Documento-Acuerdo entre los Colectivos y el Gobierno Nacional

Propuesta inicial de una Mesa de Diálogo: Por la Paz, la Justicia y la Revolución

Caracas, 5 de noviembre 2014.-

Propuesta inicial de una Mesa de Diálogo

 POR LA PAZ LA JUSTICIA Y LA REVOLUCION

 y Documento-Acuerdo entre los Colectivos de Trabajo Revolucionario – Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya y el Gobierno Nacional

PRIMERA PARTE

La encrucijada que vive Venezuela en estos  últimos años, caracterizada fundamentalmente por el ataque  económico-financiero e institucional, en complicidad con la banca y factores internos del Estado, está comenzado a generar consecuencias que pueden ser fatales al proceso revolucionario. Los hechos acaecidos este 7 de Octubre en Quinta Crespo y la masacre correspondiente de 5 de nuestros compañeros y hermanos de lucha, así lo confirman.

 Esto, unido con la intromisión de factores  externos en respaldo a la permanencia de las viejas estructuras de poder despóticas y corruptas, que han venido capturando a el Estado, a tal punto de convertirse en hábitos éstas prácticas, nos alertan de la profunda crisis institucional que vivimos. Para el pueblo revolucionario, que conoce el sustrato de lo que implica el esfuerzo de la verdad y el ser víctima permanente de sus consecuencias, tanto en sus condiciones de vida sociales y económicas como desde el punto de vida de la injusticia permanente que aún vive nuestro país, se hace impostergable encontrar nuevas alternativas  políticas que revivan  por completo el proceso de transformación hacia una sociedad socialista. Se trata de promover mecanismos que renueven permanentemente la capacidad de gobernabilidad conjunta entre gobierno y  pueblo; en el marco de un proceso que ha venido sufriendo  enormes fracturas y desgastes morales e institucionales.

En lo inmediato tenemos una realidad interna de desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, recrudecimiento de la represión, que no concuerdan para nada con nuestras  aspiraciones libertarias y transformadoras a nivel nacional. Unamos esta dolorosa situación a una crisis del sistema global  capitalista que nos afecta directamente, estando aún atrapados a la tragedia de una economía rentista donde sólo el parasitismo capitalista sale ganando; por lo que nos vemos obligados a dar pasos firmes, decisivos para el futuro del país, que puedan bloquear los efectos de toda esta crisis y las agendas conspirativas  que, usando el momento, pretenden retornar al poder gubernamental en Venezuela a la vieja burguesía oligopólica, parasitaria y fusionada con la agenda imperialista mundial.

Los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO, el pasado 07/10/2014, donde  se ejecutó una injustificable y fría masacre en contra de cinco  camaradas revolucionarios por parte de agentes del CICPC enviados al lugar desde las jefaturas de dicha institución y el Ministerio del Interior: José Miguel Odreman, Carmelo Ramón  González, José Ángel Tovar, Jesús Ramírez y Michael Contreras, los cuales murieron por ejecución deliberada de dichos agentes sin que medie ningún tipo de enfrentamiento armado con los agentes policiales, como se ha querido dejar ver, nos pone delante de un gran reto político entre pueblo y gobierno de manera de evitar a como dé lugar se repitan hechos parecidos. Y por el contrario, más que servirnos de excusa para el acrecentamiento de niveles de violencia que puede llegar a ser mutua, sirva para alimentar un verdadero salto cualitativo del proceso revolucionario por vías de paz, de hermandad, acuerdo, y necesariamente de transformación y justicia.

Cuando se habla de cohesión social sabemos de antemano que es mucho más complejo que el ejercicio de ajustar conductas, y comprender que no todo está sustentado en las normas, porque definitivamente nuestros  enemigos a vencer tienen que ver con los excesos de egos y abusos de poder tan propios de toda sociedad marcada desde su fundación colonial por la desigualdad social, la opresión y la explotación del pobre; que en este caso son alimentados por las connotadas prácticas deformadas de quienes ejercen el poder en provecho de sus intereses individuales. Es obvio que estos viejos esquemas de abuso de poder, de ejercicio despótico y criminal del mismo, choquen con los intereses del soberano, cuya soberanía es constitucionalmente indelegable, por lo que tendríamos que considerar y apoyarnos en elementos constitucionales ya refrendados, tales como el Artículo 5 de la Constitución de 1999, donde expone taxativamente: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo...” y por ende, el Estado-Gobierno ejecutará las políticas necesarias contenidas en esos mandatos constitucionales. Y más allá aún de la constitución nos encontramos frente a unos hechos donde es el sabgrado principio de la defensa de la vida lo que debe priorizar cualquier entendimiento entre víctima y victimario (colectivos y gobierno) dentro de estas circunstancias.

