La ruptura de los puentes de diálogo con el Govern catalán así como por la posible salida de Unidas Podemos del actual Gobierno serían los cisnes negros que podrían desembocar en unas elecciones anticipadas en el 2022 de resultado incierto y que podría conllevar el ocaso político de Pedro Sánchez.

Operación “Acoso y derribo del Gobierno Sánchez”

La investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y la posterior formación de un Gobierno de Coalición “a la navarra” entre PSOE y Unidas Podemos habría desatado las alarmas en el establishment por lo que se habría iniciado una cruzada mediática encabezada por Felipe González, devenido en testaferro del establishment para deslegitimar la “unión antinatura” de PSOE y Podemos. El establishment del Estado español estaría formado por las sub élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), élites que gravitarían en la órbita geopolítica de EEUU y que estarían colaborando en la estrategia de acoso y derribo del Gobierno Sánchez con el objetivo confeso de convocar elecciones anticipadas en el 2022 que faciliten un posterior Gobierno de coalición integrado por PP y Vox.

La primera fase de dicha operación consistió en la ofensiva mediática para hacer del Gobierno central el único culpable de “la pésima gestión ante la crisis sanitaria” a lo que siguió la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser “una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales”, tentativa que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación “Acoso y Derribo” intentó aprovechar el malestar de amplios sectores de la ciudadanía por la duración del confinamiento así como la ruina de autónomos y pequeños empresarios para iniciar “una Revolución Patriótica o Rojigualda” que mediante “caceroladas y escraches” desafió al Gobierno al incumplir sin recato las restricciones incluidas en el Estado de Alarma.

La cuarta fase desestabilizadora consistió en la “judicialización de la política o lawfare” sirviéndose del Tardofranquismo judicial, anacronismo que tendría a la Audiencia nacional y al Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal). Como paradigma de tal ofensiva judicial, estaría la cabriola jurídica del juez García Castellón, que pertenecería al llamado “clan de los políticos afines al PP” con el objetivo inequívoco de declarar a Pablo Iglesias como “investigado en el llamado “Caso Dina” y forzar su dimisión como Vicepresidente del Gobierno así como la posterior apertura del sumario por el juez Escalonilla contra la cúpula de Podemos tras una denuncia presentada por el ex-abogado de Podemos, Jose´Manuel Calvente por “presunta financiación irregular”, procesos judiciales de escaso recorrido y que terminaron diluyéndose en el olvido.

Fracasadas las fases anteriores, asistimos a la quinta fase desestabilizadora,conocida como “Ave Fénix”, intentona virtual con el objetivo específico de reeditar el síndrome del Tejerazo e instrumentalizada en las cartas dirigidas al Monarca y firmada por ex-mandos del Ejército en el que le mostraban su “apoyo y lealtad en estos momentos difíciles para la Patria” al tiempo que culpaban al Ejecutivo social-comunista de “amenazar con la descomposición de la unidad nacional”, enésimo intento que una vez más quedó diluido en el puzzle inconexo del caos dominante. En la actualidad asistimos a la sexta fase desestabilizadora conocida como “Operación Salvar España” y que se plasmará en la asfixiante campaña mediática aunada con una movilización masiva en las calles y la presentación de ponencias en Ayuntamientos para intentar paralizar la concesión de indultos a los líderes independentistas encarcelados a raíz del sumario del 1-O así como provocar la división interna entre los barones del PSOE, vano intento que será nuevamente envuelto por las sombras del olvido.

Los cisnes negros de Sánchez

El término “cisne negro” designa a un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori. La teoría del Cisne Negro fue desarrollada por Nicholas Taleb en su libro “El Cisne Negro” , en el que intenta explicar “los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del suceso extraño en los asuntos históricos”. Pedro Sánchez estaría amenazado por la ruptura de los puentes de diálogo con el Govern catalán así como por la posible salida de Unidas Podemos del actual Gobierno, cisnes negros que podrían desembocar en unas elecciones anticipadas en el 2022 de resultado incierto y que podrían conllevar su ocaso político.

Así, las recientes elecciones celebradas en Cataluña habrían escenificado la imposibilidad de reeditar el Tripartito en Cataluña (PSC, ERC y En Comú) tras el triunfo de una mayoría independentista que podría desempolvar el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI . Así, el nuevo Govern presidido por Pere Aragonés estaría reafirmado en una sólida conciencia de pertenencia a la Nación Catalana, dispuesto a quebrantar las normas y las leyes impuestas por el Estado español y no cejará en su empeño de lograr la República Catalana, tarea que se antoja utópica en la actual Unión Europea.

En consecuencia, a pesar de la concesión de indulto por el Gobierno central, la estrategia mediata del nuevo Govern teledirigido por Junqueras y Puigdemont será privar de su apoyo parlamentario en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez para forzar la convocatoria de Elecciones estatales en el 2022 con la esperanza de un triunfo de la derecha en el conjunto del Estado que le posibilite romper todos los puentes del diálogo con el Gobierno central. Así, ante la imposibilidad legal de celebrar un Referéndum sobre la Autodeterminación de Cataluña, reeditará el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperará la posterior implementación por el Gobierno Central del 155 que le haría aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.

Asimismo, caso de constatarse el fracaso de la derogación de la Reforma Laboral abanderada por la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se agudizaría la creciente desafección de Unidas Podemos respecto al Gobierno Sánchez y podría traducirse en la salida de Unidas Podemos del Ejecutivo y la posterior formación de un Gobierno monocolor del PSOE, quedando en el entreacto Pedro Sánchez huérfano del sustento parlamentario de los grupos periféricos vascos y catalanes. En consecuencia, tras una breve travesía del desierto, se antoja ineludible la convocatoria por Sánchez de unas Elecciones anticipadas en el 2022 con el objetivo confeso de fagocitar los votos de Unidas Podemos y lograr una holgada victoria al aprovechar las sinergias post pandémicas simbolizadas en la resurrección del sector turístico amén de la llegada de los prometidos Fondos de la Unión Europea.

Sin embargo, no sería descartable el triunfo en las elecciones de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos¡ que conformarían un Gobierno de Salvación nacional que procederá a la instauración de una nueva Doctrina autonómica basada en el sui generis “café para todos”, lo que supondrá “de facto” vaciar de contenido las competencias legislativas de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto a Euskadi como a Navarra en autogobiernos devaluados, enconsertados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid.