Decidido a obtener la liberación de Ingrid Betancourt, prisionera desde febrero de 2002 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, Nicolás Sarkozy dialogó, a comienzos de mayo pasado, con su homólogo colombiano Álvaro Uribe. A pedido –al parecer– del presidente francés, y con el propósito de obligar a la guerrilla a un “intercambio humanitario” bajo condiciones impuestas por su gobierno, Uribe tomó entonces una decisión espectacular: liberó a Rodrigo Granda, considerado el “Ministro de Relaciones Exteriores de las Farc”, a quien sus servicios secretos habían secuestrado clandestinamente en Caracas hace dos años y medio. El 19 de junio pasado, Granda fue autorizado a viajar a Cuba “para realizar gestiones en favor de la paz”. Desde entonces, se negó a establecer cualquier contacto con la prensa internacional, con una sola excepción: Le Monde diplomatique. En su residencia secreta de La Habana, Granda recibió a nuestro jefe de redacción, a quien confió, en exclusiva mundial, su análisis de los recientes acontecimientos.

Caracas, 13 de diciembre de 2004, 15:55 horas. La secuencia parece filmada en Hollywood: teléfono celular en mano, Rodrigo Granda sale de un café cercano a la estación del Metro Bellas Artes. Empujones. Un grupo de hombres lo obliga a subirse a un jeep Cherokee. Le colocan una capucha en la cabeza y esposas en las manos detrás de la espalda. Por su acento paisa (1), Granda adivina la presencia de dos colombianos. En el asiento trasero, lo rodean dos venezolanos. Luego de un corto trayecto, lo encierran brutalmente en el baúl de otro automóvil. Una ruta interminable. Varios cambios de vehículo -y de baúles- en medio de la noche. Hasta la frontera...

A la mañana siguiente, el 15 de diciembre, el comandante de la policía colombiana Jorge Daniel Castro anunciaba que sus hombres habían capturado “en Cúcuta, Colombia”, a un “pez gordo” de las Farc, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Granda era un desconocido para los colombianos. No para sus servicios de inteligencia, que lo buscaban desde hacía años. Lo consideran el “ministro de relaciones exteriores” de las Farc. “Eso es un invento de los periodistas -señala sonriente en La Habana, donde lo entrevistamos-. El verdadero Ministro de Relaciones Exteriores de las Farc es Raúl Reyes, jefe de la Comisión Internacional”. Quien combate en la clandestinidad, en algún lugar de Colombia.

En los años 1980, Granda fue miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica (UP), partido legal de oposición diezmado (3.000 muertos) por los paramilitares. “Fui víctima de atentados en Bogotá, en Medellín. Como a todos los miembros de la UP, me expulsaron de la vida política a los tiros”. Combatir y vivir, o sufrir y morir. Él eligió, y se unió a “la insurgencia”. En 1987, en representación de la Comisión Internacional de las Farc, abandonó Colombia e inició en numerosos países una intensa actividad diplomática ante dirigentes, gobiernos, personalidades, periodistas. “Este último tiempo, teníamos tres objetivos: el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante (figuran en la lista de organizaciones terroristas desde 2001), la búsqueda de una solución política al conflicto en Colombia, y contactos con vistas a un intercambio humanitario”; 56 “presos políticos” de las Farc (entre ellos, Ingrid Betancourt) a cambio de 450 a 500 guerrilleros detenidos por el gobierno de Álvaro Uribe.

Secuestro en Caracas

En 2004, a Granda se lo vio en Caracas, en ocasión del Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (del 2 al 7 de diciembre). El 8 y 9 de diciembre de ese año, en esa misma ciudad, participó también del II Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde denunció el Plan Colombia (2). El 13, en el momento de ser secuestrado, concedía una entrevista a un periodista colombiano en un café de la capital venezolana, y había salido de allí para responder más tranquilo a un llamado telefónico. Los testigos alertaron inmediatamente. Granda no pudo ser detenido en Cúcuta, Colombia. Acababa de ser secuestrado. En Venezuela.

