Nota del autor: en el presente artículo la letra ñ de Espana, espanol o espanola ha sido sustituida por la n, en un acto de rebeldía lingüística contra ese estado europeo colonizador, que niega al pueblo canario su derecho humano a la independencia y descolonización. 

      El lunes 4 de octubre de 2010, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, firmó el decreto ley de nacionalización de la empresa privada Agroisleña.

      Desde que se produjo dicha noticia, los medios de intoxicación de masas tanto en Canarias como en la metrópoli espanola han aprovechado una vez más para atacar con mentiras, falsedades y manipulaciones a la revolución socialista de Venezuela.

      Esos medios que aplauden hasta con las orejas las acciones de los gobiernos capitalistas de toda Europa, de socializar las pérdidas de los Bancos y privatizar sus ganancias, se escandalizan y vociferan por la decisión del gobierno venezolano de socializar las futuras ganancias de una empresa ahora nacionalizada. Pero dicha reacción de los medios capitalistas no debe extrañar, pues el cinismo, hipocresía y fariseísmo no tiene límites en ellos. Muchos queremos saber cuánto dinero del pueblo, cuántos recursos económicos públicos regaló el gobierno psoísta de ZP a las empresas privadas del sector bancario, pero aún más, muchos deseamos que se exija a esa banca privada que devuelva hasta el último céntimo de euro, del tremendo robo que han perpetrado.

      Le recuerdo a los lectores que el gobierno psoísta de Felipe González y Miguel Boyer expropió a la empresa privada de Ruíz Mateos RUMASA, y en aquel entonces, los delirantes y agresivos medios del capitalismo espanol no reaccionaron como ahora. Las gallinas mediáticas que tanto cacarean ahora contra la socialización de Agroisleña, son acérrimos defensores del estado burgués y del capitalismo, nada dicen cuando el pueblo de sus respectivos países es sometido a expropiación forzosa de casas, terrenos, solares, o fincas, en estos casos lo ven normal, lo defienden y lo justifican en base a un falso “bien de interés general”, cuando en la casi totalidad de esas expropiaciones se esconden intereses particulares, privados y minoritarios.

      Pero vayamos al tuétano del hueso, ¿qué es Agroisleña?, ¿de quién era propiedad esa empresa?, ¿cuáles eran sus prácticas empresariales?, ¿por qué el gobierno de Venezuela la socializa?

      Agroisleña  empresa privada capitalista fue fundada en el año 1955 por Enrique Fraga Alfonzo, propietaria de más de 250.000 hectáreas de terreno, contaba con más de 60 delegaciones en toda Venezuela, con una amplia red de silos, mezcladoras, tiendas, laboratorios, con un control absoluto y monopolístico del mercado de semillas y fertilizantes. Por ello, ha sido necesario hacerla transitar de oligopolio a empresa de propiedad social.

     La repercusión tan furibunda que en las Islas Canarias ha tenido dicho acontecimiento obedece al hecho de que la propiedad de la misma era de un presunto oriundo de las mismas, que se siente y se considera más espanol que canario.

      Agroisleña se había terminado convirtiendo en un oligopolio que está terminantemente prohibido en la constitución venezolana, desoyendo reiteradas veces los múltiples requerimientos que desde el ministerio de agricultura y tierras que dirige Juan Carlos Loyo se le ha venido haciendo.

      Esa empresa privada venía practicando la especulación, el acaparamiento, el desabastecimiento, el no respeto medioambiental y la competencia desleal, delitos todos ellos contemplados en la legislación venezolana. Muchos son los empresarios que en Venezuela han entendido y aceptado la nueva situación socio-política que la mayoría del pueblo ha elegido democráticamente, pero hay otros tantos entre los que se encuentran los propietarios de Agroisleña que utilizan sus empresas como organizaciones políticas que desestabilizan y subvierten al Estado Venezolano.

     La soberanía alimentaria es una de las tantas prioridades del gobierno revolucionario, los alimentos que aseguren la eliminación del hambre del pueblo, no pueden estar en manos de grupos minoritarios y oligárquicos. El sector agrícola es estratégico y no puede ser utilizado como un arma contrarrevolucionaria y especulativa al más rancio y criminal estilo capitalista. Una de las 8 metas del milenio fijadas por la ONU es la de reducir el hambre y la pobreza en el mundo, en este punto Venezuela se ha tomado muy en serio su tarea de contribuir al logro de la misma.

      Esa empresa ahora socializada mantenía una relación feudal con los pequeños productores venezolanos, tal como ha sido denunciado por la diputada recién electa al Parlatino Ana Elisa Osorio, en representación por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Agroisleña le daba semillas y fertilizantes a los campesinos para que luego pagaran con la cosecha. Incluso cuando al campesino le quedaba un excedente de producción, entonces Agroisleña le pagaba con más semillas y fertilizantes.