A tal fin y sobre la base de la conciencia que tenemos del momento histórico que vivimos y la tarea revolucionaria que en principio nos hermana al pueblo y al gobierno, proponemos la creación de una MESA DE DIALOGO de inmediato entre el Poder constituyente y el Gobierno, cuya delegación en este caso estará a cargo de los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base que quieran sumarse a este acuerdo y el gobierno. De lo que se trata es de generar salidas revolucionarias ante esta situación de crisis, evidenciada en la masacre de Quinta Crespo; que puedan revisar y modificar las estructuras del poder constituidas, deteniendo así la concepción burocrática que se ha sustentado en la permanencia del caos y nos ha desplazado como simples apéndices políticos, las migajas del mantel, “preservativos de ocasión”, donde sólo valemos a la hora de hacer las operaciones policiales o comunitarias que les convenga a cualquiera en el aparato policial, o de siervos electorales a la hora de buscar votos, por candidatos que jamás hemos elegido.

PONGÁMONOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LOS COLECTIVOS REVOLUCIONARIOS.

Históricamente los colectivos nacieron de la profunda división y desmantelamiento que vivía el movimiento revolucionario en los años 80, aunada a una enorme revuelta social contra la pobreza y neoliberalismo que culminó su primera etapa con el genocidio del 27F hasta el 2 de marzo del 89 (El Caracazo). Es entonces que los colectivos surgen como organizaciones en resistencia y construcción del poder popular, sustentados en la “Democracia de Calle” como experiencia de democracia directa e integración de un conjunto de comunidades que requerían iniciar el proceso de transformación.

Estas estructuras se fueron multiplicando en el tiempo y el espacio (particularmente en Caracas) hasta convertirse en un enorme movimiento de   entidades políticas de base descentralizadas, enmarcado en las metas y sueños de lograr la Revolución Bolivariana.

Se trató, y se trata hoy, de organizaciones legitimadas y necesarias para la construcción de la verdadera vanguardia de lucha clasista por el cambio profundo. Como colectivos de trabajo revolucionario (CTR), principio conceptual que los definió desde sus primeros momentos, donde se combinó el trabajo de base comunitario con la autodefensa del pueblo frente a toda clase de enemigos fuera y dentro del Estado, siempre estuvimos conscientes de la existencia de innumerables agentes advenedizos a nuestra revolución, y que han hecho de ella una carrera de poderes políticos y económicos a otorgarse. Elementos que hemos combatido dentro de las limitaciones tasadas por los abusos del poder y la enorme burocracia, en especial hablamos del poder judicial donde reina la impunidad, lo que permite el acrecentamiento de los peligros del uso irresponsables del poder, que en los últimos tiempos ha tomado la forma de un para-estado y para-policialismo.

Siendo estos no defensores del pueblo sino amos del poder; que en contra del bien común, no han dudado ni un instante en deformar los principios reales que implican cambio social y casi lo logran...eso dependerá de nosotros de nuestra conciencia y capacidad de lucha, si lo permitimos o no. Por ello advertimos con toda serenidad pero igual firmeza que  NO ACEPTAREMOS UNA MASACRE MÁS CONTRA EL PUEBLO REVOLUCIONARIO, siendo este un principio innegociable de la revolución bolivariana.

Aún persisten esos agentes que han penetrado muchos espacios de la construcción socialista, disfrazados de rojos-rojitos, generando una inmensa complicidad para saquear el país a través de la corrupción, el abuso de poder en diferentes niveles, nepotismos, inversión de los valores éticos y morales del funcionariado, mafias, delincuencia organizada. Realidad que llevó al gobierno a subsumirse en las trampas y creación de una institucionalidad represora, queriendo justificar esta opresión con hipócritas discursos de paz y la criminalización del pueblo en lucha y sus organizaciones.

