Miami, EEUU, 5 de octubre del 2012.- Las gestiones de última hora de legisladores cubano-americanos para que las autoridades concedieran un “salvoconducto” a los venezolanos indocumentados procedentes de Florida y las Carolinas, fueron al parecer infructuosas, por lo que las detenciones y deportaciones continuarán. De octubre de 2011 a septiembre de 2012 fueron expulsados 279 venezolanos indocumentados, la mayoría procedentes de Florida, según datos publicados por el rotativo caraqueño “El Universal”.
La gestiones pretendían que las autoridades policiales y migratorias en los estados de Alabama y Mississippi se comprometieran a no interceptar ni revisar el estatus migratorio de los venezolanos que se trasladarán vía terrestre a New Orleans durante el fin de semana que comienza este viernes.
El estado de Alabama aprobó desde el 2011 la controversial legislación HB 56 que se considera la ley anti-inmmigrante mas estricta de los Estados Unidos. Organizaciones de defensa de los derechos civiles como el American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) coinciden en que la ley de Alabama rebasa los alcances de la polémica ley SB 1070 de Arizona al otorgar autoridad a los policías, incluyendo a la policía de autopistas, para verificar el estatus migratorio de sospechosos.
Esta ley también permite a la policía llevar a un detenido ante un magistrado en caso que éste no tenga licencia de conducir válida y posee una cláusula que penaliza con 100 dólares de multa y hasta 30 días de cárcel a quienes no porten documentación para probar su situación migratoria. La legislación fue promulgada el pasado 9 de junio de 2011 por el gobernador republicano de Alabama Robert Bentley, como parte de los esfuerzos de varios estados, incluidos Alabama, Mississippi y Georgia, contra la población indocumentada.
Similarmente, en marzo del 2012 la cámara baja del Estado de Mississippi aprobó la legislación HB 488, hecha a semejanza de la polémica HB 56. La mencionada ley, que aun no cuenta con consenso en el senado estadal, ha sido defendida vigorosamente por el gobernador republicano Phil Bryant, ante lo que él considera una “masiva y descontrolada política migratoria” a nivel federal.