2 de febrero de 2012.- La ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), Marlene Yadira Córdova, propone una universidad cuya gestión dé cuenta de la integralidad de su acción frente a la sociedad venezolana.

“Venezuela necesita una universidad cuya gestión, verdaderamente, responda a los desafíos que plantea el Proyecto Nacional Simón Bolívar”, primer Plan Socialista 2007-2013, que en siete líneas estratégicas nos define como país “y, en ese sentido, nosotros decidir qué debemos formar, cuál es el perfil que requerimos, qué debemos conocer, qué conocimientos debemos crear en las universidades y cómo es que nos debemos vincular a la comunidad, al Estado y a las otras instituciones del país”. Este planteamiento lo formuló durante su participación en la II Fase del Plan Nacional de Formación Permanente de Facilitadores para Instituciones de Educación Universitaria, que se realiza en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

La también vicepresidenta para el Área Social tituló su ponencia “La integración socioeducativa como eje de la transformación universitaria”, en la que hizo un recuento de cómo las universidades venezolanas, en su devenir histórico, han fraccionado los tres componentes del desarrollo académico: Docencia, investigación y extensión, lo que ha “llevado a que las universidades hayan privilegiado la docencia por encima de la investigación y la extensión”.

Explicó que en el caso de las universidades que quisieron salirse de ese esquema, “en el cual ha tenido predominio la docencia”, decidieron que eran instituciones netamente de investigación, produciendo nuevamente una segmentación de lo que significa la actividad académica.

Contrario a este paradigma Córdova propone “una universidad viva”, que asume para sí el proyecto de transformación nacional, “eso implica que rompamos los compartimientos que tenemos hasta ahora, porque una universidad se funde en un solo proceso: la formación, la creación de saberes y la vinculación social; entonces, rompemos con el esquema de docencia, investigación y extensión, pasamos a asumir que la universidad debe estar integrada socioeducativamente a su contexto, que su contrato social la compromete con la producción del conocimiento necesario para la transformación de los espacios locales, regionales y los de impacto nacional”.

Para la titular del Mppeu esta dinámica compromete a la universidad con la creación de conocimientos que permitan generar esa transformación, “esa es la universidad que estamos planteando y por eso hemos propuesto el concepto de integración socioeducativa, lo proponemos porque eso nos permite (…) la total integralidad de ese accionar universitario, cuando hablamos de integración de las que se denominaban funciones de las universidades (docencia, investigación y extensión), estamos hablando de la integración de la universidad con su contexto, de la integración de las distintas instancias y estructuras internas de la universidad, y de la integración del saber (...) con las necesidades sociales e históricas, y la integración de la dimensión epistemológica de la universidad con la dimensión ético política”.

El eje ético político, explicó, es el que viene a definir cuál es el compromiso de la universidad, que va más allá de una simple discusión del marco teórico o metodológico. Cuestionó a las universidades que se han convertido en fábricas de formación de profesionales, “es a lo que han llegado muchas casas de estudios, simplemente enorgullecernos por la cantidad de profesionales que formamos, pero sin ningún compromiso con lo que acontece en nuestro contexto”.

Considera que el contexto del país no puede ser ajeno a lo que significa nuestra universidad, sino que nuestro contexto debe formar parte de las decisiones de política académica, “y ahí está el otro aspecto de la integración socioeducativa”.

Esa integración entre contexto y vida académica debe estar reflejada en la creación de programas académicos, en la creación y recreación de saberes, “el contexto tiene que definir el número de profesionales a formar”, debe dictar pautas de “cuándo un programa se ofrece y cuándo deja de ofrecerse porque ya no se requiere en el país”. Ese contexto, también, debe “decirnos cuál es el perfil de esas y esos compañeros que estamos formando, porque no necesariamente lo que formamos, aún cuando la denominación del programa de formación pudiera parecer muy pertinente, no necesariamente el contenido curricular de ese programa se parece a las necesidades que deben ser atendidas”.

La ministra Córdova espera que esa propuesta de integración socioeducativa sea enriquecida, discutida y echada a andar por todas las casas de estudios del país, para decidir sobre la base de esos elementos y avanzar en el tema de la transformación universitaria.

Esta ponencia la ofreció en el marco del procedimiento especial de concurso que está dirigido a generar un espacio de justicia social para las y los profesores de los Institutos Tecnológicos, Colegios Universitarios y Universidades Politécnicas Territoriales, quienes durante más de 10 años habían estado sin procedimiento de concurso, es decir, que se les da la oportunidad de pasar de contratados a personal ordinario de estas instituciones.

En el taller, que concluye este jueves, participan unos 300 facilitadores de 29 instituciones universitarias, principalmente miembros de las comisiones organizadoras del concurso de todas las instituciones, la comisión nacional, parte de los jurados y autoridades universitarias.

En este concurso participan 3 mil 780 profesoras y profesores, quienes deberán asistir a estos talleres que derivarán en un trabajo comunitario y en un análisis crítico de su gestión pedagógica.