El propósito esencial que me lleva a escribir en ésta ocasión, es hacer énfasis en lo siguiente:

La derogatoria de la Resolución Nº 8 del año 2000 emitida por la administración gubernamental de Andrés Pastrana Arango, debe ser la exigencia principal por parte de Venezuela, para poder resolver conjuntamente, nuestras dos naciones, la situación de la frontera colombo-venezolana. Debe ser nuestro primer "punto de honor", no negociable.

Ya se ha difundido ampliamente a través de éste y otros canales la artimaña que lleva a que la cotización oficial del bolívar en el Banco de la República (banco central colombiano) pase de más de doscientos treinta (230) pesos a no más de ocho (8), con hacer llegar ese bolívar a la ciudad de Cúcuta. También se ha difundido masivamente que por infame y lesiva que resulte semejante atrocidad para la economía venezolana (como si fuese poco el desangre que representa desde hace varios lustros el contrabando de gasolina hacia la patria de Nariño), es, en virtud de la citada disposición, algo totalmente legal, concesión hecha a los capos del paramilitarismo que controlan varios negocios al mismo tiempo, incluyendo los negocios millonarios del combustible barato que se extrae de Venezuela (con precios especiales de frontera, a no más de la quinceava parte de lo que cuesta en la capital del departamento del Norte de Santander), y el de las casas de cambio. La resolución en cuestión reconoce como válida cualquier tasa de cambio determinada por algo que no se presenta en la práctica: el "libre juego de la oferta y la demanda"que tenga lugar en ciertos ámbitos específicos, o dicho en otros términos: el precio derivado de las transacciones de moneda que se den en éste caso, en las localidades fronterizas donde se concentra el intercambio comercial. Lo del libre juego de la oferta y la demanda no es un supuesto, es una invención falaz, puesto que el autor o los autores de la resolución sabían de antemano que la tasa de cambio iba a ser fijada arbitrariamente por poderes fácticos. Vemos pues, con asombro, como el Estado colombiano llevó a cabo una suerte de legalización que expone hasta donde ha sido permeado por la economía y la política criminales (No hay que perder de vista, por otra parte, que fue el gobierno de Andrés Pastrana el que implementó la política diseñada por los dirigentes de la política imperial norteamericana, bautizada como "Plan Colombia", cuando lo que hacía era consumar la vil entrega de la soberanía de la nación hermana).La canciller María Ángela Holguín declaró a comienzos de septiembre:

"Ellos lo que quieren es que las casas de cambio de Cúcuta desaparezcan porque son las causantes de que el bolívar cueste lo que cueste (…)". De inmediato,con respecto a la solicitud de derogarla resolución,expresó de manera categórica:

"(…) ¡pues, Colombia, no lo va hacer!".

La actual Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, al igual que Juan Manuel Santos, se ajusta con precisión al concepto de oligarquía. La familia Holguín formó parte de la "hidalguía" colonial neogranadina. Ya desligada la actual Colombia, de España, corría el año 1892 y siendo Presidente su tío bisabuelo Carlos Holguín Mallarino, le obsequió al reino cuya regencia se encontraba a cargo de María Cristina de Habsburgo, un invaluable tesoro Quimbaya; patrimonio inalienable compuesto por 122 piezas de orfebrería prehispánica, enviado previamente a tierras ibéricas con el propósito de exhibirlo durante la "celebración" del IV Centenario del Descubrimiento de América. Ese fue su gesto de agradecimiento por la colaboración brindada al dictar un laudo arbitral sobre fronteras terrestres entre Venezuela y Colombia (1). Antes de ser Presidente de la República Holguín Mallarino ejerció los cargos de embajador y canciller. Indagando en la historia de Colombia conseguimos que los Holguín han sido una familia de Presidentes y cancilleres, y a la par de ello múltiples vínculos parentales con los Santos y otros clanes que han puesto dirigentes y figuras que han gozado de prestigio en los círculos de poder, no todos incidiendo de modo directo en el ámbito de la política. Los Holguín hoy por hoy constituyen un grupo económico que opera a través de un holding.

