Pareciera sencillo a simple vista interpretar la agenda de prioridades que debe acometer la revolución durante el año que comienza, tal y como lo ha indicado su líder indiscutible, Hugo Chávez: a) Revisar su actuación para intentar explicar el descalabro del 2D; b) Rectificar aquello que mal se hizo y, c) Relanzar sus proyectos de transformación del país que se diseñaron, esencial y básicamente para catapultarlo por la senda de su desarrollo en beneficio de las grandes mayorías, es decir, de ese pueblo que ancestralmente se le mantuvo excluido de las grandes decisiones que marcaron su torcido rumbo y que sólo recibió migajas.

¿Cómo comenzar la tarea? ¿Qué vamos a revisar y cómo debemos hacerlo? ¿Se darán las pautas mínimas necesarias para que ningún burócrata deje de revisar aquello que le corresponda y que directamente se le pueda atribuir? ¿Se dictarán líneas estratégicas para abordar las debidas soluciones a todo aquello que sea detectado como erróneamente realizado? ¿Quién y qué herramientas se habrán de utilizar para fiscalizar que en cada estamento del ejecutivo haya la disposición de acatar y desarrollar esa agenda dispuesta por el líder? ¿Se le invitará a la Contraloría General para que haga suya esta agenda, por ejemplo en aquello que tenga que ver con el manejo de fondos y bienes públicos, así como en la revisión de las declaraciones de patrimonio? 

No estamos muy seguros que por motus proprio se logren avances significativos en las distintas dependencias gubernamentales con este desafío que ha lanzado el presidente para  precisar cuales fueron las causas que determinaron que una cifra bien cercana a los tres millones de “chavistas” expresaran su descontento dejando de concurrir al acto refrendario del 2D, permitiendo con ello que se abortara la reforma constitucional.

Ningún jerarca dirá que hizo mal tal gestión y menos que, por ejemplo, malversó o “distrajo” fondos públicos. Jamás confesará que en su despacho se hizo una práctica común fraccionar contratos de obras y servicios para evadir el requisito de las licitaciones y permitir así la asignación de obras a precios escandalosamente altos o que, simplemente, se les solicitara a los contratistas comisiones o regalos, como por ejemplo, paquetes turísticos o casas vacacionales o camionetas del mayor lujo. Ninguno dirá que utilizó viáticos y los carros de su despacho para vacacionar con su familia. No se atreverían a confesar, por ejemplo, que se auto asignaron bonos especiales millonarios en connivencia con sus más cercanos colaboradores, mientras que a los profesionales y empleados de planta les negaban el aumento que reclamaban como indispensable para poder sobre vivir, violentando de esa forma los reiterados llamados de Chávez de acabar para siempre con esa práctica malsana de la cuarta república. Nada dirán acerca de la pésima atención que se les prestó a los ciudadanos que intentaban resolver asuntos urgentes. Nada que los ponga en entredicho se sabrá por boca de ellos, como por ejemplo, explicar la excesiva tardanza en la terminación de una obra pública esencial como una escuela, un centro de asistencia médica o el arreglo de una calle llena de huecos y paremos de contar.

De allí que esa agenda solamente dará los resultados que se esperan una vez se fijen los lineamientos que deberán seguirse para implementar las correspondientes revisiones, rectificaciones y relanzamientos e igualmente que se establezcan los controles y supervisiones necesarios para garantizar que nadie se libre de acatar tan loable decisión del Jefe del Estado.

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