Oscar Arias y la privatización en Costa Rica

La Comisión Nacional de Enlace C.N.E., es una instancia de articulación y encuentro del movimiento social costarricense y ha emitido el siguiente comunicado.

Costa Rica pasa en estos momentos por una situación muy compleja, la contradicción social se profundiza cada vez más y no se resolverá con poses ni discursos vacíos. Esa contradicción está caracterizada por una polarización social que quedó claramente evidenciada en el último proceso electoral. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) es el catalizador de esa polarización que enfrenta a dos sectores que cada día que pasa radicalizan más sus posiciones político-ideológicas.

Un sector que comprende que con el TLC están en juego las conquistas laborales y el Estado Solidario, producto de la Reforma Social de los años cuarenta y que ese Tratado solo servirá para que unos cuantos ambiciosos y serviles de las transnacionales, consoliden lo que no han podido consolidar, es decir, su sueño neoliberal y aperturista para acumular más riqueza, sin importarle si nuestro pueblo se hunde todavía más en la exclusión y la pobreza.
El otro sector, defiende la tesis económica neoliberal y por lo tanto la contrarreforma social reduciendo todo a un simple problema de ingobernabilidad y haciendo caso omiso a esa profundización de la contradicción social; contradicción que está arrastrando a nuestro país a una situación cada vez más difícil y cada vez más cercana a un enfrentamiento. Cabe señalar que la gobernabilidad para el sector contrarreformista, significa imponer el modelo neoliberal y privatizador y arrasar con todos los que se le oponen.

Un recuento necesario

Por eso es importante recordar al pueblo de Costa Rica quiénes son los que vienen impulsando esta cruzada privatizadora neoliberal. De nuevo veremos cómo siempre son las mismas caras que actúan abierta o sigilosamente en los diferentes períodos de gobierno con el propósito de lograr su objetivo; cual es, reducir el Estado Social a escombros y privatizar sus instituciones estratégicas a su favor y al de las transnacionales.

Por eso es pertinente desenmascarar una vez más al hoy presidente inconstitucional, Oscar Arias Sánchez con el propósito de recordarles a algunos ingenuos que ahora corren a reunirse con él, que el objetivo de la banda privatizadora no ha cambiado. En estos últimos veinte años, la posición de Oscar Arias y sus acólitos no ha sido otra que propugnar abiertamente por el modelo neoliberal excluyente y poner en subasta instituciones estratégicas como el ICE, el INS, la CCSS y los bancos.

Para efectos de ubicación cabe señalar que en la primera administración de Arias Sánchez, fungió como presidente del Banco Central, uno de los pilares ideológicos de la privatización en Costa Rica: Eduardo Lizano Fait. Este funcionario, vinculado estrechamente a los intereses neoliberales, ya advertía en enero de 1988 que, debido a la difícil situación de las finanzas, ameritaba concertar un acuerdo de corte drástico con el Fondo Monetario Internacional. Se justificaba, según Lizano, ese proceder, debido a las pérdidas del Banco Central y al déficit del sector público. Desde esa época la tripleta Eduardo Lizano, Oscar Arias y Francisco De Paula Gutiérrez (los dos últimos del Grupo SAMA) se convertiría en uno, quizá el principal impulsor ideológico de la privatización en Costa Rica. Por supuesto apoyado con creces por el periódico La Nación S.A.
Con la orientación política ideológica de esta tripleta privatizadora ha sucedido en el país una secuencia de hechos que pasamos a reseñar:

La telefonía celular

El caso de la telefonía celular es uno de los más ilustrativos. Sesgado e influenciado desde el inicio del proceso, el Consejo Directivo del ICE (1986) tomó la decisión ilegal e inconstitucional de entregar la telefonía celular a la empresa privada. Aún cuando existían informes de la Contraloría General y de la Procuraduría General de la República, advirtiendo sobre la situación, el presidente de entonces, Oscar Arias Sánchez, firmó, el 04 de diciembre de 1987, el acuerdo del Poder Ejecutivo N° 268 que le permitió operar frecuencias ilegalmente en la banda de 800MHZ a la empresa COMCEL S.A., mampara de Millicom en Costa Rica. Millicom empezó a operar la telefonía celular a principios de 1989.

Ante el atropello del acuerdo N° 268, en octubre de 1991, se interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV, la N° 2444 y la N° 2730-91. Esas acciones fueron resueltas en 1993, mediante el fallo N° 5386-93, donde se declararon con lugar las acciones presentadas y se anuló el decreto ilegal N° 268 firmado por Oscar Arias Sánchez y también se declararon inconstitucionales los negocios jurídicos celebrados entre el ICE y las empresas Millicom de Costa Rica y CONCEL S.A.

El diputado Rolando Laclé Castro, hoy presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales que tramita el TLC, también siendo diputado fue el abogado y notario de la empresa Millicom.

