El pasado 2 de agosto de 2006 aparecieron en el diario El Universal y otros medios unas declaraciones del Viceministro de MILCO, Elio Colmenares, acerca de las irregularidades denunciadas por los trabajadores en INVEPAL, las cuales nos parecen bastante interesantes. Según el diario, el viceministro afirmó: "No puedo decir que haya dolo o corrupción. Yo creo que no la hubo, creo que lo que ha habido es un desorden administrativo. Aunque éste, desde el punto de vista de la administración pública, también sea ilegal". Luego trata de disculpar la existencia de irregularidades inculpando a los trabajadores. Según El Universal, "El viceministro destacó que hay que tener en cuenta que se trata de obreros que pasaron a administrar una empresa con más de 600 trabajadores, un gasto mensual de un millardo de bolívares y activos por más de 12 millardos de bolívares". De esta manera se trata de hacer creer a la opinión pública que la culpa del desorden se debe a los obreros quienes, según eso, no tienen capacidad para gestionar una empresa, cuando la realidad es que a los trabajadores se les ha relegado de la administración de la empresa.
En declaraciones emitidas por la ministra de MILCO y actual presidenta de INVEPAL, María Cristina Iglesias, rebatiendo denuncias de corrupción hechas por los trabajadores de la cooperativa Covinpa, socio de MILCO en INVEPAL, la ministra defendió los derechos laborales de 8 "trabajadores", que serían menoscabados si se atendían las exigencias de despido hechas por la cooperativa. Entre los ocho defendidos por la ministra están: Edgar Peña, ex presidente de la anterior directiva de INVEPAL y ex directivo de la cooperativa, expulsado por la Asamblea de Trabajadores acusado de irregularidades en la gestión tanto de la cooperativa como de INVEPAL; Alexis Hornebo y Johny Reyes, ex directivos de INVEPAL y ex directivos de la cooperativa, también expulsados por la Asamblea por causas similares al anterior; Armando González, Gerente General de INVEPAL nombrado por la directiva anterior a pesar del rechazo expresado por los trabajadores, ex alto ejecutivo de la antigua VENEPAL, abiertamente prejuiciado contra la clase obrera y quien aún mantiene contacto con antiguos directivos de VENEPAL, conspiradores y prófugos en Miami; Mireya de Toledo, ex Gerente de Painca, empresa filial cerrada por VENEPAL y luego Gerente de Ventas de VENEPAL, también nombrada por la directiva anterior de INVEPAL con el cargo de Gerente de Ventas; la Gerente de Personal, también nombrada por la directiva anterior. Aún ignorando las acusaciones emitidas por los trabajadores de Covinpa, en cualquier empresa en la cual se diga que hubo "desorden administrativo" estas cabezas rodarían inmediatamente seguido de una investigación que podría ponerlos a responder ante la justicia. Es muy importante preguntarnos como puede el señor viceministro decir que "obreros que pasaron a administrar una empresa". Nada de eso. Se trata de burócratas impuestos por los ministerios y son concientemente responsables, como mínimo, de permitir un ambiente de "desorden administrativo" que puede ser un terreno abonado para que se presenten los actos de corrupción. Es más, nosotros pensamos que el supuesto "desorden administrativo" constituye un acto de corrupción.
La preocupación expresada por la ministra por los derechos de estos ocho trabajadores, sorprendentemente no se produjo por el despido masivo, injustificado e ilegal de 120 trabajadores de la planta de cuadernos de Maracay, no socios de la cooperativa, pero si ex trabajadores de VENEPAL a quienes se les discriminaba, y que se volvieron molestos para la anterior administración porque comenzaron a hacer denuncias de irregularidades; y eso que María Cristina Iglesias para ese entonces ocupaba el cargo de Ministra del Trabajo. En carta consignada el 27-10-2005 ante el Ministerio del Trabajo, dirigida a la Coordinadora Regional del Trabajo de Aragua de ese entonces, de la cual tenemos copia firmada y sellada como recibida, textualmente nuestra denuncia habla de "irregularidades que se están presentando en la dirección de la empresa por parte de los encargados, destacando el atropello, violación de los derechos y amedrentamiento constante a los trabajadores y trabajadoras, además del incumplimiento de normas de todo tipo". Copia de esta carta fue consignada ante INPSASEL y ante SUNACOOP en desesperada búsqueda de ayuda, pero los trabajadores permanecieron completamente desamparados y el 08-11-2005 se hizo efectivo el despido masivo. Pero, todavía antes, una comisión de trabajadores había acudido a la Procuraduría General del Trabajo donde la Procuradora General, Dra. Xiomara Cardozo, no sólo se negó a ayudarlos, sino que literalmente los echó a patadas del despacho, se comunicó con el presidente de la empresa haciéndole llegar copia del documento consignado por los trabajadores, además de sus nombres y números de cédula, lo cual produjo una gravísima situación de persecución y vejaciones a los trabajadores.
