Por medio de este escrito queremos fijar posiciones en nombre de todos los venezolanos y Venezolanas "Víctimas de la Guerra Económica (VíctimasToday)", sobre el revuelo y la atención publica que ha creado la supuesta inhabilitación de los opositores ultraderechistas, María Corina Machado y Enrique Capriles Radonski, entre otros, que aspiran ser candidatos presidenciales de una parte de la oposición para el año 2024.

Donde incluso, hemos visto a la señora María Corina emitiendo declaraciones por las redes con un tono amenazante y desafiante hacia el sistema político nacional, incitando a la organización de sus grupos afectos y a la reactivación de los llamados "guarimberos", para que salgan a defender su candidatura en las calles ante la existencia de una posible inhabilitación tanto por la Contraloría General de la República o por el Consejo Nacional Electoral.

A su vez, vimos al diputado opositor José Brito, solicitando de manera formal información ante la Contraloría General de la República sobre el estatus administrativo de María Corina Machado, y su inhabilitación política en el país. En este caso, vimos a un opositor pidiendo información contra otra opositora del Gobierno. Algo raro, que genera suspicacia, porque ambos son opositores y particularmente no creo en nada de lo que dicen ellos, porque uno no sabe que hay detrás de todo eso.

Por ejemplo, uno no sabe cómo están las negociaciones y las jugadas políticas de la oposición tras bastidores, cuáles son las orientaciones de los agentes de la Casa Blanca, si detrás de todo esto están las manos de los intereses yanquis, que podrían estar viendo a María Corina como la sucesora de Juan Guaidó en Venezuela. Uno no sabe. ¡Hay que ponerse hermético y no creer en todo lo que se ve!

Ahora bien, porqué digo eso. Porque si nos ponemos analizar y buscar los motivos por el cual ella pudiera o debería quedar inhabilitada sin ninguna duda a la luz de todos los venezolanos, realmente sería por el lado de su vinculación con las recientes confesiones que hizo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump contra los intereses de nuestra nación.

Porque tanto Juan Guaido, María Corina Machado, Capriles Radonski, Julio Borges, Antonio Ledezma, entre otros líderes de ultraderecha, han venido cometiendo grandes violaciones a la Constitución, a las leyes de la República, a los intereses de todos los venezolanos y venezolanas, demostrables por medio de cientos de pruebas que existen por todas partes, como para queden inhabilitados de por vida por sus acciones en contra de la Patria.

Porque es un hecho publico, notorio y comunicacional que ellos están relacionados con las confesiones que realizó Donald Trump sobre los planes ocultos que tenía su gobierno contra nuestra sociedad, su colapso económico y social, el derrocamiento del gobierno y la toma de la industria petrolera nacional por parte de Estados Unidos.

Evidentemente, que esas declaraciones de Trump son comprometedoras, sobre todo para aquellas personas que auparon, solicitaron y fueron los ejecutores en nuestro país y desde el exterior, del bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales y el robo de los activos de la industria petrolera nacional.

Ellos son cómplices, porque se hicieron participes en la comisión de los delitos de conspiración, traición a la patria, instigación a delinquir, a la desobediencia de las leyes, el agavillamiento, la incitación a la guerra civil, fraudes cometidos con el Estado Venezolano, contra la Industria petrolera y la desestabilización que infringieron en complicidad con Donald Trump y afectaron a toda la sociedad con secuelas económicas y sociales que aún estamos padeciendo.

He allí donde ahora la Asamblea Nacional entra a jugar un papel determinante en la actualidad, porque es allí y no en otra institución pública, donde se le debe abrir el juicio político y administrativo contra todos los que se aliaron con Donald Trump, para que el pueblo conozca la verdad de lo que ha ocurrido en el país sobre el bloqueo y las sanciones imperiales.

Es allí, en la Asamblea Nacional, donde el diputado José Brito y todos los opositores y del Gobierno que dicen no tolerar a María Corina Machado deben buscar las respuestas y elementos para su inhabilitación. Es allí donde deben hacerse todas las investigaciones por todos los daños que han ocasionado el bloqueo, las sanciones imperiales y el robo de nuestros activos que auparon los aliados de Donald Trump en el país. Hay que armarles el expediente, para resolver la inhabilitación que corresponde por ley y que paguen por las secuelas económicas y sociales que dejaron sus actuaciones irresponsables en complicidad con potencias extranjeras.

Una investigación que tiene que impulsarla la reciente Comisión Especial encargada de investigar las declaraciones de Trump, que preside el diputado Pedro Infante y donde José Brito también es integrante.

Desde mi perspectiva, esa Comisión Especial tiene que funcionar como una especie de Comisión de la Verdad, con base en los Artículos 222, 223 y 224 de la Constitución, donde se le confiere a la Asamblea Nacional funciones de control y de investigación.

Que apliquen la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones. Que comiencen a enviarles comunicaciones de comparecencias a todos los políticos aliados de Donald Trump que se encuentran dentro y fuera del país, para que sean interpelados de manera pública, entre ellos a Capriles Radonski y a María Corina Machado, aspirantes a candidatos presidenciales.

Ellos deben explicarles al país el porqué de sus actuaciones, que se defiendan. De seguro entrarán en desacato, pero quedaran jugados políticamente a la luz del país, con los elementos probatorios para posteriormente ser juzgados en los tribunales competentes, les habrán el juicio civil, penal y/o administrativo que corresponda a esos ciudadanos. ¡Caiga quien caiga!

Porque el país tiene derecho a saber la verdad. Un derecho que tiene que garantizarlo el Estado, que además tiene el monopolio de la justicia y el deber de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones de manera oportuna y eficaces, velar para que haya sentencias por delitos cometidos, e incluso, que las víctimas obtenga reparación.

Es por lo anterior, que el país necesita la verdad de quiénes ayudaron a Donald Trump a impulsar su proyecto de hacer colapsar la economía nacional, como casi lo lograron, derrocar al gobierno y apoderarse de nuestros recursos petroleros en beneficio de los intereses de Estados Unidos y de sus compañías transnacionales, como casi lo logran.