Santa Cruz, 29 oct (ABI).- La destrucción de al menos 150 viviendas destinadas a gente pobre, en el municipio de Warnes, fue motivada por Gabriel Camacho Cuéllar y su abogado Otto Richter, con el único objetivo de evitar la devaluación de un proyecto inmobiliario millonario, denunció este miércoles la representante Presidencial, Gabriela Montaño.

“Ya había amenazado (Camacho propietario de terrenos colindantes) que no iba a permitir que familias pobres del plan de vivienda solidaria vivan cerca de sus terrenos porque bajaban el rédito económico de sus terrenos”, afirmó Montaño quien anunció procesos penales contra los autores de este atentado contra familias pobres.

A las 10.00 del martes maquinaria pesas del municipio de Santa Cruz llegó al ligar para proceder a la demolición de las viviendas en fase terminal de construcción en la urbanización La Comarca, situada a 9 kilómetros en el límite entre los municipios de Warnes y la cruceña, lo que le obligó al alcalde Percy Fernández destituir a seis funcionarios de alto rango, entre ellos la hermana del prefecto Rubén Costas, María E Costas.

La Representante Presidencial de Santa Cruz identificó al propietario de terrenos colindantes en el lugar Hermán Gabriel Camacho Cuellar y su abogado Otto Richter, como los responsables que presionaron a la Alcaldía cruceña para evitar que familias pobres vivan cerca de las viviendas lujosas que este construye en sus terrenos.

Según la autoridad, existe un proyecto para la construcción de un condominio para casas lujosas.

“Su abogado Otto Richter, ha ejercido una influencia sobre los funcionarios de la Alcaldía para que estos funcionarios procedan a la destrucción de estas viviendas”, señaló.

Este hecho generó la molestia del Burgomaestre cruceño que destituyó a los oficiales mayores de Planificación y de Defensa Ciudadana, Álvaro Mier y Herland Vhiestrox; de la directora de Regulación Urbana, María E. Costas; jefa de Control de Edificaciones, Isabel Vera; director de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gómez, y del comandante de la Guardia Municipal, Adolfo García.

Además, según El Deber, el Alcalde determinó que los documentos referidos a la demolición de las casas sean remitidos al Ministerio Público para la investigación del caso.

Al respecto, el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, designó a los fiscales José Centenaro, Álex Osinaga y Antonio Abella para que lleven adelante este proceso.

Las viviendas demolidas formaban parte del Plan Nacional de Vivienda, impulsado por el Gobierno.

Álvaro Mier señaló que el problema “era eminentemente técnico y no político”.

Por su parte, el alcalde de Warnes, Nils Carmona, y los representantes de la empresa también introdujeron una demanda en la Fiscalía por daños causados al municipio y a los adjudicatarios.

ANTECEDENTES

El conflicto jurisdiccional se inició el pasado 17 de enero, cuando la Alcaldía cruceña emitió la orden de demolición.

La medida fue dejada en suspenso tres meses después, cuando los representantes de Santa Cruz de la Sierra y Warnes intentaron una conciliación, que fue gestionada por la Prefectura.

En esa oportunidad, la empresa constructora y las autoridades warneñas también se comprometieron a paralizar la construcción hasta que se definieran los límites municipales.

No obstante, el abogado de los adjudicatarios de las viviendas, Marco Soraire, aseguró que reiniciaron los trabajos amparados en un fallo emitido, el 27 de junio por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia, que prohibía la demolición de las casas.

Sin embargo, Isabel Vera insistió en que el documento conciliatorio suscrito entre las partes era claro y se tenían que cumplir los acuerdos.

A su vez, Mier mostró un certificado emitido por el gobierno municipal de Warnes, del 10 de diciembre de 2007, que indica que los terrenos de la urbanización La Comarca están fuera de la jurisdicción de la primera sección de la provincia Warnes.

Además, se respaldó en la Resolución Suprema 221842, de junio de 2003, en la que el Gobierno aprueba el Plan Director de la ciudad, elaborado por el Plan Regulador.

Sin embargo, el encargado del Plan de Viviendas del Gobierno, Rubén Ordóñez, dijo que el proyecto tenía la aprobación de la Alcaldía de Warnes, donde, según él, se encuentran en terrenos que están siendo urbanizados.

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