Estas palabras las ha pronunciado el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, refiriéndose a la anulación cautelarísima por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del decreto del gobierno catalán de aplazar las elecciones que debían celebrarse el 14 de febrero. Una interferencia más y en un terreno político más que evidente que es propio de la Generalitat de Catalunya.
La decisión de aplazar las elecciones fue tomada por amplia mayoría en el Parlamento debido a la grave situación sanitaria por el aumento de casos de contagios, ingresos en UCI, saturación de los hospitales y muertes en alza. Todos los expertos y epidemiólogos ya venían advirtiendo de la necesidad de extremar aún más las medidas ante el avance del virus en esta tercera ola. Incluso critican al gobierno de la Generalitat por no actuar más drásticamente. Era pues una decisión de sentido común sanitario aplazar unas elecciones que, según la dinámica de propagación del virus, el 14 de febrero se prevé que pueda ser la cresta de esa ola.
También dentro de los motivos del aplazamiento en el debate del Parlamento catalán se justificó por motivos democráticos: si se mantenía la fecha del 14F probablemente el número de infectados hubiera hecho aumentar la imposibilidad de votar a muchas personas, directamente contagiadas o por estar en cuarentena. Y esa situación hubiera seguramente influido en muchas otras personas a no arriesgarse a salir a votar y aumentar la abstención, que se prevé pueda ser alta.
El debate parlamentario en esta ocasión fue bastante sensato y, cosa extraña, hubo un general consenso sobre la necesidad del aplazamiento, desde la derecha hasta la izquierda anticapitalista. Sólo los socialistas del PSC votaron en contra y anunciaron que presentarían un recurso contra el decreto. El motivo era electoralista: su candidato Salvador Illa, actual ministro de Sanidad en el gobierno español, podía perder imagen si se aplazaba la fecha. Así que, a pesar de evidente contradicción entre lo que recomienda el ministro ante el covid, y la prisa por realizar las elecciones en un momento favorable para Illa, optaron por lo segundo.
Pero quien finalmente ha tomado la delantera en las decisiones a tomar ha sido el TSJC quien, acogiendo la petición de un particular, decidió anular cautelarmente la orden de la Generalitat del aplazamiento y mantener la fecha del 14F... hasta que hoy, jueves 21, tome la decisión definitiva respondiendo al recurso que ha interpuesto el gobierno catalán.
En el momento de escribir esta crónica el Tribunal aún no ha tomado la decisión definitiva. Pero ya esta mañana los catalanes nos hemos desayunado con otra noticia represiva: de nuevo el mismo Tribunal ha inhabilitado al conseller (ministro) de Exteriores y responsable de procesos electorales, Bernat Solé, por un año. ¿El motivo? "por animar en un acto público a ir a votar el 1 de octubre" en el referéndum de 2017.
Esta es la situación en Catalunya después de la celebración del citado referéndum de hace tres años. La autonomía fue intervenida. Se impuso un periodo de gobierno desde Madrid aplicando el artículo 155. Formalmente este tiempo de excepción acabó tras las elecciones autonómicas catalanas convocadas desde Madrid. Pero la realidad es que el 155 se ha mantenido siempre, como espada de Damocles, y continúa la represión afectando la vida política, democrática y social de todos los catalanes. Por ejemplo, los decretos sociales más avanzados que aprueba el Parlament de Catalunya son tumbados sistemáticamente por los Tribunales o por el propio gobierno central, en nombre de que "invaden competencias" …aunque sean decretos que afectan sólo a Catalunya. Y también las personas condenadas e imputadas por su participación en el "procés" independentista: casi 3.000.
Todo este sistema injusto tiene un mecanismo "legal". Los jueces son quienes determinan, deciden y hacen aplicar las "leyes". Leyes, o interpretaciones de ellas, que son injustas, discriminatorias, por encima del Parlament, de la soberanía que tienen cargos electos, como alcaldes o concejales (hay decenas de ellos imputados por apoyar y participar el 1 de octubre). Eso es "el imperio de la ley". Unas leyes o interpretaciones que no resisten ninguna prueba en Europa. Gracias a ese recurso manido a "la ley", el Estado se vale de cualquier recurso que haga un partido de derechas, de extrema derecha (recordemos que VOX fue aceptado como "acusación popular" en el juicio a los independentistas catalanes), o "particulares".
Si echamos la vista atrás, a los tiempos del imperio español y su actuación en Abya Yala y otras colonias, quizás podamos ver rasgos que se mantienen después de siglos… En efecto, la mayoría de catalanes estamos hartos, muy hartos, de los jueces. Una razón más para terminar la etapa del régimen del 78. En tiempos de pandemia y crisis social es más peligroso aún. Sean cuando sean las elecciones, iré a las urnas con el voto entre los dientes (pero con mascarilla).
