La Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), establece que los Sindicatos y las Federaciones de Sindicados son quienes están facultados para discutir Convenciones Colectivas y es la vía constitucional para tratar los temas socioeconómicos de los trabajadores en nuestro país. De tal manera que las asociaciones de profesores, al igual que las de empleados u obreros de nuestras universidades, no tienen estatuto legal ni reconocimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo para discutir ninguna materia reivindicativa de sus afiliados con el MPPEU, que es el patrón.

¿Cuál es la razón? -Dichas asociaciones como FAPUV, APUCV y APULA no quieren adaptar sus estatutos a la Ley Orgánica  del Trabajo que es una ley constitucional, no habiendo una sola razón para que los gremios no la acaten. La ley dio un (1) año para hacerlo y por eso tales "asociaciones" se auto-excluyeron, peligrosamente, en tanto que portadores de ilegalidad para declarar un conflicto contra el patrón, violando el derecho constitucional al estudio y al trabajo.

Estas asociaciones nunca quisieron ponerse a derecho debido a razones estrictamente políticas, no laborales. Para ejemplificarlo mejor, esta situación de rebeldía sin causa  equivaldría a que usted, por ejemplo, por ser  antichavista se niegue a renovar: SU LICENCIA PARA CONDUCIR, SU CEDULA DE IDENTIDAD, SU PASAPORTE, SUS IMPUESTOS MUNICIPALES o SU RIF y después dijera que lo persiguen o le nieguen sus derechos constitucionales porque no le expiden una solvencia por falta de un documento que le solicitaron presentar pero que usted, por oponerse a tramitar, no lo posee.

Igualmente es válido comparar la situación de insolvencia de FAPUV, APUCV y APULA con la exigencia que el Estado hace a las personas naturales y jurídicas para que registre: LA VIVIENDA PRINCIPAL, UN CRÉDITO EN FONPRULA, LOS DATOS EN LA CAJA DE AHORROS, EL VEHÍCULO RECIÉN COMPRADO, UNA PROPIEDAD RECIÉN ADQUIRIDA, SU ESTATUTO DE IPP, UNA FINCA HEREDADA, LOS DATOS PARA UNA BECA DE UN HIJO O UNA PUBLICACIÓN ACADÉMICA.

En una democracia liberal como la nuestra, los ciudadanos no escogen entre cumplir o no con la ley, están obligados a cumplirla sin chistar, ese es el imperio de las leyes. Si no estamos de acuerdo procedemos a solicitar su nulidad, la ley le prevé ese derecho. Mientras tanto, la ley no espera por nadie, ella no da otra opción que no sea su cumplimiento.

Desde nuestros hogares aprendemos la obligación de cumplir las leyes ¿O es que lo gremial de lo universitario tiene una legislación tan especial que nos exonera de acatar el marco jurídico de la nación?

En el caso concreto de la Universidad de Los Andes, La APULA, es decir su dirigencia, nos manipula haciéndonos ver lo que esconden detrás de bastidores. No se chupen el dedo gordo, que el paro no tiene intenciones reivindicativas, sus motivaciones son desestabilizadoras y responden al plan que desde el 2002 siguen estrictamente;  si no ¿cómo se explica que FAPUV, federación dentro de la cual se cuenta APULA,  no haya mostrado intenciones de hacer nuevas elecciones para emular el verdadero sentido democrático y universitario?

Nadie niega nuestro derecho a tener sueldos justos equivalentes con nuestra misión educadora y forjadora de Patria, pero también reclamamos a la dirigencia gremial que su papel no es el de convertir nuestros derechos en consignas y acciones de política partidista comprometidos con la desestabilización de la democracia y el fascismo internacional.

En reflexiones sobre como la #MUD SOMOS TODOS MÁS LA ULA

Profesor Titular de la Universidad de Los Andes

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