El gobierno español ha puesto el pie en el acelerador del desconfinamiento. Si hasta ahora había conseguido un apoyo parlamentario más o menos cómodo para mantener el "estado de alarma", la última votación ha sido casi dramática. Y el resultado está siendo que el bloque de izquierdas y de partidos nacionales vascos y catalanes con el que consiguió el apoyo al inicio de legislatura, se está fundiendo. Fundiendo y dividiendo.

Sin bloque parlamentario de apoyo

La votación del periodo de "estado de alarma" de dos semanas -hasta primeros de junio- ha dejado este saldo: el PP ha pasado a la estrategia de la ultraderecha de Vox, al votar No y desgastar el gobierno para echarle cuanto antes; por otro lado ha conseguido el apoyo una parte de la derecha española y vasca que han votado sí: Ciudadanos y PNV; y el voto negativo de los tres grupos catalanes (ERC, JuntsxCatalunya y CUP) junto el voto negativo de la izquierda valenciana de Compromís; y la abstención de la izquierda vasca Bildu… a cambio de la "derogación íntegra de la reforma laboral del PP"…o al menos así se pactó en secreto, antes de la votación.

La fragilidad y división interna en el seno del propio gobierno PSOE-UP es tal, que bastó que la patronal y derecha aullaran contra el pacto hecho con Bildu, para que la voz de la neoliberal ministra de economía, Calviño, se levantara contra ese acuerdo y el propio Sánchez se echara atrás, a pesar de haberlo firmado y a pesar de figurar esa medida en el programa de gobierno.

Empiezan algunas manifestaciones de ultraderecha y de izquierda

En ese clima político y ante el hecho de que el gobierno está levantando muchas de las medidas sanitarias impuestas por medio del "estado de alarma", también empieza a haber prisa por salir a movilizarse. Como para ir a la playa. Así, la extrema derecha fascista de Vox ha convocado para hoy manifestaciones contra el gobierno, con el apoyo político del PP, y ha conseguido movilizar unos cuantos miles, en coches o andando sin apenas protección, en casi todas las capitales de provincias. Particularmente numerosa ha sido en Madrid.

Pero también las empieza a haber las de izquierdas e independentistas. Aunque muchas de ellas han sido prohibidas y personas golpeadas y detenidas en Barcelona sin ningún motivo (a diferencia de las de Vox), al final se han impuesto, tomando medidas de distancia sanitaria y disciplina. El miércoles en el barrio de Gracia se hacía la concentración. Hoy el corte de la Meridiana, entrada de Barcelona por el Norte, ha sido reanudada. En ambas el tema de la Libertad de los presos políticos, el Derecho a la autodeterminación y por la República, han estado presentes. Sigue pues la conflictividad política allí donde se había dejado, pero con un gobierno más débil y dividido.

¿Habrá al final más precariedad?

La reforma laboral del PP fue una contrarreforma que aprovechó la crisis de 2008 para precarizar todos los contratos, salarios y condiciones de vida de los trabajadores. Había que echarla abajo. Todo el mundo sabía que este gobierno que se hacía llamar "progresista y de coalición" tenía que hacerlo si quería mantener un apoyo de los sindicatos y partidos de izquierda, de los cuales depende. Pero lo que ha hecho el PSOE, primero firmando el acuerdo para terminar esa reforma sin contar con la complicidad de sindicatos ni ERC, y luego desautorizando a quienes lo han firmado (o sea, a los propios socios de Unidas Podemos y a la viceministra Adriana Lastra, y a Bildu) es lo peor que podía hacer para que la izquierda política y social se fie de él.

Precisamente cuando nos adentramos a una situación de grave descenso de la actividad productiva, de quiebra del 25% de empresas en algunos sectores, con un aumento del paro seguramente peor que el de 2008-2012, la necesidad de tomar medidas a favor de las familias trabajadoras es clave. Cuando enfermeras, médicos, repartidores, trabajos de cuidados, limpieza…reclaman mantener el empleo y que no se aproveche la nueva crisis pos-confinamiento para hacer contratos aún más precarios, para bajar el salario, para imponer condiciones más duras y más horas de trabajo, es absolutamente urgente derogar esa ley del PP que permite a los empresarios aprovecharse. Porque el problema no es las empresas que cierren, que cerrarán, sino que las que se quedan cogen mayor parte del pastel y encima con mayor facilidad de explotación.

