Skype, AOL y Apple en el escándalo Prism.
Asimismo, afirmó que estas compañías pudieron "haber puesto sus sistemas a disposición del FBI (Oficina Federal de Investigación) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) para que los agentes recopilaran los datos de todos los internautas usuarios".
Luego de que el exagente de la NSA Edward Snowden revelara que el Gobierno de Estados Unidos manejaba el mencionado programa de espionaje secreto, la agencia de seguridad es acusada de violar el derecho a la privacidad de miles de personas alrededor del mundo, incluyendo a mandatarios, países aliados y a la Unión Europea (UE).
Snowden reveló en el rotativo británico The Guardian la existencia de un programa secreto que permite a la NSA ingresar directamente a los servidores de Google, Facebook, Skype, Microsoft y Apple, así como un sistema en el que se detallan los países blancos de espionaje, como Irán, China, Pakistán y Egipto.
Por tal motivo, el Gobierno estadounidense ha pedido su extradición para que responda a tres cargos de espionaje y robo de propiedad federal, presentados en un tribunal en Virginia, por los que podría pagar hasta 30 años de prisión.