Pocas semanas después de que asumiera la nueva directiva de INVEPAL, como resultado de una marcha que hicimos hacia el Palacio de Miraflores, se nos ofreció una entrevista con el viceministro Elio Colmenares. Lamentablemente, cuando se concretó la reunión no nos atendió el dueño del circo, sino los señores Omar Marrero y Elio Almeida, llevando este último la voz cantante. La entrevista que se celebró pegados a la reja de la empresa, ya que ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarnos a pasar, resultó para nosotros sumamente frustrante, porque pudimos darnos cuenta de que, por lo menos por parte de estos señores, no había la más remota intensión de solucionar favorablemente nuestro caso, sino lo que realmente ha ocurrido, que el Sr. Almeida valiéndose de su doble papel de representante de INVEPAL y de Coordinador de la Zona Central del MINTRA, ha logrado, después de varios meses de demora, una providencia firmada por la Inspectora del Trabajo, quien es subordinada suya, en la cual se violan flagrantemente nuestros derechos constitucionales, pues argumentando contradicción entre la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Cooperativas termina aplicando la que más nos perjudica, es decir, la de cooperativas, de manera que si eso creara jurisprudencia significaría que quien quiera violar la Ley del Trabajo y la Constitución Bolivariana lo que debe hacer es crear una cooperativa y contratar personal.
Lo que causó nuestra frustración el día de la entrevista fue que ni Marrero ni Almeida mostraron el menor interés por conocer el motivo de nuestro despido, el cual era nuestras denuncias de irregularidades. Esperábamos que nos pidieran detalle de las denuncias y las pruebas que decíamos tener. El que no lo hicieran nos hizo pensar que más bien se iba a tratar de ocultar las fallas y por tanto, tratarían de acallarnos y nunca permitirían nuestro reintegro a los puestos de trabajo, tal como hasta el momento ha ocurrido. Si hubo corrupción, a quienes la cometieron se les permitió continuar en la empresa ostentando cargos con poder y tiempo suficiente para cuadrar las cuentas. Lo malo para ellos es que las irregularidades son de tal magnitud que no se han salvado de que se hable de "desorden administrativo". Lo que todavía falta es que el viceministro nos hable de los balances de la gestión, los cuales, según nuestro criterio, son bastante pobres para la cantidad de recursos.
El presidente Chávez está haciendo un llamado a todos quienes trabajan con él a ser bien drásticos en el combate de la corrupción. Si la orden se cumple es de esperar fuertes sanciones para los involucrados en el "desorden administrativo" de INVEPAL.
LO QUE VIMOS NOSOTROS.
Nuestra presencia en la calle, o sea, el despido masivo, injustificado de 120 trabajadores que constituían el 75% del total, y el peloteo y maniobras que han seguido para desconocer nuestros derechos, constituye una prueba irrebatible de que en INVEPAL hay irregularidades. Con riesgo de alargar esta nota, vamos a dar un poquito de detalle de lo que vimos.
La mayoría de nosotros somos ex trabajadores de VENEPAL y al igual que a los compañeros que están dentro de la cooperativa, también se nos adeuda las prestaciones sociales causadas en esa empresa. Sin embargo, y contrariando palabras del presidente Chávez expresadas públicamente, fuimos discriminados, por tanto no fuimos incorporados a la cooperativa, sino que se nos hizo un contrato de trabajo por un mes, a nombre de la cooperativa. Se nos negó copia del contrato y posteriormente se nos negaron recibos de pago y constancias de trabajo. Los directivos de INVEPAL niegan descaradamente su corresponsabilidad. Al terminar el primer mes del trabajo se firmó otro contrato por otro mes y así sucesivamente hasta completar 3, 4 y 5 meses de trabajo, siempre negando la copia del contrato.
