Cuando conocieron la orden de la Sala electoral de suspender todas las elecciones de la UCV y reformar el reglamento electoral de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Educación (LOE), el 10 de agosto del 2011, la mayoría de los miembros del Consejo universitario (CU) de esta casa de estudio, luego de numerosas sesiones cerradas con intensas discusiones, tomaron la decisión de ejercer la actitud de laisse faire, confiados de la acostumbrada impunidad en que se vivía en la IV República y por supuesto, de los lineamientos extramuros que les llegaron. Pensaron en una estrategia de largo plazo, ejerciendo maniobras dilatorias, igual hicieron todas las autónomas que recibieron la misma orden tribunalicia.
Sin embargo, tuvieron un relativo éxito con esa decisión, ya que a pesar que pasaron casi 9 meses de esa actitud, donde literalmente no hicieron nada para acatar esa decisión y sin consecuencias, recibieron la sorpresiva sentencia de la Sala Electoral del 17 de mayo del 2012, cuando le ordenó pagar una multa y reformar el reglamento a los 10 días hábiles por desacato: “Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se desprende que la notificación a la Rectora de la decisión número 104, antes mencionada, ocurrió el día 4 de octubre de 2011, de manera que de un simple cálculo aritmético resulta evidente que la funcionaria en cuestión incumplió con la orden que le impartió esta Sala, toda vez que desde esa fecha y hasta la fecha actual han transcurrido con creces más de los quince (15) días hábiles de la Universidad para convocar al Consejo Universitario para que reforme y publique el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, lo que aun no ha realizado, sino que se limitó a someter a la “…consideración del Consejo Universitario de la Universidad la sentencia”, lo que a todo evento tampoco hizo dentro del lapso indicado por esta Sala para que convocara a ese Consejo, sino que lo realizó el día 8 de febrero de 2012, es decir, a más de sesenta (60) días hábiles de la Universidad después de haber sido notificada del fallo número 104”. Esto fue un duro golpe, una sorpresa total, un demasiado para estos académicos autónomos. Cualquiera pensó que todos sus planes se fueron abajo… pero no fue así temporalmente hablando.
Uno se preguntaba todo este tiempo (antes del 17 de mayo), ¿cómo es posible que estos profesores, con sus títulos y conocimientos no se daban cuenta del sendo desacato que estaban cometiendo ante el máximo tribunal del país y durante tanto tiempo?. ¿Cuál era la carta que tenían debajo de la manga? ¿Por qué tanta soberbia y no reconocer la ley vigente? ¿Esperaban el 07 de octubre del gran triunfo del candidato chayota? O ¿había algo más?
Sin embargo, la sorpresa fue para nosotros, cuatro (04) días después, el lunes 21 de mayo, cuando la Sala constitucional del TSJ decidió suspender la sentencia ya mencionada de la Sala electoral con el fin de revisarla. Sorpresa que NO llevaron los multados, la pregunta es ¿por qué?. Todo lo contrario, ese mismo día, el lunes 21 de mayo, las autoridades dieron declaraciones con un tremendo nivel de soberbia, tal como lo realizó el secretario de la UCV, el profesor Amalio Belmonte a los medios de comunicación: "Cómo va una Sala a multar a profesores y Consejo Universitario por decidir democráticamente. Era un castigo a un acto de conciencia". O peor aún, cuando la rectora de esta Casa de Estudio expresó en la prensa que: “En la universidad se discute, a nosotros nadie nos ordena nada, somos autónomos”, (destacado por el suscriptor). La misma persona que el jueves pasado exclamó ante una rueda de prensa que las autoridades y el CU NO pensaban declarar hasta que no llegara el oficio del TSJ.
¿Cuál fue el cambio de actitud? Elemental mi querido Watson, ya sabían de la decisión de la sala Constitucional ese lunes, antes que saliera a la luz pública. Por lo menos ya no pueden decir que el TSJ es un poder secuestrado por el ejecutivo, afirmación dicha hasta el cansancio dentro y fuera del CU. Bien caraduras serían.
Pero la esencia de todo esto, según mi parecer, a pesar que se pudiera pensar que estos “desacatados” se salieron con la suya al desobedecer al TSJ y no cumplir con la Ley, hecho contrario al juramento que cada uno de los miembros de este cuerpo académico hace al tomar posición del cargo. Pero hay algo muy sencillo que ocasionó todo este drama: NO hay ni habrá elecciones rectorales, tal como el CU convocó para el 08 de junio. Sin un tiro, ni una gota de sangre derramada. Deben esperar que la Sala Constitucional reflexione, escudriñen, revisen la sentencia, y esto llevará semanas… o suponiendo que lo hagan a tiempo, ¿los miembros de la Sala Constitucional tendrán la osadía de poner en ridículo y quitarle autoridad a una Sala completa del TSJ al anularle la sentencia por DESACATO A LA AUTORIDAD? Estamos hablando de argumentos dado por esta última Sala, tales como: “Aunado a lo antes expuesto, se observa que la abogada de la Universidad Central de Venezuela, su Rectora y el Consejo Universitario parecieran tener la intención de sorprender la buena fe de esta Sala, porque además de alegar hechos absolutamente falsos… también se narran una serie de acontecimientos genéricos como la creación de una Comisión y solicitudes de consultas a una serie de personas, sin sustento argumentativo ni probatorio alguno, toda vez que no consignan instrumento alguno que soporten sus afirmaciones ni tampoco indican cuál es el contenido de las consultas” Finalizando: “En consecuencia, resulta obvio para este Juzgador que el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela desacató abiertamente”.
Ya hubo antecedente del TSJ cuando le impuso una multa de 15.200 Bs a la presidenta de la Comisión electoral de la MUD en las elecciones primarias, Teresa Albanes, al permitir que se quemaran las boletas electorales, a pesar de la orden del máximo tribunal de consignar esas boletas antes de 24 horas. Era un momento intenso, era la culminación de un proceso electoral de la oposición, pero la Sala fue inflexible. Tuvo que pagar por desacato, y el país, no ardió.
Es bueno releer la sentencia del 21 de mayo para tenerlo en cuenta para nosotros y ellos: “se ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS de la sentencia n.° 83 dictada el 17 de mayo de 2012, por la Sala Electoral de este Supremo Tribunal mientras se decide sobre la revisión de la sentencia mencionada”.
La batalla no ha finalizado estimados trabajadores, profesores y estudiantes, apenas comienza. Nos desmayemos y sigamos con nuestra agenda de lucha, la ley no ha sido SUSPENDIDA.
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