RACSA, la CNFL y las telecomunicaciones

Pero no solo la telefonía celular les interesaba. La Presidencia de la República -Oscar Arias-, presentó la solicitud ante el Consejo Directivo del ICE, para que se realizara un estudio tendiente a determinar la posibilidad de que los usuarios de las subsidiarias Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Radiográfica Costarricense (RACSA) participaran en el capital social de las mismas por medio de emisiones específicas de acciones, es decir, la privatización de RACSA y de la CNFL.

En julio de 1987, el presidente ejecutivo de entonces, Ing. Antonio Cañas, le comunicó al presidente Oscar Arias, que el proyecto de democratización (así camuflaba la privatización) era viable.

En octubre de ese año, Oscar Arias manifestó su complacencia con el proyecto de privatización y reiteró su apoyo al mismo.

El 25 de abril de 1988 quedó claro que, además de la privatización de RACSA y la CNFL, les interesaba sobremanera la privatización del Sector de Telecomunicaciones del ICE. Ese día, el Ing. Antonio Cañas, ante el Consejo Directivo del ICE, señaló, que el proyecto de “democratización económica” en lo que se refería al Sector de Telecomunicaciones, consistía en la creación de una “Empresa Costarricense de Telecomunicaciones” (ECOTEL), en la que el ICE tendría el 40% de las acciones y el otro 60% sería vendido a accionistas privados, a los usuarios, así como a los empleados de la misma empresa. El Consejo Directivo del ICE –conectado directamente a la Presidencia de la República-, argumentando la “democratización” de las inversiones de la institución, aprobó en esa misma sesión, la privatización del Sector de Telecomunicaciones.

El 12 de junio de 1988, un Consejo Directivo del ICE, cómplice de la privatización, publicó un campo pagado en el periódico La Nación, titulado cínicamente, “El ICE es de los costarricenses”. Allí explicaba su decisión de privatizar.

La reacción de La Nación no se hizo esperar y el 20 de junio basándose en ese campo pagado, editorializó apoyando la privatización de las telecomunicaciones. Posteriormente, en la sesión N° 4167 del 24 de abril de 1990, el Consejo Directivo del ICE, acordó, en virtud de la oposición generada en el país al proyecto de privatización del ICE, dejar sin efecto en acuerdo del 25 de abril de 1988.

La banca estatal

En agosto de 1988, en un artículo publicado en el periódico La Nación, titulado “Tiro de gracia a la banca”, don Jorge Luis Villanueva -en aquel entonces diputado y miembro del Directorio Político del PLN-, denunció que Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias habían enviado a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que, por su naturaleza, constituían el tiro de gracia que andaban buscando los enemigos de la Banca Nacionalizada para liquidar de una vez por todas la función exclusiva de captar los depósitos del público que le había sido asignada desde 1948. El proyecto fue publicado el 10 de marzo de 1988 y sancionado el 04 de noviembre de ese mismo año. Urgía la cosa.
En noviembre de 1988, Ottón Solís Fallas, en un artículo publicado en La Nación S.A. titulado “Privatización de la banca y democracia”, también denunció que el modelo puesto en práctica, en el caso de la Banca en Costa Rica, fue políticamente nocivo porque quienes habían tomado las decisiones para esa privatización, sabiendo que la mayoría de los costarricenses se oponía nunca dijeron que era lo que estaban haciendo. Manifestó Ottón Solís que el debate para la privatización de la banca nunca había existido y que con el proyecto de ley recientemente aprobado, la privatización se aceleraría irreversiblemente.

Efectivamente así fue, porque en la administración Figueres Olsen, en marzo de 1995, efectivamente le dieron el tiro de gracia a la banca nacionalizada, con la Ley Orgánica del Banco Central, que dictó una nueva legislación que favoreció a los banqueros privados y mediatizó el papel de la banca estatal.

La generación privada de electricidad

También en la administración Arias Sánchez, se propuso y avanzó en su trámite la privatización de la generación eléctrica por medio de la Ley 7200 que autorizó la generación eléctrica privada o paralela. La ley fue publicada el 12 de diciembre de 1989 (durante su gobierno) y fue sancionada en la administración Calderón Fournier, el 28 de septiembre de 1990. Esta ley, que abrió un segmento del mercado eléctrico fue el portillo que le ha permitido a un grupo de generadores privados desde la administración Figueres Olsen, con la complicidad de autoridades del ICE y de la ARESEP, succionarle al Sector Eléctrico del ICE miles de millones de colones anualmente, con tarifas calificadas de ilegales por la Contraloría General de la República en su informe N° 90-2000 de abril del año 2000. Este asunto ya fue denunciado y sobre el actúa el Ministerio Público.