El Presidente Juan Manuel Santos y su canciller María Ángela son ejemplos patentes que le confieren plena pertinencia y vigencia, reitero, a un concepto que, por cierto, ha sido también muy manoseado. En cambio, Uribe Vélez y Andrés Pastrana no son hijos propiamente de antiguos "linajes". No constituyen precisamente la prolongación de troncos oligárquicos. Corresponden a la categoría "sectores emergentes". Pero no vamos a profundizar mucho en detalles genealógicos. Basta con revisar someramente la procedencia de quien en sus inicios políticos fuese lo que en la cultura política colombiana se denomina "delfín" (alguien que desarrolla una trayectoria política personal, gracias al trampolín de un progenitor que con anterioridad ha sido figura destacada de la actividad política tradicional, a menudo heredando no solo privilegios y ventajas, sino hasta clientelas enteras, como ocurrió comúnmente en Colombia durante la larga etapa de hegemonía del bipartidismo liberal-conservador), estamos hablando de Andrés Pastrana Arango, cuyo padre, Misael Pastrana Borrero fue a su vez un "apadrinado" del conservador Mariano Ospina Pérez, en su momento Presidente y ante todo jefe de la facción partidista que en definitiva logró hegemonizar, junto a los Lleras, jefes del partido Liberal, lo que más que un pacto, se trató de un régimen político: la coalición bipartidista del Frente Nacional.

Recordemos que el jefe político oriundo de la región de Antioquia, Mariano Ospina Pérez era el Presidente cuando fue asesinado el gran líder popular Jorge Eliécer Gaitán (años más tarde lograría imponerse ante su compañero de partido Laureano Gómez en la lucha no armada por el control de los hilos del poder, librada al interior del partido conservador, durante los primeros años del Frente Nacional). El 9 abril de 1948 y algunos días después, en que se prolongó "el Bogotazo" alrededor de treinta manzanas del centro de la capital fueron consumidas por llamas. Ospina Pérez contaba con una empresa constructora de su propiedad, Ospinas & Cía. Su influencia le permitió adelantar la "reconstrucción" de Bogotá sin ningún impedimento.(2)

El 19 de abril de 1970 tras un gran apagón que se produce precisamente en medio de la tensión y las expectativas generadas por la alta posibilidad de que por primera vez en la historia republicana una tercera fuerza política derrotara al bipartidismo, se anunció oficialmente una victoria: la del candidato del Frente Nacional sobre su contendor más fuerte, Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). Continuando con los antecedentes de la postura asumida en el presente, por el gobierno colombiano, hago referencia a algunos hitos de la evolución del sistema financiero de dicho país (obviamente no de manera minuciosa, y no se incluyen todos los hitos que cabría considerar, puesto que no se pretende dar espacio en ésta oportunidad, ni siquiera a una síntesis, por modesta y concisa que fuese, de la historia de dicho sector de la economía en Colombia):

1. El Plan de las Cuatro Estrategias (gobierno de Misael Pastrana)

 

Concebido por el economista asesor, de origen canadiense, Lauchlin Currie, la administración de Pastrana (padre) al poner en práctica la política denominada "Plan de las Cuatro Estrategias", dio a entender que se disponía a desarrollar toda la economía nacional, jalonándola mediante el impulso a la construcción. Ese fue el marco dentro del cual fueron creadas las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) y de la mano con ello, se introdujo un mecanismo ideado para garantizar que los banqueros no corrieran riesgos mayores al prestar dinero a largo plazo, a una escala mucho mayor a la acostumbrada hasta entonces (principios de la década de mil novecientos setenta), considerando la volatilidad de las tasas de interés (téngase en cuenta que durante la época Colombia experimentaba altos índices de inflación que las disparaban al conjugarse con la alta concentración del capital) y las dificultades que ésta implicaba para el cumplimiento de los plazos de pago por parte de quienes requiriesen créditos de vivienda: se trataba de la denominada Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).

Las unidades "UPAC" fueron una invención de la tecnocracia. Lauchlin Currie había sido funcionario del Banco Mundial. El punto es que se convirtieron en una "referencia" para especuladores del ámbito de las transacciones bursátiles, pero llegarían a convertirse en pesadilla (auténtica) para los deudores. El sistema se basaba en un juego semántico que dividía la tasa de interés en "corrección monetaria" e "interés" propiamente, cobrando intereses sobre interesescon la apariencia de no incurrir en lo que contemplaba el Código de Comercio con respecto a dicha falta. Es el mecanismo perverso que en Venezuela se aplicó de un modo si se quiere, menos sistemático, mediante los "créditos indexados", y que coloquialmente se denominó "cuota balón" o "créditos mexicanos". El tipo de perjuicio ocasionado no varía entre ambos casos.

