1. El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación de los acuerdos de La Habana. Una decisión de indiscutible trascendencia política como quiera que tal declaración toca con la suerte del proceso de paz adelantado por el actual Gobierno y las guerrillas de las Farc para ponerle fin a un conflicto armado de más de cincuenta años. El fallo fue recibido con alborozo por el Presidente de la República, los congresistas de los partidos que conforman la Unidad Nacional, así como por buena parte de la izquierda y la opinión pública, para quienes dicho pronunciamiento constituye un logro político incontrovertible. Contó, sin embargo, con el esperado rechazo de la extrema derecha opuesta al proceso de paz. Y tuvo en su momento un amplio despliegue en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

La idea del plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana había nacido de un pacto entre el presidente Santos y sectores de su bancada parlamentaria, quienes la hicieron aprobar del Congreso de la República, primero como Ley estatutaria y luego como parte del Acto legislativo por la paz, precisando en este último que los acuerdos celebrados en La Habana no tendrían valor alguno si antes no eran aprobados por los ciudadanos en una consulta plebiscitaria. Tras haber pactado con el Gobierno el blindaje jurídico de los acuerdos, incluyéndolos como parte del bloque de constitucionalidad, las Farc consideraron innecesario insistir en la Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación. Resuelto esto, anunciaron junto con el Gobierno que se acogerían al mecanismo de refrendación de los acuerdos que la Corte Constitucional decidiera al resolver la constitucionalidad de la ley sobre el plebiscito.

2. Más allá de la declaratoria de exequibilidad, la decisión de la Corte tiene serias implicaciones políticas para el proceso de paz y la aprobación del Acuerdo Final que es necesario precisar y desentrañar de cara a evitar que el logro de la paz se malogre una vez más entre nosotros. En efecto, al declarar la exequibilidad del proyecto que regula la convocatoria del plebiscito la Corte Constitucional fue terminante al precisar que dicha decisión queda sometida a la observancia de determinadas condiciones, siendo las más importantes aquellas que establecen que i) el acuerdo final que será sometido a consideración del pueblo a través del plebiscito es una decisión política, cuya refrendación no implica la incorporación de texto normativo alguno que reforme el ordenamiento jurídico vigente; ii) la convocatoria del plebiscito es una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que sólo a él comprometen los efectos vinculantes del mismo; iii) en consecuencia, de aprobarse el plebiscito, sólo al Presidente de la República le compete la implementación y desarrollo del Acuerdo Final, disponiendo para ello de los medios legales que la Constitución establece para tales efectos; iv) de no aprobarse el plebiscito, el Gobierno quedaría imposibilitado jurídicamente para implementar los acuerdos celebrados en La Habana.

Sea lo primero destacar el acierto de la Corte al establecer que el Acuerdo Final, que será el objeto de la consulta plebiscitaria, entendido como una decisión política particular y concreta, es ciertamente expresión del derecho a la paz, pero no puede confundirse con éste. Al plantear el asunto en estos términos, la Corte ha dejado a salvo el derecho fundamental a la paz (art. 22 de la CP), evitando al mismo tiempo que en adelante su pronunciamiento pueda afectar por vía jurisprudencial la vigencia y aplicación del conjunto de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Habría sido una involución de enormes consecuencias políticas en materia de logros y conquistas democráticas que la Corte hubiera dejado de precisar que el objeto de decisión del plebiscito no vincula ni afecta en sentido alguno los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, y que el reconocimiento de éstos no está mediado por ningún tipo de consulta ciudadana que se le antoje al gobernante de turno, dado el carácter contra-mayoritario de los mismos.

