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Mérida, 20 de octubre de 2009. La pelea por el fin del empleo precario y el fraude laboral en la universidad apenas está comenzando, pero el Sindicato de Obreros de la Universidad de Los Andes (SOULA), y los colectivos estudiantiles arrancaron con buen pie al concentrar a más de 200 trabajadores y estudiantes en el edificio del Rectorado de la ULA, logrando una victoria política al conquistar la conformación de una comisión con representación obrera y estudiantil, para acordar medidas que garanticen cargos fijos a los trabajadores y empleados en labores permanentes.

La jornada arrancó con un aire festivo a las 7:30 am, frente al edificio del Rectorado de la ULA. Miles de volantes y una docena de pancartas le cambiaron el aspecto a la sede mayor de la burocracia universitaria, al tiempo que trabajadores y estudiantes voceaban consignas exigiendo justicia para los más explotados y vejados entre los trabajadores universitarios, los contratados.

El rector Bonucci fue señalado por su conducta antiobrera, y las exhortaciones al cumplimiento de la Constitución y las leyes laborales por parte de las autoridades fueron una constante. Con la incorporación de un grupo de trabajadores provenientes del Núcleo Rafael Rangel de Trujillo, la concentración acompañó a los directivos de SOULA al interior del Rectorado, para la consignación ante el Consejo Universitario (CU)de un documento en el que se detallaba la situación de explotación y violación sistemática de derechos a las que son sometidos alrededor de 1000 trabajadores que realizan labores contempladas en el manual de cargos de la universidad, pero que no acceden a cargos fijos. Existen casos de trabajadores con 10, 15, 20, y más años de servicio bajo esta brutal modalidad de contratación.

Al ingresar la masa de trabajadores y estudiantes al Rectorado, cundió el nerviosismo entre los consejeros universitarios, que adoptaron la antidemocrática medida de levantar la sesión del CU para evitar que los trabajadores pudieran intervenir en él, aunque sin retirarse del salón de sesiones. Durante más de dos horas, las autoridades guabinearon acerca de si concederían o no un derecho de palabra a una representación de los trabajadores y estudiantes, en una clara maniobra dilatoria.

Las sesiones del CU son transmitidas regularmente a través de la radio ULA FM, pero tal fue el desbarajuste entre las autoridades, que en varias ocasiones la radio suspendió la transmisión de los debates para transmitir música.

Al cabo de esta larga espera, un grupo de trabajadores y estudiantes logró abrir la reja que los separaba del salón de sesiones del CU e ingresar pacíficamente, sin que se registraran altercados. A todas estas, el rector Mario Bonucci había fabricado un melodrama, denunciando por distintos medios que era víctima de un secuestro por parte de "personas desconocidas". Incluso el canal golpista RCTV reseñaba en su página web que la vida del rector "corría peligro". Aunque se mantenía suspendida la sesión del CU, los consejeros tuvieron que escuchar al grupo que ingresó. Los voceros de la protesta se expresaron con vehemencia contra la política laboral de la universidad, y exigieron que se reanudara la sesión.

Gerardo Sosa, Secretario General del SOULA, le salió al paso a los argumentos burocráticos de las autoridades, que alegaban razones protocolares para no reanudar la sesión ni otorgar derechos de palabra. Sosa recordó que a un estudiante identificado con un grupo derechista se le otorgó una derecho de palabra recientemente sin que se hubiera solicitado con la antelación establecida; en ese caso el estudiante en cuestión había sido denunciado por agredir físicamente al decano de Farmacia, y las autoridades se mostraron prestas en brindarle un derecho de palabra que no había solicitado. Tal es el doble rasero que usan las autoridades en temas como el protocolo y la violencia.

También hablaron los consejeros. Las intervenciones de los consejeros aliados de Bonucci se convirtieron en largas peroratas acerca de procedimientos burocráticos y normas de funcionamiento del CU. Antes de que cogieran mucho vuelo, la dirigente estudiantil Carmen Pulido les cortó la inspiración al solicitar que se tomara una decisión en torno a la reanudación de la sesión. Varias intervenciones posteriores insistieron en este requerimiento, destacando las posiciones del decano de la Facultad de Ciencias, y el delegado profesoral Juan Carlos Villegas, quienes defendieron el derecho de los trabajadores a ejercer un derecho de palabra en el CU. Acorralado, el rector se vio obligado a someter a votación la reanudación de la sesión. Un conteo apresurado por parte del rector arrojó un empate, con lo cual la solicitud quedaría negada, pero acto seguido se hizo un reconteo que demostró que 12 de los 20 consejeros presentes aprobaban la reanudación de la sesión. Con esta derrota política del rector, quien de manera contumaz se negaba a escuchar a los trabajadores, quedaron pulverizados sus alegatos a favor de la criminalización de la protesta, y su intención de presentar al CU como víctima de una agresión violenta.

Reanudada la sesión, se logró el acuerdo de conformar una comisión encargada de estudiar las denuncias presentadas por SOULA, y recomendar las medidas necesarias para la absorción como personal fijo de aquellos trabajadores que desempeñan labores permanentes bajo regímenes contractuales ilegales y ultraexplotadores. En dicha comisión participarán representantes obreros y estudiantiles, así como un grupo de consejeros universitarios.

Ya a finales de la tarde, la concentración de disolvió, con sabor a victoria, luego de la larga jornada. La lucha contra el empleo precario en la universidad apenas comienza.

Más fotos en el web del Colectivo Libre Aquiles Nazoa
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