Apenas nos incorporamos a trabajar comenzamos a notar las irregularidades. La destrucción y venta a las recicladoras de papel, de los voluminosos archivos de VENEPAL nos llamó la atención porque nos parecía una locura entre otras cosas por la desaparición de todos los expedientes de los trabajadores de VENEPAL y porque el volumen, la salida y el producto de la venta no se estaban registrando. Igual pasó con unos montones de chatarra que estaban dentro de las instalaciones.
Pronto nos dimos cuenta que algunos activos encontrados en la empresa estaban desapareciendo sin saber si habían sido sustraídos o simplemente se habían trasladado de sitio. Cuando arrancó la producción también notamos la misma situación con los productos terminados. La persona encargada del almacén se negaba a responder por los inventarios depositados, porque alegaba que los coordinadores tenían llave del almacén y por la noche la mercancía entraba y salía del almacén sin control alguno. Los coordinadores eran trabajadores de confianza de la directiva (la anterior directiva) y vivían dentro de las instalaciones de la empresa utilizando las oficinas como dormitorios. Esta situación trajo consigo situaciones no deseables como, por ejemplo, el consumo de licor dentro de las instalaciones y algo que se hizo costumbre que fue el despacho de mercancía durante las horas de la noche.
Quienes fuimos trabajadores de VENEPAL, acostumbrados como estamos a un control muy concienzudo de los procesos, sobre todo de las salidas de material, nos angustiaba la falta de control que observábamos razón por la cual abordamos al presidente Edgar Peña y le planteamos la necesidad de elaborar un manual de procedimientos para la entrada y salida de materiales. Como la respuesta fue afirmativa, dos compañeros se pusieron a la tarea y elaboraron el manual que fue aprobado por Peña quien lo firmó y ordenó que se pusiera en práctica. También lo firmó el "Gerente General", el presidente de la Cooperativa y el asesor legal de la empresa. Inmediatamente, un par de compañeros quienes cumplían funciones de seguridad y protección de planta comenzaron a exigir el cumplimiento de las normas lo cual disgustó mucho a los coordinadores quienes se negaban a cumplirlas.
Para ese momento se estaban presentando gravísimas situaciones de violación de derechos laborales. Además de lo ya expuesto, se presentaron situaciones de mal trato, amenazas y hasta de acoso sexual a las trabajadoras. Algunos trabajadores fueron chantajeados para contratarlos y debieron trabajar hasta dos meses sin remuneración alguna, pero posteriormente descubrieron que su pago si se estaba cargando en la nómina. A pesar de múltiples solicitudes por parte de los trabajadores se les estaba negando todos los implementos de seguridad e higiene laboral, incluyendo botas, tapones, fajas, cascos, mascarillas, gafas, etc., ni los uniformes. Es de notar que a los trabajadores socios de la cooperativa en cambio si se les dotaba de tales implementos.
La situación se fue agravando paulatinamente hasta cuando los trabajadores decidimos dirigirnos a las autoridades. Cuando la directiva de INVEPAL se enteró, gracias a la delación de Xiomara Cardozo, que los trabajadores estábamos buscando ayuda de las autoridades, se desató un proceso de persecución que tuvo su desenlace con el despido masivo del 75% de los trabajadores el 08-11-2005. Nosotros no lo sabíamos, pero la Asamblea General de trabajadores de la cooperativa ya había actuado el 05-11-2005 destituyendo a Edgar Peña, Alexis Hornebo y Johny Reyes de su directiva acusándolos de corrupción. El resultado de la votación fue de 93% a favor de la destitución.
Hacemos un llamado a las autoridades para que se tomen en serio nuestras denuncias. De todo lo que exponemos podemos suministrar el testimonio de trabajadores que lo atestiguan, además de muchas pruebas. Hasta el momento hemos acudido a múltiples instancias y en este momento conocen del problema muchas personas con cargos relevantes en el gobierno bolivariano y nadie ha podido brindarnos la ayuda necesaria. Lo que nos gustaría es que alguien nos dijera, cuando se habla de Contraloría Social, a donde debe acudir el ciudadano común una vez que tiene una denuncia contra un alto funcionario para que dicha denuncia se canalice y tenga algún efecto. Todos nosotros apoyamos al presidente Chávez y el proceso bolivariano, pero nos negamos rotundamente a confundir la afinidad política con la alcahuetería.
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