23 Feb. 08.-Como deben mostrar resultados, por encima de la población civil como la indígena, el Ejercito Nacional bombardea territorios ancestrales, dentro del marco de la Política de Seguridad Democrática.
Sólo en este mes se han presentado dos casos que demuestran la intromisión del Ejército Nacional y de otros actores armados en territorios colectivos indígenas y violación flagrante del DIH; más de mil 200 indígenas del Cabildo de Huila – en el Municipio de Tierradentro, Departamento del Cauca desde el pasado 12 de febrero padecen el rigor de los enfrentamientos de la Fuerza Pública con grupos subversivos, específicamente en los sitios Alto de San Miguel, la vereda de Huila, vereda Caloto y Llano Buco.
Este hecho provocó el desplazamiento masivo de más 700 indígenas a la Mesa de Caloto y en el sitio de Tafxnu, vereda de Naranja Resguardo de Tálaga, sitio estratégico para salvaguardarse tanto de la avalancha del Paez, como del fuego cruzado por los enfrentamientos, que vienen padeciendo desde hace mas de un año; a este hecho se le suma el tener que convivir forzosamente con la fuerza pública, ya que se encuentra dentro de los sitios de asambleas permanente de la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas, tal como se registra la muerte del estudiante Omar Henry Silva y las heridas por minas antipersonales a los comuneros Leonel Finscue, Andrés Atillo y Félix Cucha.
Otro caso se registró el 8 de Febrero, en las comunidades de La Isla en el resguardo Murindó - Antioquia y Coredo en el resguardo Jiguamiandó Chocó, lo cual verificado en terreno y denunciado en comunicado público por la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó y corroborado por las autoridades indígenas, quienes afirman que “a partir de las 3:30 p.m. de ese día apareció un avión militar sobrevolando las comunidades, seguido de dos aviones de guerra ametrallando y bombardeando los cementerios de ambas comunidades, lo que produjo un cráter de 4 metros de diámetros y dos metros de profundidad, una tumba totalmente destruida, lo cual es una flagrante profanación de un lugar sagrado; dos bombas cayeron a penas 200 metros de las casas, produciéndole sordera a una mujer, y asfixia y vómito a menores, perdidas de sus animales domésticos y la zozobra en toda la región, cuyo sustento es la caza y la pesca”.
¿Porque es una zona de disputa del Ejercito Nacional, Paras y FARC?, porque son vecinos del proyecto de Palmiferos de Curvaradó y Jiguamiandó, y para colmo de males, la comunidad de Coredosito, de más de 120 indígenas Embera Katios está sentada sobre y al lado del Cerro Cara de Perro, epicentro de la Mina de Oro y Cobre, que esta asignada por el Gobierno Nacional a la Muriel Mining Corporation de Estados Unidos de Colombia.
Estos actos es una clara violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y del DIH, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, se suma al rechazo de las violaciones del derecho a la vida, al territorio y a la libre movilización, pero sobre todo por el irrespeto a los territorios ancestrales; por ello exigimos a las autoridades del gobierno que tomen medidas y garanticen eficazmente nuestros derechos y el desarrollo de nuestras actividades en nuestros territorios según nuestros usos y costumbres.
Exigimos como siempre, la desmilitarización de los territorios indígenas, de todos los actores armados, legales e ilegales, y al gobierno una salida política y dialogada al conflicto armado, para que nuestros territorios no sigan siendo escenarios de enfrentamientos bélicos.
Solicitamos la solidaridad de la comunidad nacional, las organizaciones de derechos humanos y demás organizaciones sociales para denunciar las afectaciones que somos víctimas y a la comunidad internacional una verificación en terreno de los hechos denunciados.
