Bogotá- Con relación al fallo del Consejo de Estado que ordenó indemnizar a la familia del dirigente de la Unión Patriótica (UP) Pedro Malagón, asesinado en 1996,
el abogado Ramiro Orjuela Aguilar señaló que la decisión es un reconocimiento del alto tribunal del estado de la desprotección a los militantes del movimiento político UP. “Este fallo tendrá grandes e importantes repercusiones por la demanda internacional que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el estado colombiano por el genocidio de la UP y el PCC” acotó.
En otros casos como los de los dirigentes upecistas James Barrero, Miller Chacón y Manuel Cepeda Vargas los tribunales han reconocido igualmente la negligencia del estado, la inoperancia y sobretodo, su total desprecio por la vida de los compañeros de la UP, destacó.
Además se reconoce que las fuerzas militares no solo omitieron la vigilancia, el cuidado y la protección al diputado, sino, que de alguna manera se admite la participación directa de las fuerzas de seguridad del estado en el crimen, una de las pruebas invocadas por la defensa es la resolución de la Procuraduría en donde sanciona a un teniente de apellido Salazar por haberle ofrecido dinero a un escolta de Malagón para que lo dejara matar, afirmó Orjuela.
En cuanto al asesinato de Malagón la sentencia del alto tribunal expresa que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tuvo 'responsabilidad por omisión' en la muerte del dirigente político.
