«Tenemos una explosión a bordo. Estamos descendiendo inmediatamente. Tenemos fuego a bordo. Solicitamos un aterrizaje de emergencia. Tenemos una emergencia total». A las 17.24 horas del 6 de octubre de 1976, el capitán del vuelo 455 de Cubana de Aviación, Wilfredo Pérez Pérez, lanzó ese mensaje a la torre de control del aeropuerto de Seawell, en Barbados. Una bomba acababa de explotar en el avión, en el que viajaban 25 tripulantes y 48 pasajeros, todos pertenecientes a países aliados de la Unión Soviética: Cuba, Guyana y Corea del Norte. Pocos minutos después, mientras el aparato -un DC-8 de fabricación estadounidense- trataba de llegar al aeropuerto de Seawell, explotó otra bomba. Finalmente, el vuelo 455 se estrelló en el mar. Todos sus ocupantes murieron.

Treinta años después, la juez texana Kathleen Cardone ha decidido que el presunto organizador de esa matanza, el cubano anticastrista Luis Posada Carriles, salga de la cárcel. El viernes por la tarde, Cardone declaró que, «a pesar de su controvertido pasado», Posada Carriles debe quedar en libertad condicional previo pago de una fianza de 350.000 dólares (261.000 euros), ya que «es viejo, está débil y tiene fuertes lazos con la comunidad» cubana de Miami.

La orden no ha sido puesta en práctica, porque los fiscales han solicitado que Posada siga en prisión hasta que presenten un recurso contra la decisión de Cardone. Pero la defensa del detenido parece convencida de que ese recurso no prosperará. El abogado de Posada, Felipe Millán, ha declarado a Reuters que espera que su defendido esté en libertad en una semana.

El presunto terrorista podrá así irse a su casa en Miami con su esposa, aunque tendrá prohibido salir de ella y deberá llevar siempre una pulsera que indique a las autoridades su paradero exacto.

¿Pulsera de seguridad?

Ese sistema es muy común en EEUU. La multimillonaria Martha Stewart, por ejemplo, también pasó varios meses de arresto domiciliario con una pulsera similar por un delito de fraude. Cuando cumplió su condena, Stewart declaró que había llegado a descubrir en internet cómo se desactivaba la pulsera, aunque nunca lo hizo.

Si Posada Carriles está al mismo nivel que Stewart es porque él no ha sido acusado de terrorismo. Los fiscales estadounidenses no le han atribuido ninguna responsabilidad por la destrucción del vuelo 455, pese a que ya cumplió ocho años de cárcel en Venezuela por esa acción, hasta que huyó de la prisión disfrazado de cura en 1985 tras sobornar a las autoridades de la cárcel. Ni por las 41 bombas que, según el FBI, hizo colocar en Cuba. Tampoco ha sido procesado por otra campaña de bombas que se le atribuye en hoteles cubanos en 1997, que provocaron la muerte a un turista italiano, y que el propio Posada justificó en una entrevista a The New York Times en 1998: «Es una pena que alguien muriera, pero no vamos a parar. El italiano estaba sentado en el lugar equivocado en el momento equivocado». Y no es perseguido por el intento de asesinato de Fidel Castro durante la visita que el dictador cubano realizó a Panamá en 2000, una acción por la que fue detenido, hasta que la entonces presidenta de ese país, Mireya Mosoco, le perdonó y ordenó su puesta en libertad.

Posada Carriles está detenido en EEUU por ser un inmigrante ilegal. Fue en 2005, justo después de salir de Panamá. El terrorista, al que una parte de la izquierda estadounidense e iberoamericana califica el Osama bin Laden de América Latina, entró en EEUU ilegalmente desde México y solicitó asilo político. Cuando The New York Times publicó la noticia, el entonces secretario de Estado Adjunto para América Latina, Roger Noriega, declaró que Posada no estaba en el país, a pesar de que había llegado un año antes. Poco después, el Gobierno venezolano de Hugo Chávez reabrió la causa contra Posada y solicitó su entrega por las autoridades estadounidenses. Pero la juez Cardone la desestimó, alegando que el acusado «afrontaría la muerte o la tortura en Venezuela».

Desde entonces, Posada, que acaba de cumplir 79 años, ha estado en la cárcel en un confuso caso sobre inmigración ilegal. Cuba y Venezuela han aprovechado al máximo el aspecto propagandístico de la controversia. Y Noriega ha declarado que las pruebas contra el terrorista «están amañadas». De ser eso cierto, se trataría de una gravísima muestra de la penetración de los comunistas en el Gobierno de EEUU. Porque las muestras más evidentes de las actividades ilegales de Luis Posada Carriles proceden de 10 documentos del FBI y tres de la CIA explicando con detalle los actos del exiliado cubano, que colaboró con la Inteligencia de EEUU durante décadas combatiendo la expansión del comunismo en América Central y el Caribe.