      Ese oligopolio transnacional utilizaba mecanismos perversos en detrimento de los trabajadores del campo, acentuándolos con más fuerza desde el triunfo de la Revolución Socialista Bolivariana en el año 1999, lo cual demuestra que la paciencia tiene un límite y la última gota ya rebosó el vaso.  Agroisleña usaba préstamos agrícolas que le concedía el Estado al 6%, para luego transferirlos al campesinado en forma de créditos al 16%, convirtiéndose entonces de hecho en una entidad bancaria especuladora sin estar legalizada para ello.

      En otros muchos casos,  Agroisleña vendía  fertilizantes y pesticidas a precios triplicados, cuando en su mayoría esos productos provenían de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), la cual vendía a esa empresa a precios regulados.

      Otra de las prácticas empresariales delictivas de Agroisleña era el uso y comercialización de agroquímicos tóxicos prohibidos, esto es, contaminantes altamente peligrosos para el ambiente, la naturaleza, el campesinado y la salud de los consumidores de alimentos. A modo de ilustración en el Estado de Mérida, uno de los 23 que conforman Venezuela, la empresa tenía 7 tiendas provocando precisamente allí el índice más alto de intoxicación por pesticidas de todo el país. Dicha práctica delictiva ha venido reiteradamente violando y contraviniendo el artículo 315 de la constitución venezolana.

      En cuanto a los pesticidas la empresa, desde hace mucho tiempo, venía actuando como brazo ejecutor en Venezuela de las políticas imperialistas de las transnacionales como Monsanto, Novartis, Basf, Bayer quienes fabrican y comercializan algunos productos mundialmente prohibidos dada su toxicidad, tales como los coloquialmente conocidos “los doce del patíbulo”  o la “docena sucia” (dirty dozen), 12 plaguicidas que desde el año 1985 la Red Internacional de Acción en Plaguicidas había establecido la prescripción de su no uso.

      Los propietarios y directivos de esa empresa se terminaron convirtiendo por tanto en el mayor obstáculo para los avances de la Revolución Agrícola, un modelo alternativo ecológico, natural y biológico de agricultura, que respeta la Tierra (Pachamama) y que no la agrede o mata como en el modelo capitalista explotador.

      Los propietarios de  Agroisleña han cometido delitos y en cualquier país se les llamaría delincuentes, por tanto, susceptibles de pagar con cárcel o con multas los mismos. La Revolución Bolivariana, que avanza con decidida vocación socialista y humanista, pagará lo que justamente corresponda por la expropiación, no le quepa duda alguna a nadie, pues en el artículo 115 de su constitución dice literalmente “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La  propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de  utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

      En Canarias, última colonia de Espana en África, algunos voceros de CC (Coalición Colonial,  Coalición Capitalista,  Coalición Canalla,  Coalición Cemento, Coalición Colaboracionista, Con Cualquiera), han vociferado ante la socialización de esa empresa, motivados por la presunta procedencia canaria de  alguno de sus propietarios, contando como de costumbre falsedades y silenciando o negando las verdades. Hasta tal extremo han llegado, que han rogado a su amo en la metrópoli, para que el Ministerio de Exteriores espanol intervenga en defensa de los antiguos propietarios, tan espanoles ellos.

      Yo invito amablemente a los propietarios espanoles de la extinta Agroisleña, a que se instalen en Espana, por ejemplo en Murcia, Almería, Alicante o cualquier otro sitio que elijan e intenten seguir con sus prácticas empresariales, a ver si se lo permiten. En cualquier caso,  dejen ya en paz a los pueblos americanos.

      En esa línea demonizadora de Venezuela y su revolución, como siempre ha estado también la agencia fabricante y difusora de “noticias” EFE, cuya sigla bien pudiera corresponder a Empresa Falangista Espanola.

      Algunos plumillas en Canarias han llegado a afirmar que el derecho internacional capitalista está por encima del derecho nacional socialista de Venezuela. Algunos empresarios, políticos y periodistas de la órbita capitalista tienen el reloj parado, porque se niegan a darle cuerda o a cambiarle la pila, no aceptan ni quieren ver que muchos pueblos en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, se rebelan contra el criminal, antihumano e injusto sistema capitalista. Allá ellos con esa ceguera crónica, más fuerte será el toletazo.

      El planeta Tierra a pesar de los desesperados esfuerzos del imperialismo capitalista de los Estados Unidos de Israel, transita de un mundo unipolar hacia otro multipolar, en el cual emergen nuevas fuerzas internacionales, entre las cuales se encuentra Latinoamérica. En ese nuevo mundo, empresas como la antigua Agroisleña ya no tienen cabida.

      La nueva empresa que ya ha sido parida en Venezuela se llama Agropatria y ésta sí estará al servicio del pueblo y el campesinado venezolano, demostración de ello ha sido el rotundo respaldo que los trabajadores de la empresa han dado a la expropiación. La producción, distribución y comercialización de alimentos, así como de insumos para la agricultura, se verá muy mejorada.

(*)Profesor de Psicología en la Universidad de La Laguna. Canarias

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