Sin embargo, no podríamos decir lo mismo del pronunciamiento de la Corte cuando se refiere a la suerte que correrían los acuerdos pactados en La Habana, en el evento de que el Acuerdo Final no sea aprobado plebiscitariamente. Como lo precisa el fallo, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el "no", el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final. En este punto tan importante y definitivo para la suerte de la paz, el pronunciamiento de la Corte es totalmente desafortunado dadas las consecuencias políticas que se derivarían de una eventualidad de esa naturaleza, la que muchos analistas no descartan que pueda suceder. En tal eventualidad, el proceso de paz quedaría en un limbo jurídico y político, generándose una situación propicia y favorable para que los enemigos de la paz negociada con las guerrillas presionen la reversión del proceso y el desconocimiento de los acuerdos logrados en cuatro años de negociaciones. El riesgo que representa una situación como esta se habría podido evitar desde el principio si el Gobierno y las distintas fuerzas políticas que apoyaron la opción plebiscitaria hubieran renunciado a su aprobación en el Congreso por innecesaria e inconveniente políticamente. Pero igualmente la pudo evitar la Corte misma si hubiera tenido el coraje de enfrentar las presiones del Ejecutivo y las mayorías políticas del Congreso, actuando con coherencia jurídica y doctrinaria. De acuerdo con esto, si el plebiscito es, como lo admite la Corte, un mecanismo de participación ciudadana que puede ser convocado únicamente por el Presidente de la República para consultarle a los ciudadanos una decisión política que es de su competencia, no es de recibo entonces que termine reconociéndole carácter vinculante a lo decidido por las mayorías consultadas. Sobre tales supuestos, lo que le correspondía concluir a la Corte era reconocer elcarácter consultivo del plebiscito, como lo pidieron distintas voces desde dentro de la Corporación como por fuera de ella.

Al evaluar tal eventualidad conforme lo hizo, la Corte no sólo perdió la oportunidad de encauzar jurídicamente y en debida forma una calculada equivocación política del Ejecutivo, sino que además, reforzó la posibilidad de que el Presidente de la República pueda consumar su traición al proceso de paz, a sí mismo y a las Farc.

3. Así las cosas, la decisión de la Corte Constitucional ha dejado en grande riesgo no sólo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, sino también todo el proceso de paz negociado con la guerrilla de las Farc. Cerrarle el paso a tal eventualidad constituye la razón fundamental por la que los socialistas vamos al plebiscito y llamamos a adelantar una campaña política por la defensa del proceso de paz y la aprobación del Acuerdo Final que dé por terminado el conflicto armado. Debe ser una campaña basada en dos ejes. En primer lugar, es necesario convocar a los trabajadores del campo y la ciudad, a los jóvenes y a las mujeres, a las negritudes y a los indígenas, a la comunidad LGTBI a participar masivamente y en forma activa para sacar adelante la aprobación plebiscitaria del Acuerdo Final celebrado entre el Gobierno y las Farc. Pero así mismo será necesario organizar la más amplia labor de agitación, propaganda y movilización por la defensa del proceso de paz, exigiendo del Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de La Habana independientemente de los resultados del plebiscito, impidiendo con ello que una eventual desaprobación de los mismos en la consulta sirva de pretexto y justificación tanto al Gobierno como a la extrema derecha para reversar todo lo logrado en estos cuatro años de negociaciones.

Para tal fin los socialistas proponemos al conjunto de la izquierda y a las organizaciones de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres la constitución de un frente único de masas que organice y lidere la campaña por la defensa del proceso de paz y la aprobación del Acuerdo Final, con independencia política de la campaña oficialista lanzada por el presidente Santos y los partidos de la Unidad Nacional bajo la jefatura política del ex presidente César Gaviria. La izquierda y los trabajadores deben estar alertas frente a las pretensiones del Gobierno y los partidos que lo apoyan de pretender convertir la jornada plebiscitaria en un evento de legitimación del régimen político, del gobierno de Santos y de su política económica neoliberal, instrumentalizando las expectativas y el deseo de los ciudadanos por la paz y el fin de la guerra. Por tal razón, sería inadmisible que en nombre de la paz, la izquierda o sus dirigentes formalicen cualquier alianza o colaboración política con las fuerzas del establecimiento y del Gobierno, preocupados más por atraer y pactar con la extrema derecha del uribato que en sacar adelante el proceso de paz con las Farc y cumplir lo pactado en la mesa de negociaciones.

