Bogotá, 29 mayo 08.- Al finalizar el mes de mayo el duro invierno y el temblor de tierra completan la cifra de más de 130 mil afectados en diferentes regiones de Colombia, sin que se vean por algún lado las soluciones de fondo a este drama que se une a la situación pobreza extrema de la mayoría de estos hogares.

Según fuentes de organismos que atienden las emergencias han muerto en el país 16 personas y 5 desaparecidas, varias decenas están heridas. Un total de 107 municipios de Colombia ubicados en 27 departamentos de la nación han sufrido el azote de estos fenómenos naturales, en los cuales ha quedado evidenciada la inoperancia de las autoridades en cuanto a la prevención de catástrofes y en reubicación de las familias.

Expertos han denunciado que los ríos más importantes de Colombia (El Magdalena, Cauca, Sinú, Atrato, Bogotá, entre otros) no son objeto de dragado o canalizaciones desde hace muchos años. Miles de familias desplazadas por el conflicto armado interno, en medio de la miseria no conocen soluciones de vivienda oficial por lo que acuden a la extrema medida de construir sus ranchos en las orillas de ríos caudalosos o en laderas de las montañas, zonas calificadas como de “alto riesgo”, pero ante esta situación las autoridades en todos los niveles se hacen sordos, ciegos y mudos, siendo miles de colombianos y colombianas víctimas de la furia natural.

El Gobierno atiende la guerra no a la gente

Mientras decenas de miles de colombianas y colombianos se hunden en el fango de la miseria a causa de los estragos naturales, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez aprueba presupuestos para sostener la política de “seguridad democrática” que no es más que una guerra interna contra las organizaciones populares, sindicales, encubierta bajo el lenguaje contra la guerrilla.

Según informe del periódico VOZ en la guerra se gastan hoy en Colombia 22.21 billones de pesos, un 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB. El PIB colombiano asciende actualmente a 351.2 billones. Si el Estado destinara a educación y salud el total del gasto militar, con ese dinero podrían construirse 3.666 escuelas y 220 hospitales de tercero y cuarto nivel.

De acuerdo a un estudio efectuado por los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín este año, de los 566.084 cargos que el Estado atiende con destino al presupuesto central. 459.687 son absorbidos por funcionarios públicos destinados a las labores de Defensa y Seguridad. La inversión militar para el 2008 se estima en 3.56 billones de pesos, de los cuales 2.3 billones están destinados a compra de equipo militar.

La instrumentación de la política de "seguridad democrática", bandera programática del mandato del presidente Álvaro Uribe, ha disparado el gasto público. Entre 1991 y 2006 los recursos para Defensa pasaron del 1.8 por ciento al 4.5 por ciento. El impuesto de guerra, señalado como instrumento para respaldar la "seguridad democrática" recaudó en el 2002, 2.48 billones de pesos.

En medio de ese ambiente de guerra impuesto en Colombia por orden del gobierno de la inseguridad democrática los damnificados tienen que chocar con escenas como la de los soldados armados hasta los dientes que son enviados a la población de Quetame, Departamento de Cundinamarca, no a auxiliar o a llevar ayudas, sino a entregar hojas volantes ofreciendo mil millonarias recompensas a quienes delaten a los líderes rebeldes de las FARC.

Frente al abandono oficial, los miles damnificados resuelven el sustento diario gracias a la colaboración y ayudas que obtienen a través de las recolectas públicas o abrigándose en casa de amigos o familiares.