La denuncia la hizo una campesina que "escapó a una incursión militar en el caserío de Pichis donde llegaron militares el 14 de septiembre en una acción por aire y tierra, disparando y lanzando cohetes", dijo a la AFP Yúber Alarcón, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho.

La mujer, Lucy Pichardo Fernández, teme que su esposo, otros cinco familiares -dos niños entre ellos- y cinco madereros hayan sido asesinados por los militares, añadió Alarcón.

Paula Capcha, abogada de la campesina, dijo que ha presentado denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la fiscalía de Ayacucho, así como un habeas corpus para que las autoridades brinden información en el menor tiempo posible.

"No sabemos hasta ahora si han sido asesinados o secuestrados, por eso los familiares quieren saber el paradero de sus seres queridos", subrayó Capcha consultada por la AFP.

Patrullas militares realizan desde agosto operaciones de búsqueda de una columna armada, considerada un remanente de Sendero Luminoso -organización derrotada a mediados de la década pasada- y que se refugia en la ceja de selva del sudeste de Perú.

El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, rechazó las acusaciones y dijo que ninguno de los familiares de la campesina Pichardo ni los madereros, cuyas desapariciones se denuncia, han sido detenidos por el ejército, según información que le proporcionó el comando militar que actúa en la zona.

"No se ha bombardeado absolutamente nada, las fuerzas armadas respetan los derechos humanos; ha habido sí un raqueteo (lanzamiento de cohetes rockets) en partes donde estaban los terroristas pero que no eran centros poblados", declaró a la emisora limeña CPN.

El ministro anotó que "sería suicida" incurrir en violaciones a los derechos humanos al subrayar que en la fecha en que supuestamente se produjeron las desapariciones "hubo intercambio de fuego" pues se trata de una porción del país donde los rezagos senderistas operan en alianza con narcotraficantes.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en un comunicado rechazó las versiones que acusan a las fuerzas armadas de desapariciones.

En la nota difundida este martes la CCFFAA "rechaza las versiones relacionadas a que el personal militar comprometido en las operaciones, haya efectuado desapariciones forzadas, que insinuarían la violación de los derechos humanos".

La institución sostuvo que las organizaciones delincuenciales narcoterroristas recurren al ardid de denunciar desapariciones forzadas de sus integrantes caídos en acción de armas para desprestigiar a los militares.

El Consejero Regional de la provincia de Huanta, en Ayacucho, Zacarías Morales Castillo, refirió que los habitantes de poblados de la zona se quejan de que son acusados falsamente de tener vínculos con Sendero Luminoso y el narcotráfico.

Alarcón y Capcha subrayaron que los campesinos desaparecidos no tienen ninguna relación con la columna senderista que actúa en la región, a la vez que denunciaron que son violentamente obligados a desplazarse a otros pueblos.

Se estima que los senderistas activos en Vizcatán y en sectores de la selva central del país no superan los 150 hombres y no son un peligro para la seguridad nacional.

Sendero Luminoso, cuyos líderes están encarcelados o muertos, desató un conflicto interno que entre 1980 y 2000 dejó 70.000 muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que analizó el conflicto.