4. Ad portas de firmarse el Acuerdo Final, el Presidente enfrenta todavía el reto de tener que convencer al conjunto delestablecimiento y a buena parte de la opinión pública de las ventajas y bondades de todo cuanto ha negociado con las Farc para terminar el conflicto armado con esa organización guerrillera. Algunos sectores dominantes rechazan tajantemente la opción escogida por el Gobierno, mientras que muchos otros lo apoyan pero con reservas. En vísperas del plebiscito, Santos necesita convencer al establecimiento todo de que el sistema no corre riesgo alguno con la firma y aprobación del Acuerdo Final, y que ninguna fracción del capital será sacrificada ni tendrá que asumir el costo de lo negociado con esa guerrilla. Su gran anhelo y preocupación es que la paz negociada se convierta en un gran acuerdo nacional, antes que factor generador de fisuras en el bloque de clases en el poder. Por eso se esfuerza en despejar dudas de que en esto ha actuado ceñido a la más estricta fidelidad al sistema, imponiéndole a las Farc la negociación de una paz mínima desde el punto de vista del contenido y alcances de los acuerdos, dejando a salvo el sagrado principio de la propiedad privada, el modelo neoliberal y la estructura de las Fuerzas Armadas. Y por la misma razón se muestra inflexible en la idea de convertir al Congreso de la República en el escenario que decida el andamiaje jurídico e institucional para la implementación y ejecución de los acuerdos de paz. Como lo ratificó el pasado 20 de julio al instalar las sesiones ordinarias del Congreso, cuando en forma enfática manifestó que: Este será el Congreso de la paz!, aludiendo a la responsabilidad de la institución parlamentaria en la implementación de los acuerdos celebrados con las Farc.

5. Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la cúpula del Gobierno, así como en los partidos de la Unidad Nacional, cabalga la idea, y así lo proyectan a la opinión pública, de que con el plebiscito se cierra el ciclo de la guerra, luego de lo cual vendría la paz y la prosperidad social de los colombianos. En perspectiva, preocupa que las Farc y la izquierda representada en el Congreso puedan quedar prisioneras de esta manera de apreciar las cosas, y que con el pretexto de cerrarle el paso a la extrema derecha, considerada como el único enemigo de la paz, terminen legitimando el plan de paz del Gobierno y la burguesía a través de su vinculación a supuestos gobiernos de amplia participación o de unidad nacional, olvidando que lo obtenido en la mesa de negociaciones representa apenas las condiciones mínimas requeridas para cesar el conflicto armado y dar el tránsito a la acción política abierta, pero no la superación de los factores estructurales que dieron origen al levantamiento armado y lo nutrieron por más de cincuenta años. Los socialistas convocamos a las Farc en su condición de movimiento político y al conjunto de la izquierda a defender el proceso de paz, exigiendo el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de La Habana como base para cerrar la confrontación armada, pero con la convicción plena de que esto no es suficiente para resolver de fondo los problemas relacionados con la tierra en el campo, el desempleo, la exclusión social, la pobreza, los bajos salarios, los grandes déficit de salud y educación, generados todos ellos en un modelo de acumulación capitalista voraz y salvaje, articulado a la dominación imperialista y sostenido por un régimen político que acude a la violencia y la represión para castigar la protesta de los de abajo al tiempo que mantiene y ostenta formalmente los visos de una república democrática, con partidos políticos, elecciones periódicas y medios de comunicación.

Del proyecto oficialista hace parte la idea de que la ejecución de los acuerdos de paz constituye una tarea que corresponde hacerla al Gobierno y al Congreso de la República. En ocasiones, las Farc mismas dan la impresión de estar conformes con que las cosas tomen ese rumbo. Los socialistas no dudamos en calificar al Congreso de la República como una institución ilegítima y desprestigiada, dominado hoy por una fracción mayoritaria del partido del orden, representada en la Unidad Nacional, pero de la que participan igualmente el Centro Democrático y sectores del Partido Conservador opuestos al proceso de paz. Una izquierda variopinta y minoritaria completa el mosaico político de la institución parlamentaria. Para sacar adelante el paquete de reformas relacionado con la paz, el Presidente de la República aparece dispuesto a oficiar de árbitro entre las distintas facciones del partido del orden, buscando aprovechar dicho rol para tratar de integrar a la oposición en las decisiones fundamentales que tome el Congreso en la materia. Es de prever entonces que las sesiones del Congreso terminen siendo en realidad un escenario de regateo y negociaciones al menudeo entre distintas fracciones políticas y congresistas ambiciosos y corruptos, donde los acuerdos de paz corren el riesgo de naufragar. Los socialistas creemos innecesario ese riesgo, y por eso proponemos a la izquierda toda, a las Farc, a los trabajadores y a las organizaciones populares, así como a la opinión democrática del país a que desde ya exijamos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular con funciones legislativas para que asuma las definiciones de orden legal e institucional que garanticen la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana y remueva los obstáculos estructurales de orden económico, social y político que dieron origen al levantamiento armado en Colombia.