Hace tres décadas un militante del maoísta Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), el profesor Jorge Enrique Robledo (hoy senador, del Polo Democrático Alternativo) lo describía así (¿cómo no considerarla algo perverso?):

"La Unidad de Poder Adquisitivo Constante no es más que un truco monetario que viabiliza la adquisición de deudas abultadas, con plazos amplios y una tasa de interés alta, a personas de recursos relativamente escasos o insuficientes para pagar por una vivienda del nivel de sus aspiraciones si se emplean sistemas de amortización tradicionales. El reajuste permanente de las cuotas mensuales, que hace que éstas empiecen "bajas" y aumenten con el tiempo, significa que al prestatario le financian el capital, y además, los intereses sobre esa suma (…) Una de las ventajas que tiene ese sistema para los prestamistas es que más familias puedan tomar préstamos hipotecarios (…) Un ejemplo concreto ilustra las diferencias: en una deuda de $2.400.000 a 15 años y con tasas de interés iguales, el mecanismo anterior, el de cuota fija, exigiría una primera cuota mensual de $57.050, en tanto que la misma en el sistema UPAC sería de $22.020, menos de mitad. No obstante, el asunto se modifica después. En el primer caso el pago en el mes 180 sería el mismo, mientras que con las UPAC llegaría a $487.264. La deuda en UPAC se pagaría alrededor de ocho veces; la otra, cerca de cuatro."(3)

Hasta 1972, año que Robledo cita como un punto de quiebre (antes de la creación de las CAV), no se había desarrollado en Colombia la construcción a gran escala, por lo menos no en una proporción tal, que le permitiera ser considerada toda una "industria" nacional, conforme a lo que se buscaba lograr con el Plan de las Cuatro Estrategias. Lo cierto es que las entidades estatales disponibles hasta el monto como fuentes de financiamiento de la construcción y compra de viviendas (el ICT y el Banco Central Hipotecario) carecían del músculo suficiente para asumir por si solas, el desafío que le imponía la fase en que se encontraba el proceso de modernización capitalista que experimentaba la sociedad colombiana durante aquellos tiempos, simultáneo al que se vivía en otras partes de Latinoamérica. Tratándose también de economías en las que se había consolidado tardíamente una modalidad de capitalismo dependiente, la continuidad de la dinámica de desarrollo del capitalismo a nivel internacional, ya había inducido la aceleración de los procesos internos que las condujeron a convertirse en sociedades predominantemente urbanizadas; que dieron lugar al surgimiento dentro de la estructura social, de nuevos estratos con aspiraciones, relativa capacidad de compra, y la estabilidad requerida para favorecer el surgimiento de toda una novedosa oferta inmobiliaria acorde con los intereses de los sectores sociales dominantes. Pero paralelamente, en el caso colombiano, no cesaba de acentuarse un grave déficit de vivienda, principalmente en lo respectivo los sectores de menores recursos, donde impactaba con todo su rigor el desequilibro derivado del crecimiento desordenado e intenso.

El gobierno de aquel entonces, según se pudo evidenciar, buscó la forma de resolver aquel crucigrama a través del sector privado, y en lugar de jugársela por el interés de las mayorías, se la jugó por el interés de lo que hasta la fecha era en Colombia, una incipiente burguesía financiera que precisamente se fortaleció con el binomio CAV-UPAC. El símil que corresponde para dicho cambio en la capacidad de captación de dinero por parte de los intermediarios financieros (banca) es como el haber pasado de estrechos callejones, a avenidas. El plan diseñado por L. Currie se llamó "de las cuatro estrategias" porque enfocaba cuatro ejes: los sectores de construcción, exportaciones, agrícola y redistribución del ingreso. Los términos bajo los cuales se planteó aquel plan de desarrollo eran y son contradictorios, si se considera una realidad caracterizada por el hecho de que la construcción era una actividad monopolizada (aun cuando existían pequeños empresarios constructores. Claro que, fueron también, receptores de créditos que se encontraban casi en igualdad de condiciones con respecto a una porción significativa de los compradores de vivienda, es decir, pese a ser constructores, formaban parte de los estratos sociales medios),expresión a su vez de la alta concentración de la propiedad, en especial la propiedad de la tierra, lo cual constituía el principal factor causante de la gran rigidez que acusaba el mercado de tierras urbanas y rurales. Cuando se indaga un poco en la historia de los años recientes (posteriores al gobierno de Misael Pastrana), se tiene ocasión de observar que el curso de la misma no haría más que alejarse de la justicia social, y del campo colombiano; del intrincado conflicto derivado del uso y la propiedad de la tierra, y de la producción campesina, para mirarlos desde la óptica distante de la macroeconomía y marchar cada vez con más fuerza, por el camino político de la represión que ha negado sistemáticamente al conflicto agrario como raíz profunda de la larga guerra que aún padece Colombia.