Por tanto, que la salida del covid refuerce la precariedad de la clase trabajadora (que ya ahora es un 23% pobre) o que se ponga fin a esas políticas neoliberales e inicie un ciclo de restauración de derechos, depende de las políticas que se apliquen ahora. Y la contradicción interna de este gobierno muestra que estamos con la moneda al aire y no se sabe de qué lado va a caer. Desgraciadamente los sindicatos no están aprovechando la ocasión para exigir que se ponga fin definitivo a esa ley que les ha debilitado y bajado la afiliación. La izquierda social y sindical está fallando. Por tanto, siguen las políticas neoliberales y centralistas: todo parece como si las recetas del 2008 vuelvan a repetirse.

El síntoma Nissan

Nissan es una empresa multinacional del automóvil que está instalada en Catalunya, siendo la fábrica principal la de Barcelona. Da trabajo directo a 3.000 personas e indirecto a otras 20.000. España es la octava productora mundial de automóviles. Pues Nissan, que ya mantenía desde hace un tiempo una baja producción con modelos antiguos, este próximo jueves dirá si cierra o no sus fábricas en Catalunya. El temor de los dirigentes sindicales es que acabará cerrando. Los trabajadores de Nissan se han puesto en huelga indefinida desde hace dos semanas, ante esta incertidumbre.

Si Nissan cierra será el síntoma más evidente del fin de una etapa basada en el automóvil privado. Por más que esta etapa ya se inició objetivamente, primero con el agotamiento del petróleo barato y, luego, con la movilización y conciencia de la emergencia climática e inicio de legislaciones y medidas para rebajar las emisiones de gases, ahora esto se acelera con el covid.

Ahora el desconfinamiento pondrá de relieve el paro real que existe, la cantidad de empresas que cierran, los sectores que no se levantarán o que lo harán muy lentamente, los millones de parados, y la falta de recursos del Estado, las autonomías, los municipios. Porque, no nos engañemos, la mayoría de los "recursos" que se ofrecen hasta hoy –España o Europa- son avales para créditos. El negocio lo siguen haciendo los bancos.

Estamos en una situación excepcionalmente dramática. No habrá turismo en bastante tiempo (15% de la ocupación). Una situación que exigirá medidas urgentes a la altura del drama. Ante esto el gobierno Sánchez acaba de anunciar que, ¡por fin!, habrá un subsidio, una renta mínima para "personas en situación excepcional". Pero esa renta llegará, según los cálculos del gobierno, a… tan sólo 850.000 famílias, con un coste de 3.000 millones de euros. Un vaso de agua en el océano.

Si no se imponen fuertes impuestos progresivos a las grandes fortunas no hay nada a hacer. Y el gobierno Sánchez con ministras como Calviño, no lo hará. Las familias y los pequeños empresarios no se pueden endeudar más de lo que ya están. Si no se hacen expropiaciones de sectores estratégicos, como banca, energía, o empresas del sector automovilístico que cierran, no se pueden reorientar las producciones hacia un tipo de economía sostenible y que creen trabajo de futuro, a largo plazo, acorde con mitigar el cambio climático.

Y, para terminar, sino se destina una importante parte del presupuesto a los servicios públicos para la reproducción, cuidado y mantenimiento de la vida, entre ello, la investigación, este desconfinamiento sólo servirá para taparse los ojos hasta el nuevo brote o la nueva pandemia. Si el pueblo quiere vivir tendrá que enterrar las políticas neoliberales. Y huelgas como Nissan o manifestaciones tendrán que hacerse más presentes. ¿Cómo y con quién lo hará? ¿Puede resolverse sin cambiar este sistema? ¿Sin cambiar, al menos, ministras como Calviño?