El eje fronterizo Táchira-Norte de Santander constituye uno de los espacios de mayor dinamismo social, intercambio cultural e importancia económica para Colombia y Venezuela. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado en los últimos años debido al desarrollo de sistemas de gobiernos opuestos en lo político, económico y social. Desde el año 1999, Venezuela vive un proceso de refundación cuyo propósito es transformar la sociedad para hacerla más democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Mientras que en Colombia desde la década de los noventa se ha mantenido una política de corte neoliberal proimperialista; quienes la han gobernado durante los últimos años apuestan por mantener la economía de libre mercado, la exclusión social y la sobreexplotación de los trabajadores colombianos.
Esta situación ha afectado el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana entre los habitantes de la frontera y la convivencia armónica entre ambos países. Los pobladores del eje Táchira-Norte de Santander han sufrido las vicisitudes de la inseguridad ciudadana, el tráfico de drogas, la trata de personas y la intolerancia social. Un buen ejemplo de esta situación es lo que sucede en el estado Táchira, donde los habitantes de la región deben emplear gran parte de su tiempo e ingresos entre adquirir productos de la dieta básica y abastecimiento de combustible. Asimismo, los residentes de la frontera viven en una constante zozobra por la imposición de la cultura traqueta (expresión acuñada en Colombia) de los `desmovilizados´ de los grupos paramilitares. Las desapariciones forzadas y los asesinatos espeluznantes propagaron un imaginario de culto a estos grupos violentos en las calles del estado Táchira y Norte de Santander.
Los municipios del estado Táchira más próximos a la frontera se convirtieron desde hace más de diez años en una especie de laboratorio social para expandir distintas fórmulas económicas y sociales para el estrangular el proceso de transformación sociocultural en la República Bolivariana de Venezuela. El bachaquerismo, el cadivismo, la especulación comercial y el terrorismo político tuvieron su origen en localidades de la frontera venezolana; pero inoculadas desde el departamento Norte de Santander. Es necesario destacar que las élites políticas financieras hicieron una alianza estratégica para causar un colapso económico en la frontera y descontento entre el pueblo venezolano. Vale decir que esto se puede evidenciar a través de la promulgación de los distintos instrumentos jurídicos emitidos por los presidentes de Colombia en los últimos dieciséis años.
Las tres acciones que mayor daño le han hecho a la economía y sociedad venezolana fueron legalizadas en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. La dualidad cambiaria, la `desmovilización´ de los grupos paramilitares, el contrabando de gasolina y alimentos han sido los detonantes de la guerra económica desarrollada contra Venezuela desde suelo colombiano. Durante el mandato de Pastrana y Uribe se adoptaron tres medidas que dieron marco legal a la dualidad cambiaria (resolución 08, promulgada por Andrés Pastrana en el año 2000), legitimación de las cooperativas de contrabando de gasolina (decretos 2337, 2338, 2339 y 2340 del año 2004, por los cuales se reglamenta la distribución de combustibles en los departamentos de Guainía, Vichada, Arauca y Norte de Santander) y el famoso proceso de desmovilización del paramilitarismo acordado entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las últimas decisiones del presidente Juan Manuel Santos demuestran que estas élites tienen una especie de pacto para mantener el andamiaje legal que ha causado tanto perjuicio a la frontera colombo-venezolana y revertir el proceso integracionista latinoamericano rescatado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
En lo referente a la dualidad cambiaria se puede afirmar que es algo perfectamente legal en suelo colombiano, pues la resolución 8 permite dicha situación. Debido a este artificio, el bolívar se fue devaluando en la frontera ante el peso colombiano hasta llegar a negociarse a un peso colombiano por bolívar en diciembre de 2016. Con este ardid, orquestado en Colombia desde el año 2000, las casas de cambio cucuteñas en asociación con los dueños de Dólar Today han manipulado el valor de la moneda estadounidense a su antojo, la consecuencia de esto se expresa en la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos y el desmejoramiento de su calidad de vida.
Los efectos de la dualidad cambiaria han sido nefastos para el comercio de productos en la frontera venezolana, pues la tasa impuesta desde Cúcuta y reafirmada virtualmente a través de la página electrónica Dólar Today distorsionó el comercio en este eje limítrofe entre Colombia y Venezuela. Debido a esto los comerciantes de la frontera venezolana comenzaron a calcular el precio de la mercancía con base en el dólar del mercado negro fijado por las casas de cambio de Cúcuta y la página Dólar Today, aunque el Estado venezolano les otorgara divisas al cambio oficial fijado por la comisión de administración de divisas (Cadivi).
