Los anuncios realizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos sobre el acuerdo para iniciar conversaciones de paz a partir del 8 de octubre próximo en Oslo, Noruega y la continuación del diálogo en La Habana, Cuba, llevaron a la población la esperanza de que la guerra sea parada momentáneamente a través del cese al fuego o de una tregua temporal y que los diferentes sectores de la sociedad, las autoridades y la insurgencia, realicen los aportes necesarios para finalizar el conflicto armado que cumple más de seis décadas (1948-2012).
“Sentarse a negociar la paz con toda honestidad engrandece a quien lo hace y envilece a quien se opone”, declaró Rodrigo Londoño Timochenko, comandante de las FARC el pasado 6 de septiembre al confirmar, ante medios de diferentes países, la completa disposición de la organización insurgente de participar con entusiasmo en un nuevo proceso de paz donde aportarán lo máximo a la solución del conflicto. En nuestra América soplan vientos bolivarianos y las fuerzas progresistas colombianas buscan nuevamente el bien común.
Democracia, justicia y paz son tres conceptos que generan debate en el país suramericano. La democracia defendida por las autoridades es una simulación porque el sistema político excluyente es injusto y produce todo tipo de violencias. El presidente Santos comentó el viernes 7 de este mes que su país está preparado para la guerra o para la paz, “pero por supuesto que preferimos la segunda”. Algunos gobiernos colombianos participaron, desde 1986 con Belisario Cuartas como presidente, en diálogos de paz, pero ninguno hizo los aportes necesarios para profundizar un proceso capaz de armonizar la vida de sus compatriotas.
Acabar con la pobreza absoluta durante su gestión gubernamental fue la promesa realizada por Virgilio Barco Vargas en mayo de 1986 al resultar presidente electo para suceder a Betancur. En 1987 los grupos paramilitares de extrema derecha fueron legalizados por la oligarquía para consolidar su Plan de Intimidación y Exterminio dirigido fundamentalmente contra dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), movimiento político lanzado por las FARC, tras un acuerdo logrado con el gobierno de Betancur (1982-1986).
Los pobres de Colombia y sus defensores fueron atacados absoluta y violentamente en el año 1987, cuando Barco debería comenzar la aplicación de programas que terminaran con la situación de miseria. El 14 de agosto fue asesinado Pedro Luis Valencia, senador de la UP. Once días después, un grupo de sicarios al servicio de Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo, jefes paramilitares cercanos de Álvaro Uribe Vélez, asesinó a Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo, Leonardo Betancur y Luis Fernando Vélez Vélez, integrantes del Comité en Defensa de los Derechos Humanos, regional departamental de Antioquia.
El mensaje de la oligarquía, con estos crímenes de opositores políticos, negaba cualquier posibilidad de diálogo en favor de la paz. Desde las filas de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) integrada por los movimientos insurgentes: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), 19 de Abril (M19), Quintín Lame y Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se invitó a las FARC a sumarse al Proyecto Simón Bolívar. En la región conocida como Páramo de Sumapaz se produjeron los primeros encuentros unitarios desde el mes de julio. Jacobo Arenas y Alfonso Cano, en nombre de las FARC suscribieron el acuerdo con Tatiana Rincón y Gerardo Ardila, militantes del M19 y representantes de la CNG. Dos meses después, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) realizó su primera cumbre.
Por caminos diferentes la CGSB y la UP intentaban ampliar la democracia en Colombia, mientras el paramilitarismo, tolerado por el Estado y apoyado económicamente por los cárteles del narcotráfico y poderosos empresarios, continuaba amenazando y asesinando a dirigentes de izquierda. Jaime Pardo Leal, fundador de la UP y candidato a la presidencia, fue acribillado el 11 de octubre. 1987 fue un año difícil para los promotores de la paz que se convirtieron en los principales víctimas de la violencia.
Han transcurrido 25 años y durante los gobiernos de César Gaviria Trujillo (1990-1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998); Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se han realizado diálogos y encuentros por la paz. No se ha consolidado un proceso definitivo porque las oligarquías han exigido, hasta ahora, la rendición de los movimientos insurgentes. Las autoridades piensan que los dirigentes de las FARC y del ELN, así como sus militantes, luchan por obtener puestos públicos y ganancias individuales. No conciben que puedan existir seres humanos con sentido patriótico y amor al prójimo que luchen por la transformación de un país y lograr que todos los ciudadanos tengan derechos y oportunidades.
Para detener la guerra en Colombia el actual gobierno tendrá que realizar acciones de buena voluntad, entre ellas, la liberación de 9 mil presos políticos, incrementar apoyos económicos e inversión que fortalezcan los sistemas educativo y de salud públicos, tomar distancia del modelo neoliberal que continúa empobreciendo a la población, mejorar las condiciones e ingresos del trabajo agropecuario, revisar las reformas agraria y urbana. Las autoridades deberán escuchar a quienes desde diferentes movimientos y organizaciones culturales, políticas y sociales, proponen alternativas destinadas a implantar la justicia social que permita construir entre todos un futuro de paz.
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