27 de diciembre 2009.- Un tribunal ha ordenado realizar exámenes de ADN a los hijos adoptivos de la presidenta del diario Clarín y una de las accionistas mayoritarias del grupo, Ernestina Herrera de Noble, para comprobar si son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Con el fallo, los magistrados dan la razón a las familias que desde 2002 piden que se realicen los cotejos necesarios para averiguar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble, los dos hijos de la propietaria de Clarín. Según los expedientes de adopción, Herrera se encontró a la niña a las puertas de su casa en mayo de 1976, mientras que el niño fue cedido por su madre biológica dos meses después.
"Sin embargo, se han encontrado muchas irregularidades en el proceso de adopción", explica a Público Alan Iud, abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo que participa en el proceso. "En el caso de Marcela, se presentaron como testigos dos vecinos que luego resultaron ser el chófer de Herrera de Noble y una mujer que no vivía en la localidad".
Quien se presentó como la madre biológica de Felipe, por otro lado, "es una persona inexistente", cuenta Iud. "Se corroboró que el número de DNI que otorgó correspondía a un varón y que el nombre que había dado es falso".
Clarín alegaba ayer en sus páginas que la resolución judicial responde a una medida que solicitaron Marcela y Felipe en 2003. Iud contradice que sea así. "Estas pruebas las ha ordenado la Cámara Federal de San Martín en respuesta a una solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo y de la Fiscalía", indica.
El abogado también refuta las declaraciones del letrado de Marcela y Felipe, recogidas en el periódico de Herrera, en las que señala que "esta prueba venía siendo demorada por diversas apelaciones e impugnaciones de la parte querellante". En el entorno de Clarín se interpreta, sin embargo, que la reactivación de la causa obedece al enfrentamiento que el Gobierno argentino mantiene con este grupo de comunicación, que tuvo su punto culminante tras la aprobación de la llamada Ley de Medios.
Cotejo de datos parcial
Marcela y Felipe sólo han accedido a un análisis en una institución privada, cuando la ley tipifica que las pruebas deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos. "Intentaron que la causa se cerrara", añade el letrado. "A ese examen irregular se opusieron las querellas".
Herrera está inmersa desde 2002 en una investigación por falsificación de documentos públicos en el proceso de adopción de sus hijos. La causa está paralizada porque las pruebas reunidas contra ella no son suficientes ni para procesarla ni para cerrarla.
Los hijos de la directora de Clarín tienen que someterse ahora a los análisis de ADN. Si se niegan, la Corte Suprema dictamina que se obtendrán muestras genéticas de sus objetos personales.
