11 de noviembre 2008. - La revisión de las bases de datos se hará en las universidades
Nacional, Distrital, Pedagógica, el Sena, y la Libre. La orden fue
emitida por el fiscal de la unidad especializada contra el terrorismo,
Jorge Iván Piedrahita Montoya, “con el propósito de detectar la
presencia de terroristas”. La Autónoma, que no hace parte de la lista
elaborada por la Fiscalía, fue la primera universidad a la que el
intendente comisionado de llevar a cabo la indagación hizo llegar el
oficio correspondiente.
“Es el intento de perseguir y señalar al movimiento estudiantil y a
los dirigentes estudiantiles”, dijo Andrés Paredes, coordinador de
Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios, ACEU, en entrevista con YVKE Radio Mundial
“El estudiantil universitario es uno de los sectores sociales que
más confronta la política que aplica el gobierno del presidente Álvaro
Uribe en el país. Eso ha generado paros y conflictos, que hacen que se
trate de estigmatizar el movimiento estudiantil, y que exista muy mala
relación entre el alto gobierno y la universidad pública. La revisión
anunciada es un elemento más dentro de la estrategia del gobierno para
identificar cuáles son los activistas de las universidades”.
¿Porqué la universidad pública? Se preguntan en un comunicado las
Juventudes del Polo Democrático Alternativo. Y agregan: “Esta campaña
de desprestigio de la universidad pública colombiana no hace parte de
ninguna lucha contra los movimientos ilegales armados, ni mucho menos
contra el terrorismo; si esto fuera cierto hace muchos años que las
universidades públicas serían "rebaños de ovejas", con la cantidad de
represión, desplazamiento y muerte que han tenido que sufrir los
movimientos y gremios estudiantiles”.
La parodia de Parody
El sector estudiantil fue puesto en la mira del huracán cuando la
senadora uribista Gina Parody, hace algunos meses, reveló documentos y
videos que muestran a encapuchados en mítines dentro de las sedes
universitarias, específicamente, en la Universidad Distrital de Bogotá.
La denuncia llevó al DAS, la central de inteligencia del Estado, a
advertir que las FARC se infiltran en los centros docentes y el
movimiento estudiantil, para "demostrar su trabajo político y dar a
conocer sus ideas en las juventudes".
La senadora Parody se rasgó entonces las vestiduras y afirmó que en
sus tiempos de universitaria jamás vio a ningún estudiante defendiendo
sus ideas con capuchas. Claro, hay que tener en cuenta que la senadora
estudio en la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, donde nunca se
ven ni se verán capuchas o encapuchados; ni siquiera capuchinos, sólo
los jesuitas dueños de la educación en Colombia. Donde la presencia del
DAS y de otros organismos de inteligencia es innecesaria. Ella no
estudió en la nacional, ni el la distrital, ni en la Pedagógica, ni en
ninguna universidad pública, donde tantos estudiantes revoltosos deben
ser tenidos a raya.
Las acusaciones indicaban que, con la aquiescencia de las
directivas, se estaban propiciando actos subversivos en los centros de
educación superior, sobre todo, en los de carácter público.
Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital (ex
constituyente, ex contralor del país y ex director del Bando de la
República), frente a la avalancha de críticas e insinuaciones, indicó
que “nos vimos precisados a salir al debate público y a presentar
cuatro argumentos: primero, en la universidad hay libertad de expresión
y cualquiera tiene el derecho a exponer sus ideas; segundo, el uso de
capuchas no es necesariamente motivo de alarma, pues puede deberse a
razones de seguridad y a precaver persecuciones contra quienes
disienten; tercero, fueron expresiones pacíficas de ideas. Y un cuarto
argumento, o más bien, un comentario a tener en cuenta, fue llamar la
atención sobre lo peligroso de “macartizar” la Universidad Pública”.
Opinan sobre el exabrupto
“Esto a lo mejor ni el propio fiscal general debe saberlo. Esa es
una orden bastante arbitraria. No se pueden hacer investigaciones
indeterminadas porque eso sería el desvío de poder", manifestó Alfonso
Gómez Mendez, ex fiscal y precandidato liberal.
