Con este decreto la gestión del agua sería privatizada. La junta de usuarios de riego nacional, conformada por miles de campesinos peruanos, venía controlando el uso del agua de forma organizada y consciente.
Argumentan que además del uso irracional del agua que puede provocar su gestión privatizada, esto encarecería el costo de la producción agrícola.
En el nuevo esquema las juntas que administraban eficientemente el uso del agua serían simplemente parte de un consejo consultivo sin poder de decisión ejecutiva.
En una gigantesca marcha que duró varios días los campesinos debieron realizar un gran esfuerzo hasta llegar a la ciudad capital, donde reclamaron frente al congreso la derogatoria del decreto.
En el congreso una comisión fue recibida por el presidente del legislativo quien se comprometió a ingresar un debate sobre una nueva ley general de aguas preparada en conjunto con las organizaciones campesinas. En caso de que se apruebe se dejaría sin efecto el decreto. En caso contrario los campesinos ya prometieron la realización de un paro general.
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