Si es por delincuentes o cualquier farsa que quieran inventar, este no es en absoluto el caso de los colectivos 5 de Marzo, Escudo de la Revolución y Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya, que no amparamos actividad alguna fuera del contexto de la construcción de la paz y la justicia revolucionaria. Por esto hemos decidido presentar públicamente al gobierno nacional esta propuesta de acuerdo.

FUNDAMENTOS PARA UN DOCUMENTO-ACUERDO:

POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA REVOLUCIÓN, sin dilaciones, en aras  de una verdadera paz con justicia, dentro del marco contradictorio de avances y retrocesos de todo proceso transformador. Somos parte de esa mayoría revolucionaría, inspirados en la profunda auto-crítica y reflexión estratégica que suscribió Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, al encontrarse en la peor situación política en que vivía la Guerra de Independencia, pero aún así, reconociendo los inmensos errores cometidos en la primera y segunda república, pudo sin embargo restablecer los nuevos marcos sociales y programáticos que guiaron la guerra revolucionaria de Independencia, hasta su triunfo final. En ese Bolívar nos inspiramos para reconstruirnos a nosotros mismos como pueblo revolucionario, esperando la misma actitud de parte del gobierno nacional.

ROMPER LAS PRÁCTICAS Y FORMAS DE ABUSO DE PODER.

1.- De los falsos jerarcas del poder político: Se trata de superar las pretensiones de orden despótico y nepótico, será a partir de ahí que podremos integrar los nuevos procesos de construcción real, más allá de las reglas mercantilistas y así poder concretar los cambios profundos.

2.- De los cuerpos de seguridad: Es urgente la integración de los diferentes órganos de seguridad y control del Estado-Gobierno, ya que les es obligatorio que estén vinculados a la cohesión social, sin que la arbitrariedad se imponga como política aprehendida de esas lógicas provenientes de los ricos contra pobres. Todas estas prácticas han llegado a tal término que se han naturalizado: la impunidad, la arbitrariedad cómplice ejercida entre la burocracia, el funcionariado y los órganos de seguridad; impidiendo así el real protagonismo y la participación popular, violando una y otra vez los derechos del soberano consagrados en la Constitución. Estos cuerpos continúan siendo la mistificación de los intereses de la clase capitalista dominante y sus cómplices en las estructuras burocráticas que aún sobran.

3.- De la institucionalidad: A todo lo antes expuesto, tenemos que retomar los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO, el pasado 7 de Octubre, donde podemos sintetizar por las características del hecho, cosa que nos desborda de rabia, que existe una cultura política institucional que no ha cambiado en esencia desde la independencia para acá, donde simplemente hay cambios de forma, de acuerdo a las características formalmente democráticas o no del régimen político, mas no de fondo, es decir sólo hay modificaciones de estilo en el ejercicio de la relación opresiva disfrazada de norma.

4.- De los medios de comunicación: Sumemos un factor importante, a pesar de que sí hubo una experiencia central en el área comunicacional dentro del origen de la nueva república a construir, esta fue revertida de un jirón con la esperanza, los deseos, los sueños de un pueblo; donde los medios de comunicación y la libertad de expresión se tornaron en desesperanza y frustración hasta hoy. Evidenciando el privilegio de los ricos y la pequeña burguesía ilustrada de izquierda y derecha, y no el derecho al protagonismo y a la participación directa, donde todos pudiéramos expresar las verdades necesarias y dotarnos de la más amplia información, de expresar lo que padecen los diferentes sectores en lucha, de exponer las reales necesidades: sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras.

Esto condujo a que prevalecieran sus propios intereses de clase, que produjeron en forma irresponsable el manejo de una constante línea desinformativa, adversa al desarrollo de la conciencia revolucionaria, que debió estar tasada por la información veraz, que apoyara realmente el avance revolucionario y creciera la conciencia integral del pueblo.

Por ejemplo los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO así lo confirman. Responsabilizamos a la mayoría de los medios de comunicación públicos y privados de generar una matriz adversa a la verdad, sin medir las consecuencias del daño que infligían a la verdad y moral de las familias de las víctimas, de los colectivos en general, de individualidades revolucionarias. Todos queriendo pescar en río revuelto, querían ver el caos desatado, una maquinaría que al unísono no hacían más que defender los soberbios intereses de la clase dominante y el terror que detenta frente a un proceso constante de organización política en la base del pueblo, que sabe defenderse a sí mismo y los grandes intereses de la mayoría y de la patria.