Esto forzó una altísima inflación en territorio venezolano y acaparamiento de productos. Mientras el cambio de la divisa estadounidense estaba a 6,30 bolívares en Venezuela, en las casas de cambio de Cúcuta se cuadruplicaba la tarifa. Esto propició una pérdida de soberanía económica porque el precio de convertibilidad de la divisa estadounidense comenzó a fijarse fuera del territorio venezolano. A raíz de la campaña comunicacional y las últimas medidas económicas del gobierno venezolano para contrarrestar las consecuencias de la dualidad cambiaria, el Banco de República decidió ocultar la cotización del signo monetario venezolano en Bogotá y dejarlo al criterio de las casas de cambio de Cúcuta.
Otra acción a destacar en este contexto es la violencia de los grupos paramilitares. `Los desmovilizados’ se ubicaron en los predios fronterizos de Cúcuta con el propósito de ejercer el control social entre la población de los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Villa del Rosario y otros territorios adyacentes a la frontera. Los `paracos´ ofrecieron sus `buenos servicios´, en primera instancia, para brindar seguridad a los comerciantes e industriales contra los rateros y maleantes de la frontera; luego se apoderaron de los sectores a través de la ejecución selectiva de azotes o dirigentes sociales de barrios, caseríos y aldeas. Después de `limpiar´ las calles de malas influencias se apoderaron de las rutas por donde pasa el contrabando fronterizo. Tal vez la población fronteriza no divisó la dimensión de los planes ocultos de los grupos paramilitares que consistía en el control territorial y social de la frontera binacional.
Ya consumado el control monetario y las rutas del contrabando por parte de las élites mafiosas binacionales, estas comenzaron a redimensionar el contrabando de alimentos y gasolina que históricamente ha sido una actividad de la cual subsisten muchas familias, pero no en los volúmenes actuales, cuando se incrementó excesivamente. Tanto así que se convirtió en una `industria´ más rentable que el tráfico de drogas y de la cual había que sacar provecho. Debido a esto, el Estado colombiano comenzó a pechar la comercialización de estos productos. A manera de ejemplo conviene mencionar la alcaldía de Cúcuta la cual creó en el año 2008 un impuesto a la gasolina venezolana vendida por los pimpineros; vale decir que quien estaba al frente del ayuntamiento de esta ciudad era María Eugenia Riascos.
Los elementos expuestos permiten afirmar que la guerra total impulsada por las élites ultraderechistas binacionales y los poderes fácticos globales tienen dos propósitos: a) caotizar la frontera venezolana para provocar un estallido social en la cuna del Libertador y b) crear las condiciones para fundar una nueva república donde confluyan los territorios de los departamentos y estados fronterizos de Colombia y Venezuela. El aparato militar-industrial global requiere las riquezas minerales existentes en ambos países para mantener la hegemonía mundial. Por ello, es necesario reencontrar el camino trazado por nuestros próceres, quienes, en su tiempo, asumieron la necesidad de luchar unidos contra la dominación del imperio español.
Tanto el pueblo colombiano como el venezolano tienen una historia en común de lucha antiimperialista. La Independencia de ambas naciones no hubiese sido posible sin el concurso de neogranadinos y venezolanos, muchos de los cuales murieron por la causa emancipadora. Por ello, es necesario emprender el derrotero de rescatar la confianza entre los colombianos y venezolanos; donde prevalezca la fraternidad, sentimiento que una vez unió a los soldados del ejército bolivariano para derrotar las tropas imperialistas españolas. El rescate de la confianza se alcanzará en la medida que se tome consciencia de que Venezuela y Colombia tienen realidades distintas, pero no antagónicas.
Finalmente, es conveniente aclarar que estos apuntes intentan explicitar aspectos para el análisis coyuntural de la situación actual del eje fronterizo Táchira-Norte de Santander y servir como punto de partida para el debate acerca de la construcción de las nuevas relaciones bilaterales, donde las dos naciones hermanas prosperen armónicamente a través de la complementación. De cara al futuro, la mayoría de los habitantes de la frontera colombo-venezolana desean que reine la paz, el bienestar y la justicia social en estos territorios. Los enemigos del proyecto de la Gran Nación Latinoamericana están al acecho para sembrar intrigas y desunión. Ante las dificultades que se avecinan, solo queda apostar con conciencia y perseverancia por nuestra integración, que fue el legado del Libertador Simón Bolívar.