En el año 2003, siendo Rodrigo Arias “asesor” de Abel Pacheco, se firmó, amparado a la Ley 7200, el contrato, moral y políticamente incongruente, entre el ICE y el Ingenio Taboga, donde los hermanos tienen claros intereses.

La lucha contra Millicom

En 1995, durante la administración Figueres Olsen, sucedieron varias cosas importantes. Una de ellas fue la huelga contra la transnacional Millicom que quería seguir operando en Costa Rica -a pesar del fallo de la Sala IV-, por medio de un contrato de arrendamiento con RACSA. Los trabajadores del ICE fueron a una huelga indefinida en mayo de 1995 y lograron por fin la derrota definitiva de las operaciones ilegales de Millicon en Costa Rica. Millicom dejó de operar el 09 de mayo de 2005. Como resultado de la huelga, en el plano político, si bien quedaron expuestos todos los involucrados en este caso de corrupción, tráfico de influencia y subasta de la Patria, en el plano legal como era de esperarse, primó la impunidad.

En febrero de 1996 la empresa Millicom de Costa Rica demandó a Costa Rica por la suma de $400 millones de dólares. Sobre esto, el dirigente del ICE, hoy Coordinador del FIT, Jorge Arguedas Mora, manifestó que los únicos responsables de que Millicom operara ilegalmente en Costa Rica habían sido Rodrigo Oreamuno y otros funcionarios corruptos del gobierno de Oscar Arias. Por supuesto que el principal responsable fue Oscar Arias Sánchez cuando firmó el acuerdo N° 268 en diciembre de 1987; por cierto impune en todo este desastre de corrupción y tráfico de influencias.

Venta de activos y la deuda interna

El otro hecho que es importante destacar, es que a pesar de la huelga contra Millicom y la derrota que sufrió el sector contrarreformista en relación con las telecomunicaciones, éste inició a mediados del año 1994, una campaña para la privatización y venta de activos del Estado, argumentando que el país se hundiría económicamente si no resolvía el problema de la deuda interna.

Para mediados de 1995 la campaña de la deuda interna adquirió un carácter de hostigamiento y terror ideológico. De nuevo aparecen en escena tres figuras: Eduardo Lizano y Oscar Arias, ambos impulsando la subasta de las instituciones, especialmente los bancos estatales, el ICE y el INS. El otro miembro de la tripleta, Francisco de Paula Gutiérrez, ejercía como ministro de Hacienda. En esta cruzada fueron apoyados irrestrictamente por Marco Vinicio Ruiz, en ese entonces presidente de la UCCAEP y quien a partir del 08 de mayo fungirá como ministro de Comercio Exterior.

En esa campaña, el expresidente Oscar Arias escribió dos artículos reveladores: uno, el 03 de diciembre de 1995, en La Nación, titulado “Privatizar para abolir la ignorancia” en el cual de manera perversa propuso la privatización de las telecomunicaciones para darle recursos a la educación y el otro lo publicó el 10 de enero de 1996 -en el mismo periódico-, y lo tituló, “Para abolir la ignorancia actuemos”, allí igual propone la privatización de las telecomunicaciones y cerró su artículo diciendo “Lo más triste de todo es señalar que un país de peones no necesita teléfonos inalámbricos”. Lastimosamente para Oscar Arias, dichosamente para el país de “peones ignorantes”, según él, hoy existen 1.300.000 mil teléfonos móviles (celulares) y el ICE, piensa incrementar esa cifra en 300.000 mil más. Millicom, la transnacional que él favoreció con el acuerdo N° 268, instaló sólo 3500 celulares en un período de seis años.

La campaña subastadora continuó durante 1996. En julio de ese año se conformó una Comisión por parte del Ministerio de Hacienda, presidido por De Paula Gutiérrez, para estudiar y recomendar sobre el problema de la deuda interna. Como coordinador de la Comisión se nombró a Eduardo Lizano Fait. De Paula Gutiérrez, refiriéndose a la venta de activos del Estado, manifestó que la privatización no debía sólo verse como una solución a la deuda sino como una estrategia de desarrollo.

En noviembre de 1996, en una nueva maniobra, reunieron a los expresidentes para ver si lograban una posición consensuada sobre la venta de activos. Finalmente lograron un pronunciamiento de los expresidentes donde efectivamente avalaron la venta de activos, punto que no fue avalado por el expresidente Rodrigo Carazo. Finalmente, a finales del año 1996, toda la maniobra de la deuda interna y la campaña de terror ideológico en procura de la venta de activos, fue desarmada y derrotada.