5.- De la criminalización constante como forma de destrucción masiva de los colectivos de trabajo, autónomos y con sentido de clase: Todo lo antes expuesto se conjuga en el pretendido deseo de someternos, bajo el espectros de la alienación y la cosificación, y aspirar convertirnos en residuos políticos, sólo útiles a la maquinaria electoral y para el sostenimiento de los conclaves gobernantes: nacionales, regionales y locales. En el caso de los colectivos en lucha, el ser utilizados para determinadas estrategias de trabajo social, que nadie discute con nosotros, somos un especie de muestrario estadístico. Ese fue el caso de nuestros compañeros caídos por organismos policiales que actuaron extrajudicialmente, y que abrió un abanico de preguntas que aun permanecerán sin respuesta, y que han de persistir en el abismo para muchos; aun para nosotros, los colectivos: 5 de Marzo, Escudo de la Revolución, no están claros los hecho de la MASACRE DE QUINTA CRESPO. Ahí se hirieron de muerte sueños y verdades, exigimos que se haga justicia y se reivindique los nombres de los revolucionarios caídos en esta masacre, llevando a juicio a quien deba llevarse desde ministros hasta directores de policía.

LOS PROBLEMAS PARA OBTENER LA PAZ.

Queremos paz, sí, por supuesto que sí, es un valor supremo que todo revolucionario debe tener entre sus principios de humanidad. Pero estamos igualmente conscientes que la paz sin justicia y equidad es una inmensa hipocresía de los ricos, una “paz” sostenida en el hambre y la opresión de la mayoría trabajadora. Cada paso que demos como pueblo en lucha está circunscrito a la tarea de nuestra liberación, ya que desde los diferentes golpes de estado vividos durante este proceso de 15 años está demarcada por la responsabilidad de los ricos, de oficina burocrática o de monopolio empresarial, contra los pobres; es necesario corroborar una vez más que la inevitable desestabilización capitalista e imperialista ha venido a nuestro encuentro, con violencia social, violencia económica, guerras de cuarta generación, agendas de poder con los consabidos mecanismos institucionales y extra-institucionales a los que hemos sido subsumidos en el tiempo: complot, conspiraciones, intentos de intervencionismos, desfalcos a la nación, redes desestabilizadores, laboratorios de todo tipo; creados para doblegarnos, cansarnos y mutilarnos, desdibujarnos el destino.

Decimos basta, porque lo que más nos duele son los centenares de muertos de nuestras filas: campesinos, obreros, indígenas, líderes comunitarios que se mantiene aún en la impunidad total y del cual nadie habla. Nos gustaría saber que pudiese pasar si producto de toda esta carrera de crímenes políticos contra el pueblo luchador, muriese un rico producto de la justa violencia revolucionaria que se ejercería contra estos asesinos: ¡escándalo mundial! y de inmediato nos convertiríamos en terroristas. Nuestra disciplina de clase y conciencia del delicado momento que vivimos ha llevado a bloquear cualquier desesperación que nos lleve por este camino, pero como todo tiene sus límites y no quisiéramos de ninguna manera encontrarnos parados en ese borde; es en ese sentido que apostamos enteramente a la paz.

Esa violencia del opresor existe y existirá mientras no logremos concretar o vencer la tarea de construir una sociedad libre, justa e igualitaria. Mientras no logramos este acometido fundamental estamos conscientes de que la violencia de los ricos seguirá ejerciéndose. Violencia que además ya no sólo se está manifestando a través de los clásicos mecanismo del Estado Burgués, con la aplicación de la violencia directa por parte de las facciones abiertamente fascistas y reaccionarias; sino que se ha manifestando también a través de la descomposición social, circunstanciada a través de los agentes de descomposición social y de la introducción dentro de las clases desposeídas de agendas despiadados de la conspiración acompañados de actos violentos, que hacen parte de la estructura mafiosa y delincuencial del capitalismo. Violencia instaurada a través del miedo y el terror, como vértice fundamental del ordenamiento opresor de la clase burguesa, para sostener la explotación y humillación de los pobres y como sistema del control de masas.