“Es un exabrupto de la Fiscalía. Más bien es una cacería de brujas,
donde se busca hacer una redada abstracta en las universidades buscando
a aquellos que tienen un pensamiento contrario del Gobierno”, señaló
Parmenio Cuellar, ex ministro de Justicia y ex gobernador de Nariño,
quien agregó que “en ese proceso, seguramente, los investigadores ya
tienen en mente a quien perseguir o a quienes capturar”.
“Lo correcto es que si la Fiscalía sospecha de algunas personas
pregunten por cada una de ellas, y no comprometer a estudiantes y
docentes”, dijo Pedro Herrera, presidente del Sindicato de Profesores
Universitarios. “Con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la
totalidad de la comunidad estudiantil”.
Andrés Paredes, en su charla con YVKE, señaló que “las
universidades son un bastión importante en términos de la construcción
de ideas. Creemos en la batalla de ideas, y en los campos
universitarios vivimos eso. Esto nos lleva a no estar de acuerdo y
confrontar algunas políticas del gobierno”.
“En las últimas investigaciones que hemos hecho desde la ACEU”,
complementó el dirigente estudiantil, “hemos descubierto que en los
últimos 3 años han asesinado 15 dirigentes estudiantiles, muchos han
sido desplazados y más de 100 estudiantes están amenazados”.
Argentina, para no olvidar el presente colombiano
Las numerosas fichas y los expedientes sobre estudiantes, hallados
hace algunos años en la Argentina, han revelado el grado de
sistematización, coordinación y organización de la persecución
ideológica, que la última dictadura militar montó sobre las
universidades públicas y hasta privadas de todo el país. Una
universidad alertaba al resto de los alumnos suspendidos, sancionados o
expulsados por actividades subversivas. Era un sistema aceitado: la
facultad informaba al rectorado, éste al sistema universitario y de
allí, al resto.
A 32 años del golpe, se siguen desclasificado documentos y hallando
nuevas historias, nombres y conexiones de lo que se ha llamado el “Plan
Cóndor Universitario”, un circuito de información que daba cuenta del
comportamiento y la militancia de los estudiantes de todas las casas de
estudio de la Argentina.
La revisión de los datos y la sistematización de la información
universitaria, condujo en el país austral a un grado de control
descabellado, hallándose incluso requerimientos de las comisarías
exigiendo a las autoridades educativas que remitieran informes sobre
los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca.
En los cruces de datos, los investigadores han encontrado hasta el
momento 20 estudiantes desaparecidos sólo de la Facultad de Periodismo
y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP). Pero se trató de un sistema represivo y criminal que se
extendió a todo el país.
Las coincidencias vistas ahora Colombia con los pasos iniciales de
ese aciago recorrido dado en Argentina durante los años de la dictadura
militar, no son coincidencias. Son acciones típicas y medidas
calculadas por parte de aquellos gobiernos que tienen mucho que tapar y
mucho que acallar.
La solidaridad necesaria
“Varias investigaciones de las organizaciones estudiantiles
colombianas muestran el grado de represión que ha representado el
gobierno del presidente Uribe para el movimiento estudiantil
universitario”, dijo Andrés Paredes, de la ACEU.
En un país en el que hay que “tragar entero” y “comer callado”, el
que opina pierde, el que habla queda marcado y el que protesta se
muere.
Los estudiantes de las universidades públicas, más que por las
“pruebas fehacientes” de la reciente parodia, que sí lo fueran de hecho
originarían investigaciones judiciales concretas y no estas ráfagas de
metralla preventivas y amedrentadoras, han sido en Colombia un sector
difícil para el gobierno del presidente Uribe.
“Por eso es muy importante la denuncia de los hechos de violación
de los derechos humanos de la población estudiantil, y que se pueda
despertar la solidaridad con respecto a nuestro movimiento”, concluye
el dirigente estudiantil.
Una piedra en el zapato tan molesta como los indígenas, los
sindicatos, los trabajadores, los desempleados. Y como todo el resto
del país que no hace parte del 80% o 90% de los 2000 o 5000 encuestados
entre aquel segmento de ciudadanos (porque son de ciudad), que a lo
sumo alcanza el 10% de la población total del país, por lo general,
beneficiarios de Uribe o beneficiados con él, que creen que su
presidente hace las cosas entre bien y muy bien.