Gran conmoción en Caracas. Y gran confusión. La oposición venezolana se apoderó del caso. ¿Quién invitó a un “terrorista” a participar de estos encuentros? ¡El gobierno de Hugo Chávez, lógicamente! El Ministro del Interior, Jesse Chacón, desmintió que sus servicios supieran de su presencia. Tres años más tarde, a su modo, Granda lo confirma. Nadie lo había invitado. “Algunos amigos bolivarianos consideran que los insurgentes colombianos no deben participar en este tipo de encuentros. Lo que es absurdo. Bolívar nunca necesitó pasaporte para pasar de Venezuela a Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. Fue el primer internacionalista”.

En esa época, una investigación reveló la operación, organizada por la policía y el ejército colombianos, con la complicidad, del lado venezolano, de dos oficiales corruptos del Grupo de Acciones Especiales de la Guardia Nacional (Gaes) y tres guardias nacionales; un millón de dólares son difíciles de rechazar. Mientras tanto, atribuyendo el secuestro a la Dirección de Seguridad, Información y Prevención (DISIP, los servicios secretos venezolanos), un grupo de personalidades solicitaba “respetuosamente” al presidente Hugo Chávez que “limpiara” sus fuerzas de seguridad. Lo que provocó irritación en el entorno presidencial: “Este lamentable caso nos demuestra que todavía no controlamos todo el aparato del Estado. Pero no queremos saber nada con las Farc ni ninguna organización que pretenda imponer la revolución por las armas. Es de interés de la revolución bolivariana mantenerse al margen de estos grupos” (3). Unas semanas antes, la responsable de la diplomacia estadounidense, Condoleezza Rice, había acusado a Caracas de ser un “nido de terroristas”.

Tanto Bogotá como Washington intentaron matar dos pájaros de un tiro. “Al llegar a Cúcuta, cuenta el comandante Granda, me ofrecieron mucho dinero, la libertad, pasaportes para mí y mi familia, con una condición: que implicara a Chávez. Debía decir que protegía a las Farc y que yo recibía ayuda de su gobierno”. Se negó categóricamente. Por su parte, al comprobar que no existía ninguna orden de detención de Interpol respecto de Granda, el presidente venezolano acusó a Bogotá de haber “violado la soberanía nacional”, retiró a su embajador y suspendió las relaciones comerciales con Colombia (4).

Durante su proceso, Granda pensó en renunciar a defenderse. Uno de sus abogados sobrevivió milagrosamente a cinco disparos. “Para los defensores de la gente de las Farc, es muy difícil. Muchas amenazas, presiones, vigilancias, escuchas telefónicas. Y ninguna garantía judicial. Les decía: “¿Por qué avalamos una justicia que, en realidad, no existe?”. Seis años por rebelión, quince años por terrorismo, veintiún años de prisión en total. “Reconocí mi condición de rebelde. No la de terrorista”. Entre los guerrilleros con los que se encontró en una cárcel de alta seguridad, algunos tenían sentencias firmes de 60 u 80 años, aun cuando la pena máxima, en Colombia, no puede superar los 40 años. “De ahí la necesidad, para las Farc, de utilizar métodos no necesariamente ortodoxos para recuperar a sus guerrilleros encarcelados. De ahí la cuestión vital del intercambio humanitario...”.

Uribe cree que gana la guerra (Subtítulo del Editor)

El presidente Álvaro Uribe cree poder ganar una guerra que lleva sesenta años, sin discutir con nadie. Desde su llegada al poder en 2002 (fue reelecto por un nuevo mandato de cuatro años en mayo de 2006), rechaza categóricamente el famoso “Intercambio Humanitario”.

Con los “terroristas” no se negocia. Pero de un tiempo a esta parte, Uribe se encuentra en una situación delicada, envuelto en el escándalo denominado de la “parapolítica”. La justicia colombiana examina más de cien casos de presunta colusión entre los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y representantes del Estado. Investiga los fraudes organizados por unos y otros en las elecciones que llevaron a Uribe al poder.