Apoyamos las políticas de paz iniciadas este año por el gobierno nacional, principalmente las aplicadas para combatir las estrategias fascistas e imperialistas de hundirnos en una situación de caos permanente y desesperación involuntaria para así lograr llevarnos a una guerra civil. Al mismo tiempo, cabe decir, que somos nosotros como pueblo en lucha los que tenemos que enfrentar este caos y la violencia como la gran enemiga infiltrada en nuestras comunidades. Si lo queremos lograr tenemos que lograr renovar nuestras iniciativas obreras, campesinas, indígenas, comuneras, y los movimientos sociales revolucionarios. Por lo cual nos parece un total absurdo que se esté pidiendo a las colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. ¡NO¡, no somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias con un rostro, en pie de lucha, pero cansados de  protestas que no se escuchan, cansados de la criminalización, cansados de la impunidad, cansados de tantos atajos enmarañados, que nos hieren la piel y el alma.

Todo lo expuesto en este documento se circunscribe en función de los propósitos máximos del bien común, de confraternidad y defensa ante los agentes de descomposición (sembrados en Venezuela desde 2002), y en definitiva, ante cualquier conspiración contra la Revolución Bolivariana. Incluidos cualquier desastre provocado por agentes de Estado y para-estado que pretendan acabar con nuestros derechos y sueños de libertad.

Este DOCUMENTO-ACUERDO tiene como finalidad entre otras cosas llegar a un consenso que nada tiene que ver con política de desarme del movimiento revolucionario, que sólo se debe ajustar en todo caso a esas organizaciones netamente delictivas, o las de uso personal ilegal y las de bandas en descomposición (que han proliferado enormemente en el país).

La situación estriba, sea que tengamos o no armas, en que estamos en medio de una crisis de violencia avasallante, donde pareciera que avanza y el querer detenerla es casi imposible. Urge entonces una rectificación en esos sistemas vigentes que están diseñados en contra de la revolución venezolana y las comunidades revolucionarias. Es necesario resaltar lo que el comandante Hugo Chávez Frías nos repitió en tantas oportunidades ¡NUESTRA REVOLUCIÓN ES PACIFICA, MAS NO DESARMADA¡ Esta frase nos ratifica la necesidad inmediata de que consensuemos con el gobierno una política común de defensa y enfrentamiento con los agentes de descomposición social, como contra todo sujeto intervencionista, sea interno o externo, que pretenda acabar con las aspiraciones libertarias del pueblo de Venezuela. Y así mismo pongamos de una vez por todas en la agenda de los acuerdos un conjunto de políticas de intervención, contraloría, información, revisión total de políticas, iniciativas de justicia, que son fundamentales para la construcción de una república democrática, soberana y socialista.

SEGUNDA PARTE

Ya habiendo tratado algunos de los elementos concretos de este documento, adelantamos formalmente una propuesta de plataforma de acuerdo con el gobierno. Estos son los siguientes:

El presente acuerdo siguiendo las reflexiones ya adelantadas, se establecerá en una mesa de diálogo pública donde estarán representadas las respectivas delegaciones entre el gobierno nacional y los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones populares de base que se sumen a este acuerdo. Queda de antemano manifestado que este acuerdo tiene como condición primera el que se haga justicia frente a los hechos criminales del 7 de Octubre, y vayan a juicio los agentes responsables ministeriales, políticos y policiales de la Masacre de Quinta Crespo.

Puntos y contenidos que proponemos como elementos a discutir:

Por un país de paz y justicia

1.- A propósito de los densos problemas estructurales que provocan la desigualdad social dentro de una sociedad capitalista como la nuestra, entre tantos: la violencia endógena dentro de las comunidades, la presencia multiplicada del sicariato como mecanismo proliferado dirigido principalmente al asesinato de dirigentes sociales y personas “inconvenientes” a los fines de quienes pagan estos sicarios, la proliferación de bandas de delincuentes relacionadas en muchos casos con estructuras policiales estatales y creando ellas mismas pequeños ejércitos de violencia social, estructuras paramilitares relacionadas con la economía mafiosa de la droga y toda clase de ilícitos, la violencia personal arbitraria  como modo de resolución de los conflictos grupales o interpersonales principalmente en nuestros barrios, beneficiando así una cultura del desprecio a la vida y el respeto a la misma; cuya responsabilidad en función de la superación definitiva de semejante cuadro de deterioro social y moral de nuestro país, competen tanto al pueblo organizado como al gobierno revolucionario. Los colectivos y el gobierno acuerdan su mutuo compromiso en función de hacer frente a semejante situación, coordinando acciones específicas y estratégicas en caso de necesidad dentro del marco de la ley, los derechos humanos y del pueblo.

