Ocurre con frecuencia en las escuelas y colegios venezolanos que justos pagan por pecadores. Por ejemplo, se pierde algo en el salón de clases y todos quedan castigados hasta que aparezca el culpable y el objeto desaparecido. La autoridad del colegio decide secuestrar temporalmente al resto de los alumnos de un salón de clases por la acción, posiblemente delictiva, de uno de los muchachos. El derecho de muchos se atropella por la mala acción de unos pocos. Siempre pensé que es ésta una funesta práctica, no sólo porque viola el más simple de los principios del derecho y de la justicia, sino porque, en las escuelas, se constituye en una triste lección para las juventudes. Parece que algunos de nuestros jueces y funcionarios públicos de alto nivel han aprendido la lamentable lección:
Entiendo que el Consejo Nacional Electoral se ha hecho eco de la decisión de cinco tribunales regionales de suspender la recolección del 20 % de las firmas requeridas para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Que aquellas personas que cometieron fraude electoral sean investigadas, y, de ser encontradas culpables, castigadas por su hecho delictivo es lo correcto. Pero que un derecho constitucional sea violentado por la acción delictiva de unos pocos es, a mi modo de ver, una aberración jurídica y un claro acto de injusticia y violación de derechos por parte de instituciones cuya misión es mantener y administrar la justicia.