La paz con justicia social que anhelan miles de colombianos necesita una herramienta que active la participación del pueblo en la construcción de grandes transformaciones. Las conversaciones desarrolladas en La Habana, Cuba, entre los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y representantes del gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón han motivado amplios debates entre académicos, dirigentes de organizaciones sociales y partidos políticos, educadores, promotores de derechos humanos y sindicalistas en torno a plebiscitos, referendos o una Asamblea Nacional Constituyente.
Santos Calderón propuso ante los congresistas el 22 de agosto anterior la realización de una consulta pública en caso de que se logre un Acuerdo de Paz con las FARC. El mandatario, que piensa ser reelegido en los comicios del próximo año, insiste en que la insurgencia abandone las armas y participe políticamente sólo en el ámbito electoral. La propaganda gubernamental colombiana habla de un país “donde se vive plenamente la democracia”, descalifica las movilizaciones masivas en torno al paro agrario y culpa a la guerrilla fariana de ser la autora intelectual de la protesta.
Asamblea Nacional Constituyente proponen las FARC y tienen el respaldo de militantes, dirigentes y simpatizantes de los partidos: Comunista Colombiano (PCC) y del Polo Democrático Alternativo (PDA) así como de la organización Marcha Patriótica y un sector de conservadores y liberales independientes, todos convencidos de la necesidad de transformar la patria de Camilo Torres Restrepo. El proyecto de Santos enviado a los legisladores provocó que los farianos, asistentes al diálogo en La Habana, pidieran un receso razonable para analizar la situación.
Durante 105 años de existencia la Constitución colombiana de 1986 fue reformada en 67 ocasiones. En el año de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó una nueva Carta Magna que ha tenido más de 35 reformas en 22 años. Conversaciones de paz entre insurgentes de las FARC y de los ejércitos de Liberación Nacional (ELN) y Popular de Liberación (EPL) se desarrollaron con los gobiernos de César Gaviria Trujillo (1990-1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998); Andrés Pastrana Arango (1998-2002); Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y la actual ronda habanera con la administración de Juan Manuel Santos Calderón.
Los farianos no se sienten comprometidos con el pacto social que dio lugar a la Constitución de 1991. No se desistieron del alzamiento armado contra el Estado porque comprobaron el ascenso del paramilitarismo de extrema derecha utilizado por el imperio estadounidense y la oligarquía anticolombiana para exterminar a quienes habían entregado las armas en procesos anteriores. El Movimiento 19 de Abril (M19) cuyo candidato a la Presidencia, Carlos Pizarro Leóngomez, fue asesinado el 26 de abril de 1990, a pocos meses de entregar las armas, sí participó en la Asamblea Constituyente hasta convertirse en un partido pequeño llamado Alianza M19 que abrió las puertas a politiqueros oportunistas de los partidos tradicionales quienes estaban interesados únicamente en participar del poder a través de cuotas municipales, departamentales, regionales y nacionales.
Militantes del Polo Democrático Alternativo reunidos recientemente en Ibagué, ciudad capital del departamento de Tolima, analizaron el tema del paramilitarismo a 10 años de los acuerdos logrados entre dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su amigo, el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. Los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso están acusados desde el año 1003 de cometer crímenes de lesa humanidad. El 15 de julio de ese año el gobierno uribista y los dirigentes de las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, que tomó su nombre de un municipio localizado en el departamento (estado) de Córdoba, donde se comprometieron a desmovilizarse gradualmente en un periodo de dos años, aproximadamente hasta 2005. Uribe se sintió presionado por la comunidad internacional y exploró la posibilidad de realizar conversaciones de paz con la insurgencia revolucionaria camilista del ELN. El mandatario que ofrecía conferencias de prensa sobre la pacificación de su país, estaba enterado y entusiasmado con las acciones criminales y violentas desarrolladas por integrantes del escuadron de la muerte denominado Bloque Metro, organización especializada en masacrar a civiles en la ciudad de Medellín.
Dos exguerrilleros del M19 cuestionaron el proceso de Álvaro Uribe con los paramilitares de las AUC en 2003. Otty Patiño Hormaza quien dirigía el Observatorio para la Paz, advirtió que se planteaba un ajuste interno en el campo de la contrainsurgencia. Se acabaría el paramilitarismo ilegal y “el Estado recobraría el monopolio de la contrainsurgencia armada”. Antonio Navarro Wolff, fundador del M19 en la década de 1970, luego se desempeñó como congresista y se opuso a que el gobierno de Uribe concediera una amnistía a paramilitares que realizaron masacres y delitos atroces contra pobladores del campo e indígenas de la etnia kankuama.
Colombia necesita ahora en 2013 un pacto social incluyente, ralizar otra vez una Asamblea Nacional Constituyente de cara al siglo XXI. La simulación democrática es denunciada y descubierta por trabajadores de la ciudad y el campo, algunos de los cuales fueron amenazados o perdieron familiares víctimas de la violencia desatada por empresarios distinguidos como el señor Víctor Carranza, fallecido en abril pasado y conocido durante cuatro décadas como el Zar de las Esmeraldas. Era un hombre multimillonario, caracterizado por la acumulación desmedida de tierras. Participó con otros empresarios y ganaderos en la escuela de Yair Klein, militar de origen israelí vinculado a grupos de extrema derecha, promotor del paramilitarismo y protegido igualmente que Carranza y Uribe Vélez por una oligarquía prepotente que se opone al proyecto fariano de paz con justicia social para el país donde nacieron Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, escritores colombianos que aman a México.
acosta5712@gmail.com