2.- El Gobierno Nacional a tal efecto se compromete ante los colectivos y el país a emprender una política depuración de fondo de todos los órganos de seguridad del Estado, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, el DIM, el SEBIN, el CICPC, la Policía Nacional, las policías regionales y municipales, en función borrar de sus filas toda presencia de corrupción, de colaboración entre esta con los agentes sociales del crimen y la violencia, así como toda práctica de uso de las bandas armadas criminales a los fines personales de agentes integrados a las filas de dichos cuerpos. Se eliminarán de su seno todas las estructuras parapoliciales y paramilitares que puedan haber crecido dentro de su filas directivas, funcionarios y empleados. Se eliminará igualmente toda política de seguridad pública dirigida a concebir estos órganos de Estado como instrumentos de las viejas concepciones de “seguridad nacional” y “maquinarias contrainsurgentes”, que tuvieron en su momento el uso de estos en función de la protección del gran capital y el orden burgués y oligárquico que ahogó nuestros países. Se beneficiara dentro de ellos una cultura de la vida, de la protección del pueblo y las colectividades, de colaboración con el trabajo socio-político comunitario que emprendan las agrupaciones y colectivos de trabajo revolucionario, de una seguridad pública respetuosa de todos los derechos del pueblo consagrados en el mundo y el proceso revolucionario, el fin de toda práctica de la tortura, arbitrariedad y humillación contra el pueblo, la represión hacia las acciones de movilización, transformación social y estructural emprendida por el pueblo organizado, la formación interna permanente para estos fines vistos en la práctica concreta de la tarea policial y de seguridad ciudadana.

3.- El gobierno y el poder judicial se comprometen igualmente a desarrollar una política de revolución profunda dentro del poder judicial, bajo el entendido de que se trata de una instancia del Estado plagada de prácticas que niegan todo principio de justicia: la continuidad de la impunidad como cultura despreciativa de la vida y de toda voluntad de justicia, la colaboración de jueces locales y regionales con todos los agentes del viejo orden monopólico y terrófago, la imposibilidad de hacer frente a la corrupción a través de las vías de justicia, la colaboración de los mismos con las arbitrariedades y despotismos policiales y militares, la corrupción judicial como forma de privatización de la justicia “el que no paga va preso”, la correspondencia del ministerio público con tales prácticas, la total ausencia de democracia participativa y protagónica a la hora de elegir jueces y fiscales, todo lo cual se presta a la formación de cualquier cantidad de tribus internas ligadas a agentes del poder político y económico. Será imposible un verdadero acuerdo de paz con justicia si no se emprende esta meta fundamental al proceso revolucionario dado el deterioro innegable del poder judicial en nuestro país.

4.- Los colectivos y organizaciones de base en general se comprometerán a hacer desaparecer de su seno toda práctica de la arbitrariedad dentro sus propios espacios locales de militancia, el uso de cualquier recurso armado que se tenga para otros fines que no sean los del bien común, la consciencia de la tenencia del arma como recurso dirigido a la defensa comunitaria y la paz con justicia, la defensa de la nación contra los agentes violentos de la conspiración y la violencia fascista e imperialista. Así mismo promoverán de manera obligatoria la actividad de formación permanente en su seno de valores y principios inspirados en las grandes metas de todo movimiento revolucionario auténtico: la dignificación de la vida, la solidaridad y el apoyo mutuo, la lucha por la igualdad y la equidad social, el crecimiento político y cultural de sus respectivas comunidades, el incentivo de todas las expresiones concretas del poder popular, la autogestión y el autogobierno del pueblo, el respeto del otro, la práctica y el respeto a los principios máximos de una democracia revolucionaria protagónica y participativa, el respeto a la libertad de expresión y la diversidad de identidades y conciencias del mundo, la rendición de cuentas de sus actividades ante las comunidades y el pueblo, el fin de los caudillismos y las prácticas de despotismo interno, promoviendo la democracia de base en su seno. Los colectivos a tal fin promoverán formas de coordinación organizada y permanente entre ellos que sirvan para la planificación común de sus actividades, el apoyo y solidaridad entre ellos, su crecimiento formativo y revolucionario, la resolución pacífica de cualquier conflicto entre partes, así como el autocontrol conjunto, promoviendo una cultura de la crítica y la autocrítica. Por otra parte los colectivos se comprometen a expulsar de sus filas cualquier tipo de elementos que contradigan en la práctica los principios antes mencionados o en dado caso a denunciar y confrontar a individuos o falsos colectivos que en nombre de tales se dediquen a la práctica cualquier forma de corrupción, delincuencia, colaboración con el enemigo patrio y de prácticas contrarias al bien común.