No es posible explicar el origen de la voracidad que caracteriza particularmente al capital financiero sin ir al meollo de la modernización (capitalista, cabe resaltar) de las sociedades. La acumulación incesante de capital exige la aparición de la "gran ciudad" como polo de consumo, y a ello se debe adecuar toda la institucionalidad pública y privada. La creación de entidades financieras como las corporaciones de ahorro y vivienda tampoco se da exclusivamente en Colombia, se fue dando en distintos países de América Latina en el contexto mundial de la ampliación de la esfera financiera.

1. La crisis financiera de finales de la década de los noventa (en Colombia)

La creación de las CAV fueron claves para el apuntalamiento en Colombia de la liberalización financiera propia de la globalización neoliberal. Ahí radica la causa fundamental de la crisis desatada en el país suramericano luego de que el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) adelantara en firme la implantación del modelo de desarrollo neoliberal, con la apertura comercial, el desarrollo de una política agresiva de privatización indiscriminada y la promulgación de la Ley 100 (entre otras) con la cual, los servicios de salud y la seguridad social se vertieron por completo hacia el especulativo sector financiero (lo más emblemático de esa política son las Empresas Promotoras de Salud, las Aseguradoras de Riesgos de Salud, y los Fondos Privados de Pensiones) e impusieron la precariedad e inestabilidad de la clase trabajadora con la generalización del contrato temporal haciendo uso del eufemismo de la "flexibilidad". Colombia se había caracterizado por una banca segmentada en entidades especializadas que se ocupaban por separado de financiar los distintos sectores de la economía: el comercial, el agrícola, el industrial, la vivienda, etcétera. Dentro del desenvolvimiento propio de la evolución del sistema financiero capitalista, se empieza a producir el tránsito hacia la banca universal. Pues bien, esa fue la gota que derramó el contenido del vaso, por dar pie a la intensificación de la competencia en la actividad constructora, proceso en el cual intervino de modo apreciable el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Para colmo, la falta de mecanismos de regulación contribuyó a su expansión, la cual se da principalmente entre 1992 y 1994;se estaba prestando más y más dinero para la adquisición de vivienda (el crédito hipotecario creció un 165%, en términos reales), ello aceleró la subida de los precios de la propiedad raíz. El desenfreno de las inversiones en el sector arrastró a la economía colombiana a una de sus peores crisis una de las peores crisis, luego de que en el año 1996 comenzaron a caer los precios de los inmuebles (4), además la crisis asiática actuó como catalizador de la situación de vulnerabilidad en la que había caído Colombia tras un preocupante aumento de su deuda pública y privada; todo ello se tradujo, como era de esperarse, en la reversión de los flujos de capital y en el aumento del indicador "riesgo-país", por consiguiente se elevaron las tasas de interés , y creció la cartera morosa de las CAV, hecho agravado por la disminución de depósitos. Algunos bancos hipotecarios quedaron insolventes y el gobierno los intervino.

La respuesta ante semejante situación resultó catastrófica: Consistió en incorporar el monto de los depósitos a término fijo (DTF) en el cálculo del valor de las UPAC, lo cual provocó un aumento considerable de las cuotas de amortización y por ende, de las deudas hipotecarias, de manera paradójica,como puede apreciarse, dada la caída de los precios de la vivienda, más no de las deudas contraídas antes de que ello ocurriese.

