La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) destruyó cintas de vídeo que contenían grabaciones con interrogatorios realizados en 2002 a supuestos "terroristas", por temor a que las filmaciones se filtraran a la opinión pública y se comprometieran las identidades de los agentes que participaron en esas sesiones, publicó este viernes el diario The New York Times.

Citando a antiguos y actuales responsables gubernamentales, el diario afirma que los vídeos mostraban a agentes de la CIA practicando, en 2002, "duras técnicas de interrogatorio" a sospechosos de terrorismo.

Tras saber que el diario neoyorquino iba a publicar la información, el director de la CIA, Michael Hayden, reconoció el jueves, en una carta dirigida a sus empleados, la destrucción del material.

"La decisión de destruir los vídeos se tomó para proteger la seguridad de agentes bajo cobertura y porque ya no tienen valor", dijo Hayden según el diario.

En la misiva, el jefe de la inteligencia estadounidense aseguró que su oficina informó al Comité de Inteligencia del Congreso de EEUU no sólo de la existencia de las cintas, sino también de sus intensiones de destruirlas.

Hayden también señaló que la CIA grabó los interrogatorios para supuestamente garantizar que no se violaban los derechos humanos, luego que el presidente George W. Bush autorizara métodos de tortura para extraerle información a los sospechosos de supuesto terrorismo, entre los que se incluye el polémico waterboarding, técnica mediante el cual sumergen la cabeza del interrogado en agua para hacerle creer que será ahogado.

Asimismo afirma que el comité interno de supervisión de la CIA vio las cintas en 2003, en las que entre otros métodos se les practicaba el waterboarding al interrogado, y verificó que las técnicas empleadas eran legales, por lo que, en "ausencia de cualquier razón legal o interna para guardarlas", fueron desechadas en 2005.

"Las cintas guardaban un serio riesgo de seguridad. Si hubieran trascendido a la opinión pública, habrían permitido la identificación de nuestros compañeros en la CIA que trabajaron con el programa (de Bush) y habría expuesto a ellos y a sus familias a represalias de Al Qaeda y sus simpatizantes", argumentó Hayden, quien en octubre pasado defendió los métodos de tortura utilizados por la administración Bush.

El gobierno de Estados Unidos ha sido muy cuestionado por torturar a sus detenidos por presunto terrorismo.

Polémicos son los casos de el ex ministro de Justicia de Estados Unidos (EEUU) Alberto González (2005-2007), quien renunció tras un escándalo por el despido de ocho fiscales federales, y quien, según reveló el diario estadounidense The New York Times, respaldó en secreto el uso de técnicas tortuosas en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.

Además, el tema de la tortura fue precisamente lo que le complicó el camino al ex juez Michael Mukasey para obtener el cargo de secretario de Justicia de EEUU. Pero, pese a la polémica que generó por negarse a repudiar métodos de tortura utilizado por efectivos militares de EEUU, bajo el consentimiento de la Casa Blanca, Mukasey se convirtió en noviembre pasado en el sucesor de Alberto González.

El apoyo a la tortura en el gobierno de Washington se evidenció también cuando el pasado mes de agosto un jurado militar de EEUU absolvió al teniente coronel Steven Jordan, jefe de la unidad de interrogatorios de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, de varios cargos por los abusos cometidos contra los prisioneros del recinto carcelario utilizado para prácticas tortuosas.

Jordan estaba acusado de cuatro cargos: Crueldad y maltrato al forzar a los reos a desnudarse e intimidarlos con perros; abandonar el deber de entrenar y supervisar adecuadamente a los soldados respecto a las reglas de interrogatorio; y desobedecer a un general que le pidió discreción sobre los abusos en Abu Ghraib.

En 2005 salieron a la luz pública unas fotografías que mostraban prisioneros desnudos, atados, encadenados, humillados sexualmente o intimidados con perros por parte de soldados estadounidenses en Irak.

Cientos de personas han condenado las torturas a las que son sometidas miles de personas en todo el mundo, sobre todo en las bases estadounidenses de Guatánamo, en Cuba, y Abu Graid en Irak, que Washington utiliza para prácticas violatorias de los derechos humanos.

El Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe atentar contra la vida y la integridad corporal en todas sus formas, incluidas la tortura, mientras que la Convención contra la Tortura de la ONU de 1987 define como tortura todo acto por el cual intencionalmente se cause sufrimiento grave a una persona para obtener información o una confesión.

Aunque existen en EEUU leyes en materia de tortura, como el proyecto de ley que el Congreso aprobó en 2006, por iniciativa del senador John McCain, quien fue torturado durante la Guerra de Vietnam, que prohibía "el trato cruel, inhumano o degradante a los detenidos por EE UU", o como el reconocimiento del Convenio de Ginebra por parte del Ejército estadounidense, que además prohibió los simulacros de ejecución y de ahogamiento, las prácticas tortuosas contra personas detenidas por Washington se mantienen en secreto.