5.- Todo esto nos debe conllevar a la generación de una nueva relación de respeto mutuo entre el gobierno y el poder popular, y reconocimiento de la particularidad, autonomía y misión de cada quién en función de las grandes metas comunes por el bien de la patria y el pueblo venezolano dentro de su proceso de liberación. Acuerdo, por parte del poder popular expresado en los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base que se comprometan con este documento, y del gobierno por el lado del poder constituido a través de sus delgados y comisiones de trabajo que a bien de este acuerdo se decidan formar. Gobierno y colectivos se reunirán de forma regular en función de evaluar el desarrollo de este acuerdo y de manera consensuada y pública harán cualquier agregado o modificación del mismo. De los que se trata es de promover una sociedad soberana, libre, comunal, autogobernante, socialista, dentro del proceso de revolución democrática “pacífica mas no desarmada” que el comandante Chávez dejó como unos de sus legados estratégicos fundamentales.

6.- Queda claro en este acuerdo que la política de desarme emprendida por el gobierno bolivariano va dirigida, según este acuerdo a iniciar un proceso complejo de desarme de todas las bandas delictivas, sicaritos, paraestatistas, sujetos mafiosos armados, “pranes” de barrios y cárceles, individuos violentos y armados, bandas terroristas y fascistas, buscando de esta forma restarle capacidad de fuego a estos agentes criminales dentro de la sociedad y que tanto daño y sangre le han causado. Las armas en manos directas de la organización del pueblo, los colectivos se comprometen a contribuir con esta política de desarme, usando las suyas a tales fines de ser necesario, dentro de los límites estrictos de la ley y de los derechos consagrados en la constitución.

7.- El “armamento del pueblo” tendrá su condición de armamento de guerra bajo el monopolio exclusivo de la Fuerza Armada Bolivariana entendida ella como expresión más elevada del “pueblo en armas”, los armamentos o recursos de defensa, incluidos los de producción propia, utilizados por colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base en caso de decidir obtenerlos y usarlos de ser estrictamente necesario, estarán siempre limitados al armamento propio a la autodefensa popular y comunitaria efectiva.

Por la superación de la crisis nacional en su conjunto:

Siendo los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base, estructuras de auto-organización política del pueblo, no podemos simplemente hacer un acuerdo que nos remita al problema del principio del “pueblo en armas” en manos directas de la organización popular. Existen problemas básicos nacionales y que hacen parte de las contradicciones profundas que viene confrontando el proceso revolucionario. Por lo cual pedimos con todo derecho abordarlos y decidir en este acuerdo sobre ellos. Entendemos que somos expresión directa del ejercicio de la soberanía popular, dentro de una realidad nacional que se ha caracterizado cada vez más por convertir al Estado y sus instituciones en una “caja negra” absolutamente ajena al control social, elemento que facilita en forma determinante todas estas situaciones de corrupción, violencia y fraudes a la nación que estamos viviendo. Contemplamos en ese sentido abordar los siguientes temas:

1.- Que se discuta pública y abiertamente al presupuesto nacional, su correspondencia a los fines del “Plan Patria” ya convertido en ley, y que la Asamblea Nacional presente rendición de cuentas y capacidades del ejercicio ejecutado de todas las instituciones que se les otorga dicho presupuesto.

2.- Que se abra al conocimiento público los contratos emprendidos con empresas transnacionales en lo que respecta a su participación en la producción petrolera, gasífera, minera, industrial, agrícola y de servicios.

3.- Que se haga del conocimiento público la productividad de las empresas públicas, sus políticas de desarrollo, las inversiones estimadas y los procesos de transformación programados en ellas en función del desarrollo de su productividad y transformación de las relaciones sociales de producción a su interno.

4.- Que se abra un proceso nacional de evaluación participativa de todas las misiones sociales, y se emprenda una política colectiva de transformación de las mismas en función de pasarlas cada vez más a manos del poder popular, de acuerdo a su programación originaria.