1. El desalojo de centenares de miles de familias colombianas en las ciudades

En plena crisis, la Corte Constitucional emitió una serie de fallos que declararon el sistema UPAC, de dos décadas de vigencia, no ajustado a la constitución. Dicha corte solicitó volver a una unidad estrictamente atada a la inflación anual, y el Congreso creó la Unidad de Valor Real (UVR). En resumen: prácticamente se volvió a la situación precedente, ya de por sí perniciosa.

Se calcula que cerca de 800.000 familias perdieron sus viviendas por la acción combinada de las UPAC-UVR y organizaciones de usuarios sostienen que más de 2.000 mil personas se suicidaron por cuenta de la crisis que los obligó a entregar sus casas a los bancos como forma de pago para saldar subyugantes obligaciones, después de haber pagado varias veces su precio original. Los bancos sufrieron grandes pérdidas que provocaron la parálisis del crédito hipotecario… ¿Quién pagó los platos rotos? Veamos:

1. La implantación del impuesto del 2x1000 y su incremento progresivo

Aquí la historia económica y política de Colombia relaciona de un modo singular a Pastrana padre, con Pastrana hijo, puesto que luego, el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), plegándose al principio burgués de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, sobresale también por la forma como se afecta a la mayoría de la población; no la venezolana, como sucede con la resolución número 8, sino a la del propio país, implementando un impuesto a las operaciones efectuadas habitualmente por los usuarios de los servicios de la banca (retiro de efectivode cajeros, depósito de cheques ordinarios y de gerencia, pagos con tarjeta de débito, entre otras),en un principio del 2x1000(dos pesos por cada 1000 que se retiraran o fuesen tomados de cada cuenta personal, eran recaudados por el Estado). Los recursos obtenidos se emplearon para "arreglar" el desbarajuste causado por hombres "de negocios" (entre los cuales se incluyeron abogados y jueces) y sus representantes en distintos gobiernos. El pueblo de Colombia perdió dos veces.

El 25 de enero de 1999 un fuerte sismo tuvo como epicentro el "eje cafetero" suroccidental, el Ministro de Economía Juan Camilo Restrepo, del Partido Conservador y miembro del patriciado de Antioquia, opta por aumentar el impuesto, del 2 x 1000 al 3 x 1000 y hacer de ese modo, que el costo de la ayuda a 28 municipios afectados por la catástrofe suscitada, fuese descargado sobre los asalariados y trabajadores independientes, quienes constituyen la gran mayoría de titulares de cuentas bancarias. Se anunció oficialmente que ese cobro sería transitorio, que solo se efectuaría durante un año exacto. No solo se mantiene hasta el sol de hoy, sino que posteriormente, con Álvaro Uribe Vélez, se comenzó a cobrar el 4 x 1000, y dicho impuesto recibió el nombre de "Gravamen de Transacciones Financieras" (GVT en siglas, como le gusta a los tecnócratas).

El gobierno antipopular de Andrés Pastrana y los subsiguientes se han encargado de incrementar el IVA y ampliar su marco de aplicación.A propósito de Uribe: como gran exponente de la derecha encabezó antes de su reelección, un primer gobierno que impuso varios incrementos consecutivos del precio de la gasolina durante cada año del período 2002-2006,hasta acumular un aumento del orden del 200% a su término, con la finalidad expresa de nivelar a aquel, con los precios fijados en Europa (como si los colombianos hubiesen promediado un nivel de vida equiparable a los estándares europeos de la época). Es algo que cabe subrayar, puesto que guarda relación directa con el problema de la frontera. Volviendo al tema del apellido Pastrana, fijémonos como éste nos remite al imperialismo: por la vía de las finanzas internacionales en Misael Pastrana encontramos el gran paso previohacia la articulación definitiva del capital privado doméstico al capital financiero transnacional.

Jorge Enrique Robledo acota:

"El comando del capital financiero sobre el conjunto de la producción material convierte al crédito en pieza decisiva para la creación y fortalecimiento de los monopolios, y la tasa de interés adquiere la tendencia a apropiarse de todas las ganancias de los empresarios. Los bancos no son ya meros intermediarios; son los amos indiscutibles de la producción, que alinean tras de sí al grueso de la economía. Lo que impera ahora es el monopolio y los precios monopolistas. La ganan y de los bajos precios; son el resultado del monopolio mismo, y el triunfo sobre la competencia no dependen de la eficacia productiva, lo que necesariamente conduce a que éste no sea factor de progreso y avance de las fuerzas productivas, sino de entrabamiento y crisis. Con el advenimiento de la fase capitalista monopolística, el reino de la burguesía perdió el principal elemento que lo justificóy le dio su lugar en la historia: el de ser motor de adelanto de la sociedad."(5)