La crisis ya provocó la caída de la Ministra de Relaciones Exteriores María Consuelo Araujo, cuyo hermano y padre fueron acusados. Dos gobernadores (de los departamentos de César y Magdalena), catorce diputados y senadores -todos "uribistas”- fueron encarcelados, otros cinco tienen orden de detención. El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (Das, policía política), Jorge Noguera, jefe de campaña del candidato Uribe en el departamento de Magdalena, fue encarcelado. El director de la Policía Nacional, general Jorge José Castro -el mismo que en Cúcuta le pedía a Granda que “implicara” al presidente Chávez-, y el del Servicio de Inteligencia de la Policía debieron renunciar debido a otro escándalo relacionado con escuchas telefónicas ilegales...

El rol de Sarkozy

En ese contexto, a comienzos de mayo de 2007, tras una llamada telefónica del flamante presidente francés Nicolas Sarkozy, una información causó sensación en Bogotá: Uribe anunciaba la liberación “unilateral” de cientos de rebeldes, y pedía a las Farc que respondiera a ese “gesto de buena voluntad” procediendo a la liberación de sus rehenes. “El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, vino a verme a mi celda, cuenta Granda, y me propuso que me pusiera a la cabeza de esta operación de ‘reintegración-desmovilización’, con la única condición de que abandonara las Farc”. Se opuso. Dos días más tarde, el alto comisionado volvió a la carga. “En esa ocasión me explicó que no tenía intenciones de negociar conmigo, y que mi liberación fue decidida ‘por razones de Estado’, porque... el presidente francés Nicolas Sarkozy lo pidió. Y que si yo creaba problemas, utilizaría su poder para sacarme a la fuerza de mi celda ¡y expulsarme de la prisión!”.

Liberado contra su voluntad... “¿Pero qué papel juega Sarkozy en esta historia?", se pregunta Granda desconcertado. Confiesa no tener ninguna idea al respecto. Desde luego, la causa de Ingrid Betancourt, prisionera franco-colombiana de las Farc desde el 23 de febrero de 2002, es extremadamente popular en Francia. A pocos días de las elecciones legislativas de las que esperaba una aplastante mayoría en la Asamblea Nacional, ¿quiso Sarkozy “dar un golpe” multiplicando los contactos con su par colombiano? ¿O bien -con conocimiento de causa o a su pesar- participó, ligado a oscuros intereses, de una operación mucho más “sinuosa”?

Respecto de la cuestión de los prisioneros, las Farc exigen una zona desmilitarizada de 800 km2 en los municipios de Florida y Pradera (departamento del Valle), para “negociar”, frente a frente y directamente con el poder, y proceder, en caso de acuerdo, al famoso intercambio humanitario. Con un objetivo político: ser reconocidas, de facto, como fuerzas beligerantes insurgentes y salir del estatuto de “terroristas” en el que Washington y Bogotá las encerraron. Lo que precisó inmediatamente Granda a sus “liberadores”: “Libérenme si quieren, pero se trata de un gesto unilateral de su parte; les advierto, no generará ninguna reciprocidad por parte de las Farc”.

El gobierno le dio a elegir entre Francia, Suiza o Cuba. El 19 de junio de 2007, Granda viajó rumbo a La Habana. Además del placer de recuperar la libertad, obtuvo otra satisfacción: “Me cuesta creer que el presidente Sarkozy haya pedido la liberación de un ‘terrorista’. En cuanto a Uribe, con el decreto que firmó para liberarme, reconoce el carácter político de las Farc”.

En medio de un gran estrépito mediático, el gobierno colombiano liberó a 170 supuestos guerrilleros -entre ellos, oscuros personajes, comandantes de tropas inexistentes, y bastantes delincuentes comunes. Al mismo tiempo, jugando a dos puntas -un supuesto gesto de paz, un auténtico acto de guerra-, Uribe confirmó la orden dada en octubre de 2006: proceder al rescate militar de los rehenes de la guerrilla utilizando “todos los medios posibles”. Desde siempre, las familias de los secuestrados -entre ellas la de Ingrid Betancourt- se oponen a una decisión tan peligrosa. En mayo de 2003, un “rescate” de este tipo, ¿no terminó acaso con la muerte de un gobernador, un ex ministro y siete militares?