El combo del ICE

En el año 2000 vino el “combo energético” con el cual esperaban resolver una de las contradicciones mayores, la privatización de las telecomunicaciones y el desmantelamiento del ICE. En ese proceso privatizador jugó un importante papel la tripleta privatizadora que presionó de nuevo intensamente para que ese proyecto se aprobara. Y lo aprobaron. Gracias a la reserva ideológica de nuestro pueblo, que se movilizó y paralizó el país, el nuevo intento fue derrotado. También había sido derrotada la reelección presidencial por la Sala Constitucional, tema sobre el qué, el privatizador Oscar Arias Sánchez venía insistiendo. El proyecto fue retomado posteriormente por la élite financiera de este país como la única salida política para avanzar en el proyecto contrarreformista.

Agricultura y Consejo Nacional de Producción

Fue la “agricultura de cambio”, promovida en esa administración, lo que condujo a un desmantelamiento de la agricultura tradicional costarricense. Los agricultores, una vez que se embarcaron en eliminar sus cultivos históricos por los nuevos, fueron abandonados a su suerte, lo que provocó pérdida de propiedades al no poder cancelar sus préstamos con las instituciones financieras. Perdieron sus productos, sus fincas y hasta sus familias. Muchas de esas fincas fueron a parar a manos de latifundistas y terratenientes y los campesinos fueron a engrosar los anillos de pobreza y desempleo en los barrios urbano marginales de la capital.

De manera que la agricultura de cambio fue un instrumento utilizado por Oscar Arias para encubrir la verdadera razón de sus propósitos, cual fue impulsar las políticas aperturistas de los grupos neoliberales locales así como a las entidades financieras internacionales. En toda esta política aperturista igual suerte corrió el Consejo Nacional de Producción y los Estancos, que fueron liquidados. Esos eran los lugares donde los pobres adquirían a costos muy bajos sus víveres de primera necesidad. En su administración se dejó por la libre la importación de granos básicos, lo que afectó a los pequeños agricultores costarricenses, se ajustó los precios agrícolas, se redujeron los subsidios y se desfinanciaron los préstamos para la agricultura.

El TLC con Estados Unidos

En el año 2002 vino el TLC y con él se pusieron en evidencia abiertamente los impulsores del proyecto neoliberal y antinacional. En el año 2004, como resultado de se proceso de decantamiento de las posiciones, los Alberto Trejos y las Anabelle González fueron expulsados del COMEX, calificados de golpistas por el propio presidente Abel Pacheco. Un año antes, la Sala IV había dado un golpe de Estado sigiloso y corrupto, que permitió la reelección presidencial, lo que hizo que Oscar Arias, con el apoyo del sector ultra neoliberal, llegara a la Presidencia de Costa Rica.

Llegan, eso sí, políticamente debilitados y desmoralizados, por cuanto, solo uno de cuatro costarricenses inscritos en el padrón votó por él. Pese a una campaña multimillonaria, con la que esperaba un 65% de los votos, Oscar Arias apenas logró salir electo.

Con un TLC a cuestas que suscita la repulsa de amplios sectores sociales, laborales y productivos, y un paquete de impuestos sobre sus espaldas, a Arias Sánchez no le bastó el generoso respaldo de la elite financiera encabezada por La Nación S.A.

Oscar Arias Sánchez ha hecho todo lo posible para afianzar la contrarreforma social y ha recurrido a armas inconstitucionales e ilegítimas para llegar a la Presidencia de la República. Los hechos son los hechos. La oligarquía financiera, en estrecha alianza con la oligarquía centroamericana y las transnacionales, cree que la inconstitucional presidencia de Oscar Arias les habría dado una patente de corso para avanzar en sus planes contrarreformistas apuntalándolos con el Tratado de Libre Comercio, pero se equivocan.

Los nuevos filibusteros

Hoy, al igual que lo hicieron hace 150 años nuestros combatientes que expulsaron a los filibusteros comandados por William Walker, no dejaremos que subasten este país al mejor postor. ¡Esta Patria, al igual que lo hizo Juan Rafael Mora Porras en 1856, se va a defender cueste el precio que cueste!
¡No destruirán, estos nuevos filibusteros, con su infinita codicia, ambición y traición a la Patria, las conquistas logradas por nuestro pueblo utilizando la mampara del TLC!

Ante la situación por la que atraviesa nuestro país y los peligros que lo acechan, la Comisión Nacional de Enlace hace de nuevo un llamado a para que se avance en la unidad y la organización a nivel nacional para parar este atropello filibusterista. Llama también a organizaciones amigas en el plano internacional para que se solidaricen con nuestra lucha, que se intensificará en los próximos meses.

Es fundamental templar el espíritu de lucha y fortalecer nuestra capacidad combativa con el objetivo de derrotar a los nuevos filibusteros enemigos de la Patria.

Comisión Nacional de Enlace
28 de marzo de 2006

Año 1856, Batalla de Santa Rosa y derrota de los filibusteros.
Año 2006, todo para la derrota de los nuevos filibusteros y el TLC.

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