Mucho antes de que el Estado colombiano le abriera las puertas de par en par a la banca extranjera (hecho que se presentó en los años 90, y aguardó a que se dieran pasos previos fundamentales para ello, como la creación de la banca múltiple o universal, según se señaló con anterioridad, la introducción de la figura del holding), varias CAV fueron fundadas con participación del capital transnacional:

El Banco Mundial en Davivienda; también de manera indirecta a través de sus acciones en Conavi y Colpatria.

El Grupo Rockefeller en Granahorrar y Ahorramás influyendo a través del Banco del Comercio.

El First National Citi Bank, a través de su presencia en la Corporación Financiera de Occidente se hizo socio de Concasa.

La Corporación Financiera del Norte con acciones en Colpatria, con el Marine Midlan Bank como accionista principal.(6)

La otra vía es la militar, no perdamos de vista que las bases norteamericanas que se establecieron en el territorio colombiano corresponden a una estrategia imperialista de mediano y largo plazo. Apuntan cada una hacia el mismo blanco: todo el proceso de transformación que comenzó a desarrollarse a partir de la década pasada, junto al mar caribe, alrededor del Amazonas y cerquita de las formidables cumbres andinas. La construcción de esas bases se inicia con el despliegue del Plan Colombia, fase inicial del asalto a nuestros abundantes recursos que se ejecuta con la colaboración diligente de Andrés Pastrana, gran suscriptor del mismo, como acuerdo bilateral de entrega y sometimiento establecido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Aquí concluye la exposición del proceso que antecede a la acción destructiva contra nuestra moneda, en lo que corresponde a Colombia, sin embargo no nos engañemos, todo esto no constituye un asunto de gentilicios, Colombia y Venezuela viven cada una su propio proceso socio-histórico; a Venezuela le ha tocado en virtud de la confluencia de múltiples circunstancias, un período de democratización y transformaciones. Es evidente que la sociedad colombiana históricamente ha sido más resistente al cambio, pero las circunstancias se van modificando a lo largo del tiempo y en el mañana podría dar un viraje de 180 grados. Como sujetos con capacidad de interpretación y con posibilidades de incidir (claro, con límites que de antemano no podemos determinar con exactitud), estén dadas o no las condiciones, nuestra actuación debe ser básicamente la misma, propiciar el cambio permanentemente sin precipitarse a forzarlo inútilmente.

El profesor Luis Salas Rodríguez, coordinador del PFG de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, inicia uno de sus análisis (pertinentes y muy recomendables en ésta difícil hora histórica), con la siguiente cita de Slavoj Žižek:(7)

"No hay solamente respuestas incorrectas, hay también preguntas incorrectas. Hay preguntas que se refieren a un determinado problema real, pero la manera en que se formulan, efectivamente ofuscan, mistifican y confunden el problema."

Quizás lo más apropiado en estos momentos sea plantear preguntas adecuadas, para retomar de nuevo la formulación de soluciones efectivas, que tanto hacen falta. El tiempo apremia… Por mi parte me inquietan las siguientes interrogantes:

Con relación al manejo que se hace del bolívar en Colombia:

¿Qué papel está jugando el sistema financiero allá en el país vecino, en todo este perverso juego? (el sistema financiero que opera en Colombia considerado en toda su amplitud, incluida la banca central etc.)

Con respecto a Venezuela:

¿Qué papel juega el sistema financiero privado que opera en Venezuela, en cuanto a la depreciación constante de nuestra moneda, qué conexiones tiene en el exterior?

