Caracas, 12 May. ABN.- La renuncia de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República de Colombia, así como su sometimiento a la justicia de ese país, fueron consideradas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un comunicado emitido por el secretariado del Estado Mayor Central de este grupo insurgente.

En un total de trece puntos tratados en la misiva, las Farc consideran que la reelección de Uribe al frente de la Magistratura colombiana es producto de un delito, al recordar que existen denuncias que señalan a los ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretel, y de Protección Social, Diego Palacios; quienes le ofrecieron la dirección de dos entes regionales del Estado y un consulado a cambio de su voto por la reelección presidencial consecutiva.

La agrupación insurgente además destaca en el documento los testimonios del ex jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien en varias oportunidades ha reiterado ante la Fiscalía General de la nación neogranadina que los votos que llevaron al senado al primo del Presidente y jefe del partido uribista, señor Mario Uribe Escobar, fueron producto de la coerción paramilitar contra los electores.

Mancuso además ha asegurado que al igual que los votos de los congresistas vinculados al escándalo de la parapolítica, en el que un grupo de parlamentarios de la bancada uribista se ha visto vinculado a grupos paramilitares de ultraderecha, los del senador Uribe Escobar contribuyeron también a la elección del Presidente.

El mando de las Farc además resaltó que 99% de los representantes y senadores encarcelados por sus nexos con el paramilitarismo son uribistas o copartidarios del Presidente, “situación en la que se ha hecho notorio que la prisión se ha convertido en sede alterna del Congreso colombiano”.

Asimismo, el documento reseña también el fraude electoral a favor de Uribe Vélez, que organizó el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, en coordinación con el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

“Está plenamente establecido que Noguera, hombre de estricta confianza de Uribe, entregaba a los paramilitares los listados de sindicalistas y dirigentes populares para que fueran asesinados. Este mismo funcionario organizó el envío de más de 100 paramilitares a Caracas con la misión de matar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez”, reza el texto.

La ex ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, fue nombrada por Uribe titular de esa cartera como cuota del narco paramilitar Jorge 40.

Uribe toleró desde el robo del presupuesto de la nación por los distintos bloques paramilitares. Fue cómplice del robo de los recursos de la salud y les permitió recaudar impuestos y financiarse con los contratos del Estado.

Como en las vendettas gansteriles, el “Doptor Varito” -como llamaba cariñosamente el capo Pablo Escobar a Uribe- se deshizo de su antiguo secretario en de Antioquia, Pedro Juan Moreno, en un misterioso accidente de helicóptero. Promotores del paramilitarismo y de su legalización a través de las tenebrosas Cooperativas Convivir, terminaron distanciados por desavenencias burocráticas en torno al Ministerio de Defensa.

El jefe paramilitar Francisco Villalba, testimonia que Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, estuvo entre quienes autorizaron la masacre de El Aro ocurrida en 1997. Santiago Uribe, hermano del Presidente, ha sido identificado como uno de los 12 apóstoles del paramilitarismo, ordenadores de masacres.

Entre otras cosas, las Farc consideran que Uribe Vélez actúa como abogado de los paramilitares ante a los criminales y que el mismo “ataca desde la presidencia las decisiones de los magistrados, porque a veces éstas obstruyen su determinación de dejar en la total impunidad los crímenes de lesa humanidad del paramilitarismo”.

“Uribe debe renunciar por corrupción. En una injusticia que clama al cielo pretendió entregar a poderosos empresarios agrícolas el predio Carimagua destinado inicialmente a familias campesinas desplazadas por el paramilitarismo. El afrentoso argumento de su ministro de agricultura era que los empresarios tenían “músculo financiero” mientras los pobres campesinos, no”, añade el comunicado.

El secretariado de las Farc además destaca que el actual Mandatario colombiano sostiene como vocero oficial del Palacio de Nariño a José Obdulio Gaviria, instigador permanente de la guerra sucia y primo del mafioso Pablo Escobar Gaviria.

José Obdulio Gaviria es señalado por ser el responsable de ataques y acusaciones contra los organizadores de la marcha del pasado 6 de marzo contra los crímenes del paramilitarismo de Estado, los cuales provocaron la muerte de varios líderes populares.

“Este Estado terrorista y pendenciero ha puesto además en peligro la paz y la estabilidad de la región, cumpliendo el denigrante papel de peón del gobierno de los Estados Unidos”, señalan las Farc.

“A la institucionalidad podrida debe oponerse una nueva institucionalidad. Nadie está obligado a la obediencia a un régimen oprobioso, mil veces ilegítimo. El Libertador Simón Bolívar nos enseña que “cuando el poder es opresor, la virtud tiene derecho a anonadarlo”, puntualiza el grupo guerrillero.

En ese sentido, exhortan a los militares patriotas y bolivarianos a “retomar la senda del Libertador y a construir junto al pueblo y la guerrilla una nueva alternativa de poder. Necesaria es la desobediencia ciudadana, reactivar las grandes marchas populares y los paros cívicos y la huelga general que den al traste con este régimen espurio. Sigamos trabajando un Gran Acuerdo Nacional hacia un gobierno provisional que instrumente una salida legítima a la crisis del Estado colombiano. Necesitamos un nuevo gobierno que abra las puertas a la anhelada paz con justicia social, refrendada ésta por una Asamblea Nacional Constituyente”.