Una matanza sin esclarecer

La sucesión de acontecimientos confirmará además que en Colombia todo es posible: tanto lo peor como... lo peor. El 23 de junio pasado, en un breve comunicado, el Bloque Occidental de las Farc (5) anunció que el 18 de junio once de los doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, secuestrados por la guerrilla el 11 de abril de 2002 en Cali, fueron asesinados “en un fuego cruzado”, “cuando un grupo militar hasta el momento no identificado atacó el campamento en el que se encontraban”. Negando cualquier combate en esa zona el 18 de junio, Uribe señaló irritado: “No hubo operación de rescate. Fueron asesinados a sangre fría” (6). Absurdo. Los prisioneros constituyen una carta importante de las Farc en su pulseada con el poder. ¿Qué interés tendrían en deshacerse de ellos de esa manera?

“Las Farc asumen su parte de responsabilidad, precisa gravemente Granda. No podemos negar que no fuimos capaces de salvaguardar la vida de los rehenes hasta el intercambio humanitario”. ¿Qué más? Se atribuye a la guerrilla la práctica de ejecutar a sus prisioneros antes de dejar que los libere el ejército. Granda no lo confirma ni lo niega. “No pertenezco a la estructura de comando de las Farc; ignoro si existe una orden semejante”. En tal hipótesis, se trataría de un crimen de guerra. Sin embargo, y de ser factible, no puede considerarse esta única posibilidad. Ya que las circunstancias del drama del 18 de junio siguen siendo misteriosas. Hasta ahora, nadie conoce ni siquiera el lugar donde se produjo. Curiosamente, el Ejército colombiano permanece en silencio. Las Farc también callan. “Aún se sigue investigando. Queremos darle al mundo la explicación más precisa posible y evitar las especulaciones”, nos dice Rodrigo Granda.

Según los expertos, los paramilitares parecen estar fuera de sospecha: no tendrían la capacidad para montar semejante operación. Y el ejército colombiano también. Además, en un segundo comunicado, el Bloque Occidental de las Farc mencionó a “comandos extranjeros”. Parece salir a la luz una teoría que también hay que tomar con precaución: el ataque habría sido perpetrado por un comando de “fuerzas especiales” integrado por especialistas extranjeros, cuya/s nacionalidad/es sigue/n sin definirse. Pero hay algunas ideas al respecto... (7)

Así, desde Ginebra, Louise Harbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, exige además de “la liberación inmediata de todos los rehenes”, una investigación “completa e imparcial” sobre la tragedia del 18 de junio. Bogotá rechaza toda comisión investigadora independiente. Granda, por su parte, señala: “Las Farc propusieron entregar los cuerpos a una comisión internacional de la que no formara parte el gobierno colombiano, para impedir cualquier manipulación. Ahora bien, los ataques de los militares continúan en la región en cuestión, y los compañeros me hicieron saber que tanto los militares como otras fuerzas tienen interés en hacer desaparecer los cuerpos. Para borrar las huellas”.

¿Desinformación o verdad?

Notas al pie:
1 Oriundo del departamento colombiano de Antioquia.
2 http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/plancolombie-intro
3 Correspondencia personal.
4 Las relaciones entre ambos países retomarán su curso “normal” gracias a la mediación de los presidentes Luiz Inacio “Lula” da Silva (Brasil) y Fidel Castro (Cuba), y luego el encuentro entre Chávez y Uribe, el 17-2-2005.
5 El Bloque Occidental de las Farc opera en los departamentos de Tolima, Huila, Valle, Cauca, Nariño y una pequeña parte de Caldas.
6 El País, Madrid, 29-6-07.
7 En marzo de 2007, la embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó que soldados estadounidenses participaron de una operación militar conjunta en el sur de Colombia, donde las Farc tienen secuestrados a tres contratistas estadounidenses del Pentágono, capturados en 2004 al estrellarse su avión espía.