Teniendo en Venezuela toda una estructura corporativa privada (intacta), tan ferozmente capitalista como la descrita en éste artículo (aunque no se encuentren activos mecanismos como el cobro de intereses sobre intereses, y no se encuentren contemplados en las leyes vigentes instituciones financieras como las Aseguradoras de Fondos Privados de Pensiones, por ejemplo), no hay que darle muchas vueltas a la cabeza para inferir que tanto las entidades financieras privadas como las públicas están inscritas en la dinámica financiera internacional (la del capital financiero mundializado), caracterizada por la intervención de nuevos factores que no aparecen citados en el valioso trabajo de Jorge Enrique Robledo sobre el déficit de vivienda en Colombia (vgr. los Fondos Mutuales, los mercados de obligaciones, etc.). Ahora bien, siendo la esfera financiera la más poderosa del capitalismo contemporáneo, de ello se colige que la convergencia del acaparamiento, la reventa de productos dentro y fuera del país, que recibe la denominación coloquial de "bachaqueo" (pueblo contra pueblo convertido en "la serpiente que se muerde la cola y comienza a devorarse a sí misma") y, la ilegal dolarización especulativa de la economía, constituyen en definitiva solo la punta de un enorme témpano cuya base corresponde al capital transnacional.

Siguiendo ese hilo conductor, pregunto:

¿Existen actualmente en el Estado personas naturales responsables de participar activamente en la transferencia de ganancias generadas a partir del aprovechamiento de los factores que se acaban de citar, al sistema financiero privado? ¿Tendrían esas personas incorporadas a la institucionalidad, conexiones directas con el sistema financiero internacional? ¿Si es así, de qué forma se vinculan a éste? ¿En torno a una dinámica de esa índole, como se relacionarían ente sí, particulares y funcionarios con las más altas responsabilidades en lo respectivo a las finanzas públicas y la economía estatal en general?.

1.- Hoy por hoy se encaminan esfuerzos por la repatriación de las piezas. Por lo pronto se exhiben en un museo de Madrid. La prensa colombiana ha tratado detalladamente el asunto. Para conocer más sus pormenores se puede leer por ejemplo la nota periodística de El Espectador: “El tesoro Quimbaya podría ser repatriado” (2014, 31 de mayo). Disponible en línea: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-tesoro-quimbaya-podria-ser-repatriado-articulo-495818. Consultado el 28 de septiembre de 2015.

2.-En la revisión hemerográfica efectuada en ocasión de la elaboración de mi tesis de grado en Historia en la Universidad del Valle (Cali, Col.), tuve la oportunidad de constatar como a lo largo de los años 1960 la firma Ospinas & Cía desarrolló en la capital vallecaucana grandes proyectos urbanísticos mientras la facción ospinista ejercía control sobre el ente estatal que abría créditos de vivienda desde aquella década: el Instituto de Crédito Territorial (ICT), estimulando la valorización de tierras que eran propiedad de algunas familias terratenientes del suroccidente colombiano, y adicionalmente, de un reducido número de particulares por fuera de las mismas. Un ejemplo relevante es el de la urbanización Colseguros, que prácticamente marcó el rumbo del crecimiento de la ciudad de Cali (la cual experimentaba un auge expansivo) en la década de 1960 y las dos siguientes. Presumo que además de Bogotá y Cali la empresa tenía entre sus nichos de inversión principales, a la segunda ciudad de Colombia, por sus dimensiones demográficas y económicas: Medellín, capital del Departamento de Antioquia.

3.-ROBLEDO, Jorge E. (1985) El drama de la vivienda en Colombia. El Áncora Editores, Bogotá.

4.- URRUTIA M. Miguel & NAMEN L. Olga M. (2011). “Ensayos sobre Política Económica”. En: Banco de la República de Colombia, vol. 30(67), pp. 282-306.

5.- ROBLEDO, Jorge E. Ibíd.

6.- Esa información la volcó Robledo en la referencia fundamental que para el presente artículo constituye su estudio ya citado sobre la crónica problemática de la vivienda en Colombia. Ahí se indica que fue extraída del trabajo de Julio Silva Colmenares intitulado “Los verdaderos dueños del país”, publicado en 1980.

7.- Salas R. Luis (2013) “¿Es la inflación el principal problema de la economía venezolana? Reflexiones de economía política en torno a un problema muy mal planteado (Primera Parte). Disponible en línea: https://surversion.wordpress.com/2013/05/05/es-la-inflacion-el-principal-problema-de-la-economia-venezolana-reflexiones-de-economia-politica-en-torno-a-un-problema-muy-mal-planteado-primera-parte/. Consultado el 28 de septiembre de 2015. El autor viene desarrollando una significativa contribución al estudio del problema de la “guerra económica” en Venezuela, la cual se halla condensada en el libro: “Escritos desde la guerra económica” de la editorial “El perro y la rana”.