Esta pregunta pareciera sugerir que la actual confrontación político-económica al interior de la sociedad venezolana se encuentra polarizada entre la rivalidad de fracciones de la misma clase social nativa: la burguesía venezolana (ojo: dije venezolana por adscripción territorial a la nación que es distinto a decir “nacional”). Pudiera también desprenderse de aquí, por sus reiterativas reclamaciones de financiamiento estatal, que ambas se enfrentan por ver quien se apropia más de los recursos del estado a través del gobierno (otorgamiento de dólares, créditos, beneficios protectores, etcétera). Así mismo, que ambas fracciones son, en consecuencia, parasitarias del presupuesto nacional.
Además, se puede inferir que las mediaciones político-partidistas que aparecen mediáticamente rivalizando polarizadamente, PSUV-GPP y MUD, son instrumentos o medios que dichas fracciones burguesas utilizan para el logro de sus propósitos, y no aparecer de manera desnuda y visible tratando de imponer sus egoístas intereses por encima de los de otros o de los demás. Dejando cierto margen de autonomía o maniobra a esas organizaciones para que a través de la manipulación sobre los sectores sociales restantes, el pueblo principalmente, se mantenga la hegemonía y estabilidad del status quo y se evite conflictos populares directos con esas fracciones que lo puedan trastocar, haciendo negociaciones, acuerdos, concesiones, incremento de las dádivas, etcétera, según la coyuntura o relaciones de fuerza o poder del momento.
Aunque esta última apreciación queda relativizada con la protagónica irrupción política violenta y armada del golpe de estado dirigido por FEDECAMARAS, aquel famoso por lo trágico 11 de abril, cuando evidenció la imposición a rajatabla de su poder dictatorial con el decreto de Pedro Carmona, “el breve”, su presidente gremial, frente a lo que los partidos políticos de derecha quedaron relegados genuflexamente a un papel actoral segundón.
Pero así como la fracción burguesa “puntofijista” o de la “cuarta república” que se fortaleció y expandió bajo la transferencia de los recursos estatales de los gobiernos adeco-copeyanos (que fueron a parar mayoritariamente en cuentas personales e inversiones inmobiliarias y especulativas en el extranjero, por medio de instituciones como la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), cobijada por la cobertura jurídico-política legitimadora de un entreguista y perverso proceso sustitutivo de importaciones neocolonizador por dependiente de casas matrices extrajeras que hasta le otorgó precios monopólicos antipopulares a sus mercancías en el mercado pretextando proteger la producción nacional, proceso de sustitución de importaciones que fracasó junto con la reforma agraria betancourista dando inicio con ello a la actual crisis estructural que padecemos hoy y que estalló luego con el “viernes negro” y reventó socialmente con el “caracazo” antineoliberal, burguesía a la que fue condonada su deuda varias veces, y de la cuantiosa corrupción gubernamental que transformó a altos funcionarios públicos en “nuevos inversionistas”), también bajo la gobernanza de la “quinta república” se ha impulsado y nutrido a una nueva burguesía a expensas de los recursos del estado y de las contrataciones multimillonarias, así como de la acumulación por corrupción de altos funcionarios públicos, denostada como “boliburguesía”, pero definiéndose conceptualmente como burguesía de estado en el contexto discursivo paradójico de un “socialista” capitalismo de estado por tanto.
El impulso de esta boliburguesía se ha justificado ideológicamente, en primer lugar, para enfrentar y contrarrestar a la otra por desnacionalizadora y explotadora de los trabajadores, y en segundo lugar, dando por legítimo y posible forjar una burguesía “nacional” o “nacionalista” indispensable para el tipo de desarrollo que se proponía el gobierno chavista y ahora madurista, el “desarrollo endógeno o nacional” que también apoyaría un proceso de sustitución de importaciones pero anti-neocolonizador. Al respecto hay que indicar que, por un lado, por absurdo que parezca, no se cuestionaba ni se cuestiona la indispensabilidad de la necesidad de una burguesía para impulsar y darle sustentabilidad a una presunta revolución socialista que se define sustantiva e históricamente como antiburguesa por hegemónicamente proletaria o popular. Y, por otro lado, tampoco se impugnaba ni se impugna la vigencia histórico-contextual de una burguesía con carácter o naturaleza nacionalista o anti-imperialista para emprender las tareas pendientes de liberación nacional. Boliburguesía que es relanzada desde el gobierno madurista debido a la falta de ingresos petroleros ante la caída inducida por el imperialismo estadounidense de los precios petroleros, por vía de seguir transfiriéndole dólares, dándole prerrogativas de financiamiento, otorgándole nuevos precios monopólicos antipopulares a sus productos o importaciones, como en el pasado, bajo el supuesto de que ello motivará su productividad ayudando así a salir de la crisis y neutralizando la guerra económica contra el gobierno por parte de la burguesía comercial, agraria, industrial y financiera “puntofijista” y proimperialista por sus negocios asociados.
En resumidas cuentas, y simplificando lo que es la caracterización de un proceso de suyo más complejo, del que solo queremos resaltar una arista, que no por ello es de monto menor, por el contrario, alude a la naturaleza o signo de este proceso al precisar la hegemonía de clase o fracción de la clase burguesa dominante que impone la dinámica de su acumulación a todos los restantes sectores por mediación de sus instrumentos políticos (gobierno, PSUV-GPP, etcétera), así como provoca las contradicciones y conflictos competitivos con otras fracciones de su propia clase y con las clases populares, y los restantes sectores sociales que componen nuestra sociedad. Contradicciones y conflictos que pueden provocar la disyuntiva sociopolítica de una salida reaccionaria de corte fascistoide o revolucionaria de corte auténticamente de poder popular-socialista contrario a la hegemonía de la burguesía de estado dominante y de sus mediaciones políticas.
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