5.- Que se emprenda un proceso de integración y contraloría sobre los planes de reconstrucción productiva a nivel agrícola, tecnológico e industrial, de manera de incorporar a todo el espacio comunal, obrero, campesino, indígena, directamente al proceso de reconstrucción económica productiva del país, y las metas consensuadas que ha de establecerse mutuamente.

6.- Que se comience finalmente la construcción de una plataforma cibernética adecuada de manera que el pueblo organizado y la ciudadanía en general puedan ejercer de manera directa su derecho constitucional a la contraloría social.

7.- Que se termine de una vez por todas con una política pública comunicacional únicamente dedicada a la propaganda de gobierno, a la criminalización de la crítica, donde no cabe la discusión de fondo dirigida a la evaluación sincera y verás del proceso revolucionario, y donde no se pueda informar otra cosa que no sea conveniente a los intereses de la burocracia. Necesitamos de medios realmente veraces, informativos y críticos que se pongan por encima de la manipulación descarada de la conciencia proveniente de las corporaciones globales y nacionales de la comunicación.

8.- Que se promueva una mesa de trabajo común en función de revisar el problema de la tenencia y la productividad de la tierra, y la reconstrucción de los planes socialistas agrarios en vista a un desarrollo agroecológico de nuestra nación.

9.- Que se reemprenda el plan originario en función de promover las empresas sociales bajo control obrero y comunitario, revisando el estado del parque industrial existente en manos privadas o públicas, el cual ha sufrido un gravísimo proceso de abandono o deterioro de ambos lados.

10.- Que se intervenga de manera inmediata del sistema público de salud en la brevedad posible, en un diálogo pueblo-gobierno, en vista a lograr salidas efectivas para resolver los grandes problemas de un sector tan brutalmente golpeado.

11.- Que se ponga en claro la situación de nuestras minas productivas, la producción de oro y minerales escasos en función de rendir cuentas al pueblo respecto a la producción y reservas de oro en manos del BCV. La participación directa de la clase trabajadora en la resolución de dicho problema crucial ante la crisis del sistema monetario mundial y nuestra propia crisis de reservas que abona sobre la realidad inflacionaria y estancamiento económico que vivimos.

12.- Evaluar los planes de producción energética de nuestro país dada la crisis energética que vivimos, dejando en claro nuestro total rechazo -de acuerdo al Plan Patria- a cualquier alternativa que suponga mayor contaminación y afectación de las reservas de agua y de bosques, como es el caso de la reapertura de las minas de carbón en el Zulia.

13.- Emprender un plan conjunto de confrontación a la especulación, el contrabando, la inundación de espacios controlados por las economías mafiosas y sus alianzas con los sectores monopólicos y oligopólicos internos, sus relaciones con agentes de Estado, como fuentes de corrupción del Estado y la sociedad, y nudos básicos de nuestro problema económico actual.

14.- Aclarar de una vez por todas y dada la inmensa deuda que detenta el gobierno frente al país respecto al defalco de miles de millones de dólares otorgados a empresas de maletín a través de Cadivi, de lo cual no sabemos prácticamente nada, y menos aún se han tomado las correspondientes acciones de justicia obligantes para el caso.

15.- Los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base firmantes de este acuerdo, se comprometerán a trabajar en apoyo al gobierno en función de resolver estos grandes problemas y deudas con el país, además de promover un plan interno de formación de cuadros técnicos capacitados para estos fines.

Para finalizar

Asumimos que este acuerdo en caso de darse tendría un carácter vinculante y constituyente en la medida en que inaugura una nueva fase en la relación pueblo-gobierno en nuestro país. Al mismo tiempo se trata de un acuerdo que si bien pudiese chocar con principios de ley establecidos, él mismo por los fines de vida, de paz, justicia y revolución que suponen, están sustentados en propósitos superiores constitucionales respetivo al bien común, la soberanía nacional y popular, lo cual los hace absolutamente éticos y legítimos. Se trata por otro lado de un acuerdo de Fiel Cumplimiento, por tanto, cualquiera de las partes puede denunciar a la otra de incumplimiento de la misma, siendo necesaria la formación de una comisión permanente de seguimiento de dichos acuerdos.

Viviremos y venceremos!

Chávez vive la lucha sigue!

Todo el poder para el pueblo!

Colectivos de Trabajo Revolucionario
Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya


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